Compartir
Enlace	Yahoo	Facebook	My Space
Google	Stumbleupon	Twitter	Reddit
Technoratti	Del.icio.us	Digg	Meneame

“Llamamos a todos los sectores al debate para solucionar la Emergencia Habitacional de la Provincia que no puede dar respuesta a las 38 mil familias inscriptas en el Invico y otras 100 mil que viven en asentamientos y buscan acceder a una vivienda digna”, aseguró la legisladora del Partido Comunista.

La iniciativa fue presentada en Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, tras lo cual se realizó una reunión con funcionarios de la vicegobernación que se “comprometieron” a acercar las inquietudes a Pedro Braillard Poccard. Del encuentro participaron además delegados de los asentamientos y el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells. 

El proyecto plantea concretamente que se declare la Emergencia Habitacional en todo el territorio de la Provincia de Corrientes y que se constituya una Mesa Institucional que trate la problemática.

El acceso a una vivienda propia “es un derecho humano básico, indispensable e inalienable de cualquier ciudadano correntino y reconocido por nuestra Constitución Provincial”, afirmó López, quien citó el artículo 63, que sostiene “es legítima la propiedad privada del suelo y el acceso a la misma constituye un derecho para todos los habitantes de conformidad con la ley”.

“Entendemos que no se trata aquí de un delito común, ni tampoco se trata de un caso aislado de una familia o de un grupo de “okupas”, agregó la diputada del PC.

Para López “es de suma importancia comprender que se trata de una movilización masiva, que atañe a por lo menos unas mil familias aproximadamente y por lo tanto se debe estimar al menos a 4 mil personas”.

Según la diputada, “son familias provenientes de sectores medios-bajos de la sociedad que a pesar de contar con un trabajo e ingresos, no pueden cubrir las altas exigencias económicas de la oferta inmobiliaria”.

“Es decir, se trata de personas que reclaman un techo, un hogar, un terreno propio, y que están dispuestos a pagarlos, pero que necesitan medios y mecanismos adecuados a sus capacidades económicas”, sostuvo López.

“Se trata, en fin, de toda una capa social que reclama por su derecho de acceder a una vivienda digna”, dice la legisladora comunista.

Sonia López agregó que “son estatales, remiseros, profesionales recién recibidos, estudiantes con familias, empleados de comercio, changarines, empleadas domesticas, empleados de servicios, familias con discapacitados o numerosas que sufren hacinamientos, familias con intimaciones de desalojos si no aceptan el aumento de los alquileres”.

También se considera declarar de utilidad pública y sujetos a la expropiación 32 hectáreas de los terrenos donde se ubican los asentamientos en los barrios Pirayuí y Fray José de la Quintana.

La iniciativa plantea el loteo de los terrenos para ser adjudicados a los ocupantes con el correspondiente recupero del Estado.

Para Sonia López, “se hace menester debatir y considerar la función social de la propiedad, ya que los derechos nunca fueron absolutos y la propiedad privada no escapa a esta regla”. “Los bienes, y especialmente la tierra, tienen un fin social que aspira a una distribución más equitativa de aquello que en realidad pertenece a todos y sólo históricamente ha acabado en manos de algunos”, completó la diputada provincial del Frente para la Victoria.

El proyecto

El proyecto de Ley declara la Emergencia Habitacional en el ámbito de la Provincia de Corrientes por el término de un año, durante el cual se propone crear una Mesa Institucional que funcionará dentro de la Legislatura provincial.

De dicha Mesa se invita a participar a representantes del Poder Ejecutivo Provincial, de los bloques de la Legislatura Provincial, del Instituto de Vivienda de Corrientes, de cada uno de los entes que proveen servicios, a las Intendencias de las ciudades de la Provincia que presenten síntomas sociales de crisis habitacional, como así también a los bloques de los Concejos Deliberantes, y a las organizaciones sociales y barriales comprometidas con la temática

A la vez, la iniciativa propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación 32 hectáreas de los terrenos hoy ocupados en el barrio Pirayuí, que serán incorporados al Patrimonio de la Provincia de Corrientes.

El destino final de la expropiación, será la transferencia gratuita del dominio de dicho inmueble a los actuales ocupantes del asentamiento en los Barrios Pirayuí y Fray José de la Quintana.

El loteo, la adjudicación y distribución de los lotes se hará entre las familias ocupantes actuales censados en el relevamiento que estará a cargo del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) en coordinación con los diversos niveles del Estado, plantea el proyecto de Ley.

A la vez se plantea un sistema de recupero que estará a cargo del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), que deberá garantizar un plan de pagos en cuotas amortizadas accesibles a largo plazo por parte de los adjudicatarios de los lotes al Estado.

“Esto se debe hacer sobre la base de tres parámetros a tener en cuenta el nivel de ingreso real de la familia adjudicada, las situación de vulnerabilidad sanitaria y la necesaria inversión familiar en la construcción de su propia vivienda”, precisó Sonia López.