Municipios de Corrientes pueden definir la valuación fiscal de terrenos
El máximo órgano jurisdiccional estableció que la potestad tributaria respecto del impuesto inmobiliario urbano y suburbano corresponde a las comunas desde la reforma constitucional de 2007.
"La potestad tributaria respecto de los impuestos a los automotores e inmobiliario urbano y suburbano ha sido transferida a los municipios desde la reforma constitucional de 2007", sentenció el Superior Tribunal de Justicia en una demanda contra la comuna de Goya, lo que representa un cambio en las interpretaciones que tenía el alto cuerpo judicial en relación a este tema.
Los demandantes aseguraban que la potestad para decidir sobre la valuación fiscal correspondía a la Dirección General de Catastro en cuanto a la valuación de inmuebles en todo el territorio provincial. Ese órgano es al que debían acudir las municipalidades cuando consideraran necesario modificar o actualizar las valuaciones fiscales, postura que fue homologada por fallos de primera instancia y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
De esa forma el máximo órgano jurisdiccional de la provincia le reconoce a los municipios la competencia "para crear, determinar y percibir esos tributos que hasta allí eran de competencia provincial y previstos en leyes, potestad que comprende -respecto del impuesto inmobiliario- la de fijar la valuación fiscal a los efectos de establecer la base imponible".
El primero de los votos fue redactado y fundamentado por el presidente del STJ Luis Eduardo Rey Vázquez quien destacó que por imperio constitucional "nada obsta a la Municipalidad de la ciudad de Goya adoptar cualquier decisión en materia de impuesto inmobiliario" puesto que si tiene amplias atribuciones para crear un impuesto o determinar sus alcances como fijar los términos o efectos, cuestiones realmente sustanciales, con mayor razón puede simplemente establecer -de manera razonable, claro está- los valores fiscales de los inmuebles que servirán de parámetros para calcular aquellos impuestos, pues esta ya es una cuestión accesoria".
En el fallo que acompañan los demás ministros se destaca que "la autonomía municipal ya plasmada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial de 1993, se ha visto, en general, fortalecida en la reforma de 2007, siendo muestra de ello además de la potestad tributaria vista en el artículo 216, la eliminación de las categorías municipales existentes hasta entonces".
Rey Vázquez recordó que un principio de interpretación fundamental radica en que "la concesión de una potestad lleva implícita la facultad de utilizar los medios para lograr su efectividad", por lo que sería ilógico otorgar una atribución categórica de crear, determinar y percibir los citados tributos y no reconocerle los medios para lograr su efectividad".
Los ministros Alejandro Chaín, Eduardo Panseri, Augusto Niz y Guillermo Semhan coincidieron con la interpretación fundamentada por Rey Vázquez y recordaron que a raíz de las reformas constitucionales de 1994 y 2007, y las reformas en la Ley Orgánica de Municipio y la Carta Orgánica Municipal, "establecen, respectivamente, que el impuesto inmobiliario urbano y suburbano será percibido por los municipios fijando alícuotas y valuaciones en forma proporcional, equitativa y no confiscatoria, estableciéndoles sólo el deber de respetar bases técnicas comunes en materia de catastro jurídico y parcelario que permitan generar información territorial y registral comparable a nivel provincial".
Los ministros de esa forma cambiaron un criterio histórico en cuanto a que la potestad de definir la valuación fiscal de terrenos urbanos y suburbanos estaba en responsabilidad de la Provincia. Fuente: época