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Los debates postergados colaboran con la inseguridad
Faltan oficinas y profesionales para combatir la cibercriminalidad. La semana pasada robaron información a plataformas de comercio electrónico. Las estafas piramidales ahora se hacen por internet. Los estafadores se convierten en influencer y la "viuda negra" opera desde el celular.
La empresa Mercado Libre sufrió un episodio de inseguridad informática cuando le robaron datos personales de 300 mil usuarios. Tras este hecho, los especialistas advirtieron que hubo nuevas estafas en búsqueda de datos y dinero. Esa información es vital para los ciberdelincuentes porque les permite renovar sus argumentos para engañar a potenciales víctimas. Perfeccionan sus tentadoras ofertas a través de vínculos directos (SMS, E-mail o mensajes en redes sociales y WhatsApp) haciéndose pasar por reconocidas empresas. En Argentina, estos ataques aumentaron un 20 por ciento entre junio y octubre de 2021.
Internet habría simplificado el modus operandi de las bandas delictivas y los gobiernos demoran la incorporación de profesionales especializados y tecnología moderna para combatirlas. La Justicia Federal cuenta con la "Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia" y varias provincias replicaron oficinas similares. Corrientes es una de las excepciones pese a una iniciativa legislativa para incorporarla.
Mientras tanto, la cibercriminalidad adopta modalidades de la delincuencia tradicional. La vieja estafa piramidal que les robó dinero a más de siete mil ahorristas se renueva a través de internet. La "Boston Continental" tiene su imitación virtual y ya aparecen damnificados de "Generación Zoe" en la capital correntina. Además, hay nuevas estrategias delictivas con personas que logran reconocimiento en redes sociales o engañan a sus víctimas a través de populares sitios de citas virtuales. La "viuda negra" que alguna vez conocimos en el mundo del hampa, hoy actúa desde un celular y los estafadores de Tinder fueron noticia en las últimas semanas.
El robo de información a Mercado Libre habría sido realizado por una "conocida" organización que cometió varios hechos similares conservando el anonimato. Radio Dos consultó al especialista, Emiliano Piscitelli, sobre las dificultades para identificarlos y este fue contundente al decir que "hacen falta profesionales especializados" para lograr ese objetivo.
Estos delincuentes, al igual que los tradicionales, se "profesionalizan" y son más hábiles que la Justicia y las fuerzas de seguridad. En Corrientes no existe una fiscalía especializada y los cuerpos de investigadores poseen tecnología rudimentaria que supera, sólo en algunos modelos, a las primeras computadoras.
CRECIÓ SIGNIFICATIVAMENTE LA CANTIDAD DE VÍCTIMAS.
El poder legislativo provincial tiene una cuota de responsabilidad al permitir que el proyecto para crear la "Fiscalía de Investigación de Delitos Complejos e Informáticos" pierda estado parlamentario. La iniciativa aprobada en 2020 por la Cámara de Diputados nunca se trató en Senadores.
Unos pocos planteos y cuestionamientos paralizaron el análisis legislativo. Algunos buscaban perfeccionar la iniciativa del exdiputado provincial Manuel Aguirre y otros se oponían a su aprobación. Finalmente quedó envuelta en las diferencias de un debate que terminó siendo obstáculo antes que enriquecedor.
Lo concreto es que a dos años de aquel proyecto nunca hubo otro y tampoco se conformaron áreas especializadas. Mientras tanto, creció significativamente la cantidad de víctimas y ni siquiera se erradicó la vieja estafa telefónica.
La legislatura es la caja de resonancia de los problemas de la gente que aguarda soluciones. Cuando eso no ocurre, la población poco entiende sobre los motivos que frenan el tratamiento y aprobación de iniciativas destinadas a darle más seguridad y surgen cuestionamientos a sus integrantes por el costo que representan para las arcas públicas.
Algunos se pregunta si es conveniente mantener la bicameralidad en las legislaturas provinciales, como sucede en Corrientes. En lugar de funcionar como sistema de control terminaría siendo una barrera para determinados proyectos legislativos.
El ejemplo que mencionamos fue presentado por un legislador del partido gobernante. Tuvo rápido tratamiento en la cámara de origen pero terminó empantanado en senadores. ¿Acaso será una muestra de las diferencias internas con las que convive el oficialismo provincial?
La realidad del párrafo anterior demoró más de una década el debate para reformar el Código Procesal Penal de la provincia. El objetivo se logró medio siglo después de las modificaciones anteriores. Si eso ocurre con la creación de organismos especializados para combatir el ciberdelito, habrá numerosas personas y familias con patrimonios arrasados.
Los errores se enmiendan pero los vacíos legales y la carencia de estructuras para investigar benefician a los delincuentes. La ausencia de debate y búsqueda de soluciones se vuelve cómplice por omisión de la delincuencia. Esta misma postura sostengo sobre la gestión del Congreso de la Nación.