La Legislatura de Córdoba aprobó anoche, por unanimidad, el abandono de la provincia al Pacto Fiscal vigente desde agosto de 1992, por el que se destina el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

De esta forma, Córdoba pasa a ser la primera provincia en apartarse del acuerdo fiscal con dos décadas de aplicación, pero será en última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de dictaminar si los fondos retenidos deben volver o no al estado mediterráneo.

Específicamente, el proyecto de ley sancionado anoche dispone dar de baja la adhesión de Córdoba al Pacto Fiscal firmado en 1992 entre la Nación y las provincias para que estas últimas cedieran el 15% de la coparticipación federal de impuestos para sustentar el sistema nacional de jubilaciones.

Semanas atrás, el gobernador José Manuel de la Sota realizó una presentación ante la Corte Suprema para demandar a la Nación por la falta de pago de 1.040 millones de pesos que correspondían a las jubilaciones del año pasado.

Como parte de este conflicto, la semana pasada la vicegobernadora Alicia Pregno envió a la Legislatura cordobesa el proyecto de ley para que la provincia deje de aportar al fondo estatal. De aprobarse el proyecto de ley, se estima que la administración se ahorrará unos 2.300 millones de pesos.

El texto de la norma explicita que los pesos que la provincia se ahorre "se afecten directamente" para el pago de "los déficits de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros", generados por "la desatención de la Nación en sus obligaciones legales".

Si bien la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico (que responde a Luis Juez y el Frente Amplio Progresista) fueron los primeros en reclamar esta medida, aclararon que intentarán modificar el párrafo que establece que los fondos sean utilizados para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El radicalismo presentó un proyecto propio para que el dinero sea ingresado al departamento de Rentas Generales de la provincia para luego ser distribuido entre los municipios por coparticipación. "Si no aceptan los cambios que proponemos, votaremos nuestro proyecto", adelantó el titular del bloque radical, Luis Brouwer de Koning.