Patrulla Radial / Javier Monzon, Cachito Monzon
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Entre víctimas y victimarios

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Boudou y De Vido presos, juicios de corrupción marchando a paso redoblado, jueces que han pasado de una larga siesta provinciana a una competencia de fórmula uno. Cuánta confianza debemos tenerle a un poder que demostró inacción con los que estaban en el poder e hiperactividad cuando lo perdieron. Con un sector social mayoritario que reclama sangre, más que justicia, y jueces dispuestos a dársela, faltará  mucho para que los argentinos recuperemos la normalidad.

“¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.
Albert Einstein
El año pasado, el Consejo de la Magistratura realizó una auditoría en los doce juzgados federales de la Capital. En  el de los jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo, encontró el tristemente célebre “cajoneo” de expedientes, especialmente de varios que involucran al poder de ayer.
El Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma y las ONG Será Justicia y Usina de Justicia, realizaron una presentación ante el Consejo, solicitando el juicio político de ambos magistrados, por la demora en la tramitación de dichos expedientes.
Tres días después de la presentación, el juez Lijo ordenaba la detención de un ex alto funcionario de la Nación, por una causa por enriquecimiento ilícito que llevaba varios años en el ámbito de su Juzgado.
El nominado, Amado Boudou, ministro de Economía y luego vicepresidente de la Nación en el gobierno de Cristina Kirchner, fue detenido en su domicilio de Puerto Madero, donde se lo pudo ver descalzo, en pijamas, escuchando la lectura del funcionario judicial y firmando el acta pertinente.
La situación, bastante humillante, fue señalada como innecesaria por muchos sectores y periodistas que no son precisamente del palo kirchnerista. Molestaba, por así decirlo, la innecesaria sobreactuación judicial, con aroma a una puesta en escena del juez Lijo para congraciarse con el público y salvarse del juicio político.
Boudou seguramente no es ejemplo de nada, antes bien es un anti ejemplo, el paradigma de lo que nadie quiere como funcionario público. Pero, precisamente, el despliegue desproporcionado e inusitado de su detención, más que perjudicarlo en su imagen social (que seguramente no está más alta que el suelo), de alguna manera lo ha victimizado.
Es harto discutida en la Argentina la cuestión de la prisión preventiva de los imputados, concebida legalmente como una medida preventiva excepcional, no como una condena. Con el estado público de los casos de Boudou y Milagro Sala, también los de muchos delincuentes que, liberados por los jueces, vuelven a cometer delitos aberrantes, la cuestión ha tomado alta presión en el seno social.
Definitivamente, la sociedad no quiere imputados en las calles, antes bien, por encima de algunas normas a las que considera formales, reclama que los acusados de corrupción estén tras las rejas aun cuando no tengan condena firme.
Ese hartazgo social, nos ha convertido a todos los argentinos en un conjunto social binario, que vemos la vida a través del cristal de los extremismos, nuestra ética solamente se asienta en dos valores extremos, lo bueno y lo malo, y consecuentemente existen los buenos (nosotros) y los malos (los otros).
Una sociedad caníbal, que devora a sus integrantes conforme el cristal de dos únicos colores, el blanco y el negro, no nos permite apreciar la policromía propia de la naturaleza humana. Estamos atrapados entre los pliegues de dos sentimientos opuestos: amor y odio. Odiamos con la misma fuerza que amamos.
Buscamos la verdad, nuestra verdad, no a través de la razón. Para encontrarla, utilizamos un órgano no competente, el corazón, que sirve para las pasiones pero no para las razones.
De tal modo, hoy asistimos a una especie de circo romano, en el que la sociedad reclama sangre desde las graderías, y los jueces, cual  césares dueños de la vida y de la muerte, bajan el pulgar a pedido.
Patética situación si las hay, aquella en que las víctimas reclaman sangre y los victimarios, justicia.
Estoy convencido de que el gobierno de los Kirchner es el más corrupto de la historia argentina. Su venalidad puede asimilarse a lo afirmado por Armando Perez Guerra (El Ciudadano, marzo 2012), cuando expresara que “no es lo mismo robarle al estado que robarse el estado. El que roba al estado lo daña y lo corrompe, pero el que se roba el estado, lo destruye”.
Pero lo verdaderamente grave de ese tiempo, fue la impunidad, cuya responsabilidad recae en las espaldas de jueces que no han cumplido con su deber. Los mismos que ayer miraban para un costado y dormían las causas, hoy son los verdugos implacables que hacen tabla rasa con las garantías constitucionales con tal de quedar congraciados con una sociedad que demanda sangre.
Creo fervientemente que la mayoría del pueblo argentino no ha nacido con el virus de la venganza en la sangre. Ha sido inoculado con letal mixtura, por un régimen que  conjugó autoritarismo expuesto,  niveles de corrupción inéditos y una inacción judicial impropia del poder en el que debe descansar la paz social.
Las víctimas del saqueo de las arcas públicas somos todos. Sin embargo,  el camino finalmente no es el revanchismo o el clamor de sangre, sino el delicado equilibrio que sólo se logra con jueces que no actúen mirando por la rendija de la venda.
El kirchnerismo pretendió tener su propia justicia, la denominada “justicia legítima” y fueron muchos los que adhirieron a ese poder judicial militante en favor de una parcialidad política. Pero, visto a la distancia, no sólo fueron malos jueces los jueces militantes, también lo fueron los que miraron para otro lado, los que se sentaron arriba de las causas, los que odiaban al poder autócrata por dentro pero se cuidaban por fuera de no incomodarlo.
Las consecuencias de una sociedad caníbal, con un grado de primitivismo en sus sentimientos, pueden ser extremadamente perjudiciales. Resulta ser que los beneficiarios  de la impunidad, los proactores del autoritarismo, los victimarios de la democracia, hoy son los que reclaman justicia, quieren defender la república, se guarecen en las garantías constitucionales.
Por ello, la mayoría social no puede mostrar su costado más cuestionable, en el que los victimarios se justifiquen pidiendo justicia y las víctimas desciendan al escalón más bajo con el deseo de venganza.
Aún con algunos jueces que han sido oportunistas, lentos, cuando no cómplices, que todavía le deben a la sociedad una explicación sobre la doble velocidad en su tarea de magistrados, lentos con el poder y rápidos con los que lo han perdido, los ciudadanos no debemos cambiar el eje de una comunidad civilizada, que debe necesariamente restañar heridas y seguir reclamando justicia pero no venganza.
No festejo que la justicia encarcele ex funcionarios kirchneristas. Si debió hacerlo antes, está cumpliendo tardíamente con su deber, si no, está actuando con oportunismo impropio. En ambos casos, nada hay para festejar.
Ni cien Boudou, ni cien Milagro Sala, ni cien De Vido, nos pueden hacer cambiar la perspectiva, ni hacernos perder de vista los principios fundamentales consagrados en años y años de vida nacional. Reclamemos justicia, no sangre a toda costa. No sea que nos digan que cada pueblo tiene la justicia que merece.
Perdidas están las naciones que miden la validez de los principios con la vara de sus pasiones. Los jueces no deben temer al poder, pero tampoco a la presión social.

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