Se trata de más de 900 sentencias firmes en las cuales la justicia ordenaba al Estado cumplir con ciertas decisiones administrativas o pagos económicos derivados de alguna controversia; más allá de la gran cantidad en la que el resultado fue favorable al Ejecutivo.

Vale mencionar que ninguna de las sentencias firmes corresponde a causas iniciadas durante la actual gestión y que incluso se terminaron de abonar históricos reclamos que datan de décadas atrás; la más antigua era de 1957, con más de 50 años de antigüedad.

“Esto es el resultado de una clara instrucción del gobernador Ricardo Colombi, vinculada a la recuperación de credibilidad”, destacó el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres y consideró que “el Estado, para ser tal, tiene que ser solvente, y para ello tiene que echar lastre sobre todas las contingencias judiciales”. “Precisamente porque el primer responsable de la construcción de la solvencia del Estado es el poder administrador”, remarcó.

“Cuando decimos que este Gobierno Provincial está desendeudando a Corrientes y, por ende a los correntinos, no hablamos sólo de la Deuda Pública consolidada, hablamos de la deuda con proveedores, de los compromisos cotidianos y también de este tipo de deudas que el Estado debe regularizar”, explicó el Ministro.

CONDUCTA EJEMPLAR

El Estado tiene reclamos judiciales que se traducen en el pago de sumas de dinero a distintos actores que obtuvieron sentencias firmes; situación ante la cual se explicó que la Provincia no pagaba masivamente desde hacía muchas gestiones de Gobierno. Durante la administración de Ricardo Colombi, con la aprobación del Presupuesto 2011, se incluyeron todas estas deudas históricas y se llega así a la cancelación de la totalidad de las deudas reconocidas por sentencias judiciales firmes al 2010.

Se trata de sentencias de todo tipo de reclamos contra el Estado Provincial; es decir, desde accidentes de tránsito, mala praxis médica, diferencias salariales, etc., tanto por parte de los administrados como de particulares que tienen alguna contingencia con bienes o hechos que hacen a la responsabilidad del Estado provincial.

Del mismo modo, las órdenes judiciales que indican al Ejecutivo por ejemplo el reintegro de un agente en sus funciones se cumplen inmediatamente; se reciben las órdenes judiciales y el Poder Ejecutivo dispone su cumplimiento, aseguraron.

Si bien se trata de más de 900 sentencias cumplidas, el número de personas favorecidas con el cumplimiento de las sentencias es mucho mayor, teniendo en cuenta que hay causas judiciales en que hay muchos actores. 

MENOR CONFLICTIVIDAD

De acuerdo a las estadísticas obrantes en las áreas legales, durante la actual gestión de Gobierno se generaron menos juicios que en otras anteriores y se nota “un menor nivel de conflictividad”. “Obviamente que la baja litigiosidad tiene que ver con la sincronización y ordenamiento administrativo; que es lo que estamos optimizando”, puntualizó el Ministro de Hacienda.  

Explicó en este punto que “los honorarios y los intereses que se aplican en cuestiones judiciales son muy altos, son los más desfavorables; por eso es mejor pararlos antes”.

Vaz Torres consideró así que “las deudas por contingencia judiciales son las más caras que puede afrontar el Estado, por su naturaleza litigiosa, sus altos costos causídicos y su imprevisibilidad en los plazos”. “Evitar la litigiosidad de modo preventivo es el mecanismo más eficiente para no comprometer el futuro de las cuentas públicas y consolidar un Estado solvente”, remarcó.

MÁS CREDIBILIDAD

El cumplimiento estricto de las sentencias, aún cuando sean desfavorables, coloca al Poder Ejecutivo, ante los otros Poderes, con un nivel de credibilidad que no tuvo antes. “Hoy el Poder Judicial de la Provincia sabe que las órdenes judiciales se cumplen”, remarcó el Ministro.

De acuerdo al esquema diseñado, las sentencias judiciales firmes se incluyen en el presupuesto para ser cumplidas en el ejercicio entrante; sistema en el cual el Poder Judicial, con sus distintos estamentos, pide informes a la Fiscalía de Estado que son respondidos permanentemente. Vale remarcar que el pago de las deudas sigue un orden cronológico de acuerdo a la fecha de las sentencias y que no hay discrecionalidad para modificar ese orden, supervisado por la justicia.

El trabajo encarado por Fiscalía permitió también ingresar fondos provenientes de causas judiciales en las que el Estado reclama a terceros.

El ministro Vaz Torres explicó que “en este trabajo conjunto que estamos haciendo con Fiscalía, pagando las sentencias y tratando de perseguir todos los recursos que están judicializados pero a favor del Estado, vamos a tener ya un balance positivo en los próximos meses”.

“En su momento eran superiores las deudas que las acreencias; ahora un Estado más solvente y más proactivo por la defensa de sus intereses va a generar un recurso fiscal adicional”, anticipó.

SEGURIDAD PARA POTENCIALES INVERSORES

El titular de la cartera económica puso el acento además en la seguridad que implica para los ciudadanos y los potenciales inversores la conducta institucional que ha consolidado la Provincia. “Les da seguridad jurídica porque saben que si hay algún inconveniente con la Provincia y se llega a una instancia judicial, la Provincia cumple”, remarcó.

“En Corrientes no tenemos, con la máxima autoridad judicial, los problemas que hay entre la Corte Suprema y el Gobierno Nacional, por sentencias que no se cumplen, por caso en ANSES”, ejemplificó el funcionario.  

Vaz Torres agregó que “la previsibilidad tiene que darse en todo sentido, en lo económico, lo financiero, lo fiscal y lo jurídico”. “Es decir, si el ordenamiento jurídico no funciona en un ámbito natural, fluido, sistemático y posible, las transacciones económicas no se pueden articular entre Estado y particulares”, explicó el Ministro y agregó: “Frente a ámbitos de intervención del Estado hostil, progresiva, desplazante, atemorizante o extorsiva, lógicamente ninguna economía funciona”.  

“El inversor va a venir a la Argentina o particularmente a Corrientes en este caso, si se detecta y se conoce este nivel institucional”, señaló el funcionario.

LA CAUSA MÁS VIEJA, CON 55 AÑOS DE HISTORIA

Las causas cuyas sentencias fueron cumplidas tienen décadas de historia en algunos casos, incluyendo hasta la causa más vieja que se tramitaba en el país y que tuvo su origen en un Decreto de 1950. Se trata de la aplicación de una Ley de expropiación de 1950 y de un expediente en el que obran firmas históricas, como las del general Juan Domingo Perón, el general Valle y el entonces gobernador de Corrientes, Hortencio Quijano.