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Carlos Bramante

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Los hechos que contradicen los discursos agotan a la sociedad

La semana pasada se conoció un tarifazo eléctrico que afectará al sector industrial. Una medida que le saca competitividad a Corrientes y ahuyenta inversiones. Las promesas gubernamentales terminan borradas por actos contrarios.

Los hechos deberían ser el resultado de los discursos que emanan como manantial desde la dirigencia política. Sin olvidar que el sentido común sugiere una correlación entre ambos para lograr los objetivos. De todas formas, la columna de hoy comienza con una conclusión: las contradicciones periódicas de políticos y gobernantes.

Hoy me refiero a medidas que directa o indirectamente perjudican a la población. Una de ellas se conoció la semana pasada cuando la Dirección Provincial de Energía Corrientes (DPEC) anunció el traslado de la quita de subsidios nacionales a su cuadro tarifario. En un año, el servicio eléctrico aumentó el 100% en Corrientes y, sólo en mayo, el sector industrial sufrirá un incremento del 36 por ciento.

Mientras los bolsillos padecen la "eterna" coyuntura, seguimos esperando los beneficios de Yacyretá. Un emprendimiento que prometió cambiar la matriz del servicio eléctrico en la provincia y, hasta ahora, sólo sufrimos innumerables postergaciones.

Se necesitaron décadas para que la megaobra instalada en Ituzaingó diera sus frutos. Desde su puesta en funcionamiento pasaron otras más y seguimos aguardando los beneficios, en precio y calidad, para el servicio eléctrico. Sólo nos queda el sabor agridulce de la generosidad al ver redes de alta tensión llevando energía a otros lugares del país y países vecinos.

Hace cuatro años se utilizó la pomposa denominación de "Reparación Histórica". Los resultados son mínimos y casi imperceptibles para el grueso de los habitantes. Sólo vemos atónitos los beneficios en obras habitacionales y de infraestructuras, financiados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en la provincia de Misiones.

Los correntinos padecemos las asimetrías con las regiones más desarrolladas del país pero también dentro de nuestra misma región.

Estas últimas son el resultado de medidas adoptadas por gobiernos nacionales que mantienen diferencias políticas con la administración provincial o, esta última, queda sometida a un alineamiento incondicional que le quita fuerza para reclamar.

Hoy vivimos la paradoja de un Gobierno provincial que descree de las estadísticas de empleo y sostiene que el (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no refleja la desocupación real en la provincia de Corrientes.

Una posición comprensible si miramos los indicadores de pobreza y trabajo en negro que golpean al millón de correntinos y aniquila las economías familiares.

Bajo ese panorama, hacemos el esfuerzo para invitar y reclamar inversiones. Queremos que elijan a Corrientes pero, cuando analizan la viabilidad del desembarco, las espantamos con tarifazos en la única fuente de energía disponible.

No olvidemos que somos una de las pocas provincias sin gas natural. Otra de las tantas promesas vulneradas por la multicolor dirigencia política.

Hoy pareciera que llegamos a la etapa de "mendigos" intentando que alguien escuche nuestro reclamo aunque, el paso del tiempo, nos sigue dejando sin resultados. Un sistema eléctrico deficiente que a cualquiera de nosotros le recuerda los sofocantes efectos estivales.

Seguimos sumando dificultades y perdemos competitividad. Corrientes carece de uno de los incentivos más importantes para los inversores que buscan condiciones favorables y las terminan encontrando, en provincias o países, con políticas de promoción industrial.

A la trillada inseguridad jurídica, tan criticada por la dirigencia política que poco hace para resolverla, le agregamos la "inseguridad" energética. Igual o más perjudicial para el funcionamiento de cualquier emprendimiento.

El título de hoy surge de datos concretos que alentaron la esperanza de una provincia pujante. En septiembre de 2018 el Gobernador Valdés firmó la "reparación histórica aguas abajo" del Paraná con el entonces director de la EBY.

Además, hace un año los gobernadores de la región insistieron con la compensación tarifaria. Un reclamo de larga data que llegó a tener 17 proyectos en el Congreso Nacional. Sin olvidar, el encuentro de mandatarios provinciales en Yapeyú con el presidente, Alberto Fernández, en febrero de 2021.

La conclusión del repaso de incumplimientos gubernamentales sólo se explica con la admirable paciencia social o la migración de correntinos sometidos a buscar futuro lejos de su tierra. Sólo así se entiende que los suntuosos encuentros oficiales concluyan con promesas hechas añicos por actos de gobierno que corren en sentido contrario.