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Carlos Bramante

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Hay políticos que "precarizan" la democracia

La transición en varios municipios de Corrientes fue traumática. Intendentes flamantes denunciaron supuestas irregularidades y delitos cometidos por sus antecesores. Llevarlos a la justicia es su responsabilidad. Solo así la ciudadanía ejercerá el control de calidad sobre sus representantes.

Los desórdenes denunciados van desde el incremento desmedido de personal al vaciamiento de las arcas comunales. También, el desmantelamiento de vehículos y máquinas imprescindibles para prestar servicios elementales y la emisión de cheques sin fondos. Incluso, algunos intendentes salientes estuvieron ausentes para el traspaso de mando como sucedió en Ituzaingó y Berón de Astrada. 

Los ejemplos señalados reflejarían no solo el enojo con el sucesor sino también con la población en general. Los motivos serían casi idénticos. Sentirse víctimas de una derrota que impidió su reelección o la continuidad de su espacio político en el poder. 

Tampoco sabemos si las irregularidades se habrían cometido después de perder las elecciones para entorpecer el inicio de gestión al sucesor o es parte de una crisis previa que motivó a la ciudadanía a elegir un candidato de otro sector político. Solo la conciencia de los acusados y la justicia podrán emitir una conclusión certera. 

El título de esta columna parece exagerado mientras celebramos los 38 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Es uno de los periodos más extenso de estabilidad democrática. Un capital que no volveremos a derrochar fácilmente porque la mayoría de los habitantes estamos decididos a defender. 

De todas formas, conviene recordar que los recambios institucionales traumáticos no son ajenos al resto de los Estados y se reiteran a nivel nacional y en varias provincias del país. Por eso, es importante analizar lo sucedido en algunos municipios correntinos. 

Tengamos en cuenta que los intendentes, junto a los concejales, están en el primer peldaño de una carrera política que le permitiría aspirar a cargos legislativos y ejecutivos a nivel provincial y nacional. Cada acción debe ser parte de un currículo público que les sirva para una próxima candidatura. De lo contrario, estarían escribiendo su prontuario con hechos de corrupción.

El traspaso del mando y sus consecuencias se volvió una rutina casi desapercibida para la mayoría de los ciudadanos. Quizás, acostumbrarnos a varias décadas de democracia hizo que perdiéramos el ejercicio periódico de vigilar a nuestros representantes.

Controlar el accionar de la dirigencia política durante toda su gestión es nuestra responsabilidad ciudadana. Solo así estaremos preparados para votar idóneamente. Es la autocrítica que necesitamos para elevar la vigilancia sobre los políticos. Somos dueños del "cedazo" pero nuestra memoria cortoplacista hace que los agujeros sean permeables para la "resurrección" de muchos políticos. 

También necesitamos ese ejercicio para "apagar" las publicaciones en redes sociales que rememoran épocas oscuras de la Argentina. Intentan demostrar que aquello fue un "estado de bienestar" para confundirnos y hacernos cómplices de una propaganda que alienta el regreso de un pasado que debiera estar pisado. 

Lo que también llama la atención es que los funcionarios perjudicados por sus antecesores amenazan mediáticamente con denuncias en la justicia pero no se concretan o quedan archivadas por falta de seguimiento. Hacer justicia es obligación para cualquier gobernante que administra fondos y bienes de la gente. 

La falta de formalización de las denuncias y el paso del tiempo absuelve a los acusados mediáticos. Así, logran la supervivencia política sin que la justicia se expida sobre su inocencia o culpabilidad. Pareciera el camino habitual y aliado incondicional de la impunidad que permite sobrevivir a muchos políticos.

Tampoco olviden que el cargo es temporario y en sus manos se deposita el patrimonio que pertenece a todos. Salvando los buenos ejemplos de nuestra democracia, hay gobernantes o legisladores casi vitalicios. Son los que convierten a la política en una salida laboral estable que se les niega a muchos argentinos. 

La subsistencia, a pesar de las sospechas, no es propiedad exclusiva de los políticos: se repite en diferentes organizaciones civiles. Una de las más habituales es la dirigencia sindical con referentes "eternizados" en los cargos. Hay dirigentes que tienen más antigüedad como gremialistas que de prestación laboral efectiva. 

Los principales responsables de construir calidad institucional son los funcionarios. Su buen desempeño promoverá la estabilidad del sistema democrático. De esa forma, no habrá interrupciones dañinas y tampoco consignas extremas: "que se vayan todos" o "nos vamos todos". Esas frases simbolizan la desconfianza ciudadana en la dirigencia y precarizan a la democracia haciendo revivir fantasmas del pasado.