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Opinión
16/04/2017
JORGE EDUARDO SIMONETTI 
Endurecimiento oficial, ¿Breaking Bad?

Un gobernante debe dar las respuestas que los problemas demanden, aunque para ello deba tomar decisiones que duelan. La mera voluntad de los grupos de presión puede poner en peligro la democracia si no hay un gobierno que haga respetar los límites legales.


“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”.
Immanuel Kant
Walter White es un profesor de secundaria y un genio de la química, cuya existencia está marcada por una enorme frustración personal y laboral. Un cáncer terminal marca un punto de quiebre en su vida, y lo que era un hombre dubitativo y pacífico se fue convirtiendo paulatinamente en un ser decidido, que traspone los límites naturales de su propia personalidad en pos de lograr mejoras para su propia familia, sin discernir los medios.
Ese es el núcleo argumental de la serie televisiva “Hacerse malo” (Breaking Bad, en inglés) que explora los límites del ser humano cuando es sometido a situaciones en las que nunca antes hubiera imaginado estar.
Una persona que toma contacto con contextos extremos o tensiones repetitivas, puede reaccionar de diversas maneras: o se reitera en aquello que ha sido su comportamiento ordinario, o cambia radicalmente exhibiendo un aspecto desconocido de su genio. Si cambia, la causa puede estar relacionada con la exteriorización de una genética oculta de su personalidad, o de otro modo con la impostación de su comportamiento en razón de las expectativas externas.
Un gobernante es un ser humano.  Los hay tranquilos, componedores, prudentes, y también reaccionarios, sanguíneos, autoritarios. Pero un gobernante componedor puede transformarse en uno exigente en función de los parámetros que impone la situación que debe enfrentar o administrar.
A través de la actuación pública de Mauricio Macri, tanto en el ámbito deportivo como en el político e institucional, lo conocemos como una persona tranquila, sin grandes saltos de comportamiento, sin enojos extremos ni visiones maniqueas de la realidad.
En estos últimos tiempos los kirchneristas lo quisieron colocar en el lugar de su conveniencia, la de un pérfido enemigo al que hay que enfrentar. Como no saben hacer política de otra manera, le colocaron a Macri el cartel de “dictador”, una calificación en la que, en su acotada capacidad de crear estrategia, ni ellos mismos creen.
Antes bien, desde varias veredas políticas y sociales le reclamaron más energía al ingeniero presidente, sobre todo en temas que repetitivamente vienen causando el hartazgo social y en los que el Gobierno hiciera gala de una inexplicable pasividad.
Luego de un año en que Cambiemos gozó de la acostumbrada luna de miel para las noveles administraciones, en los primeros meses de 2017 quedó claro que algunos sectores políticos, sindicales y sociales no se la iban a hacer fácil, en particular por su pálida gestión económica.
El corte de calles piqueteril, como recurso repetitivo y abusivo, una huelga docente salvaje y politizada que deja sin clases a muchos niños y adolescentes, el intento de instalación sin permiso de la carpa docente, demostraron una reacción diferente en la autoridad pública, que hasta entonces había tratado estos conflictos con una permisividad casi inexplicable.
El desalojo del corte de la Panamericana en la huelga general, el descuento de los haberes a los docentes en huelga, el inicio de acciones administrativas para sancionar a los gremios que no acatan la conciliación obligatoria, el impedimento de instalación de la carpa por falta de permiso, empiezan a demostrar un cambio de actitud en el ejercicio del poder del Estado.
La pregunta es si, a la par de Walter White, Macri está “volviéndose malo”, si está exhibiendo el lado oculto de su personalidad, si está impostando una actitud que no le es natural, si está encarando de manera represiva la protesta social, si se está transformando paulatinamente de demócrata en dictador (como lo califica el kirchnerismo).
Si nos imaginamos a nosotros mismos sentados en el sillón presidencial, o en el de la gobernadora Vidal o en el del jefe de Gobierno porteño, ¿nos mostraríamos pasivos ante los diarios cortes de calle que impiden la circulación ciudadana? ¿seríamos espectadores de una huelga abusiva que dejara sin clases a muchos alumnos? ¿permitiríamos ocupar repetitivamente la vía pública sin el permiso legal? Parecería que no, a menos que abjuremos de nuestras obligaciones.
Entonces, ¿está teniendo el Gobierno una respuesta desproporcionada, atípica, exagerada, ilegal, violenta, represora, o por el contrario,  está haciendo lo que se espera que haga una autoridad pública?
Los derechos tienen límites a través de la norma jurídica que reglamenta su ejercicio. La respuesta que los gobernantes deben a la sociedad es simple y sencillamente la aplicación de la ley ante toda instancia de intervención. Proceder como marcan los reglamentos no es facultativo para el funcionario, es obligatorio, porque de tal modo están defendiendo el interés del conjunto, menoscabado por un sector que incumple la ley.
Es cierto que la mera protesta pacífica no debe ser criminalizada, es un medio decididamente legítimo de reclamo de personas y sectores, especialmente de aquellos que tienen menos capacidad de llegada a los poderes públicos. Pero mimetizarla con un “vale todo” que pisotee los derechos más elementales de terceros inocentes es admitir el principio del fin de la convivencia civilizada y de la vida comunitaria.
Obviamente que, en el “vale todo argentino”, las cosas vienen mezcladas, confusas, patéticas, porque se impone el “yo corto la calle cuando quiero, el tiempo que quiero y cómo quiero” sobre el “yo debo llegar a la oficina, a la fábrica, al taller, a la escuela, a mi casa”; o el “yo hago paro, no permito las clases, no acato la conciliación obligatoria, no acepto propuestas ni me siento a negociar”, por encima del “yo quiero que mis hijos aprendan, que haya docentes en las aulas, que el diálogo sea el instrumento de convivencia”.
En el camino de una Argentina casi marginal, la propia sociedad fue extraviando la noción de la normalidad, de la legalidad, de la civilidad. Pero somos los ciudadanos quienes no debemos perder la “batalla cultural”, porque una sociedad anómica (anomia, falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer lo necesario para lograr las metas de sus componentes) es una sociedad perdida, sin metas, sin rumbo, sin parámetros.
Y aquí aparecen nuevamente las dos Argentinas, la de aquellos que luchan diariamente desde sus lugares para alcanzar un país que sea un paraíso de trabajo, en el que la protesta sea un recurso excepcional, en reemplazo de ese país que es paraíso de protestas, en el que el trabajo pareciera la excepción.
La resistencia al margen de las normas no es legítima, no estamos en una dictadura, tampoco en un régimen opresor. Los poderes republicanos funcionan y la democracia nos permite optar.
Acomodemos, entonces, nuestras conductas, de manera tal que la libertad de cada uno se adecúe a la libertad del semejante.
Protestemos si queremos protestar, pero ajustémonos a las normas. No es tan difícil, ¿no?
 


Comentarios
1
MENCHO TERERE
MAS VALE QUE REACCIONE A TIEMPO, NO SEA QUE LE PASE LO QUE LE PASÓ A DE LA RÚA, POR SER BUENUDO. EN RESUMEN DEBE HACER RESPETAR LOS DERECHOS DE TODOS Y CADA UNO. Y SI ES NECESARIO METER PALOS, QUE META NOMÁS, PORQUE MUCHOS YA CON LA PACIENCIA BIEN HINCHADA LO APOYARÁN
18/04/2017 | 13:10 hs

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OPINIÓN
02/07/2017
JORGE EDUARDO SIMONETTI 
La elección de la fórmula oficialista, que competirá el 8 de octubre,  se ha convertido en un novelón por capítulos. Devenidas las internas en mera formalidad legal, todos miran a la esquina gubernamental, desde donde saldrá el heredero. No creo que el conocimiento del candidato le quite poder al actual gobernador en los meses restantes, más que soportar algunas caras largas en su entorno.

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