Licitación del transporte urbano de Resistencia, plagadas de irregularidades
Luego de un sin número de presentaciones, reclamos y planteos de todo tipo desde la entidad que nuclea a las empresas locales, la CAMARA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL CHACO (CETACH) y de la propia Federación Nacional que nuclea a las cámaras del interior del país, la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP), la licitación del servicio de transporte de pasajeros urbano de la ciudad de Resistencia intenta seguir su curso sin escuchar a los actores principales del sistema.
El Ejecutivo Municipal pretende continuar con un proceso plagado de irregularidades, que disfrazado de consultivo, mediante la puesta en escena de audiencias públicas, bajo un tratamiento "exprés", sin precedentes para una licitación que implica una concesión pública de 15 años, dejó afuera de la discusión al Gobierno Provincial y no tuvo en cuenta los planteos formulados desde el sector empresario y de los propios trabajadores.
Así y de acuerdo a la información suministrada por el Estado Provincial a través de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia dando cuenta que fue excluida de la Comisión Permanente del transporte, violando el Municipio lo establecido en las ordenanzas vigentes que obligan a la participación de la representación del Gobierno Provincial, se dejó sin posibilidades al mismo de discutir los pliegos, los cuales nunca fueron puesto a su disposición para conocer las condiciones técnicas planteadas.
El Gobierno Provincial debió formar parte de la discusión de los pliegos de licitación del transporte urbano de pasajeros, en salvaguarda de las empresas bajo su jurisdicción y control, cuando el aumento de los recorridos urbanos implican una afectación de los servicios concesionados a las empresa provinciales, cuando no se ha cumplido con la Ley 3105-T/2019 de creación de la Región Metropolitana de la Provincia que se integrara con los municipios de Resistencia, Barranqueras y Pto. Vilélas, que obligaba a una licitación conjunta y cuando el Gobierno Provincial tiene a su cargo la distribución y reglamentación de los subsidios establecidos en la Ley 2979-T del sistema Chaco Subsidia.
La convocatoria al Gobierno Provincial resulta insoslayable, toda vez que es de su competencia determinar el equilibrio de las tarifas del sistema, entre lo que abona al usuario y las compensaciones por pasajeros transportados que permitan sostener una tarifa media.
En tal sentido y muy a pesar de los planteos formulados por el sector empresario, resulta imposible saber quien se hará cargo de los nuevos costos operativos del sistema que se pretende instaurar sobre mayores recorridos, más buses y más trabajadores.
Sin dudas, ante la falta de participación el Gobierno Provincial y su posición, en reiteradas oportunidades, de no afrontar mayores aportes a los presupuestados en el sistema del chaco subsidia, los nuevos costos deberán ser asumidos por los usuarios, los cuales deberán afrontar una tarifa cercana los $ 208 en función de los estudios realizados por CETACH de acuerdo a la metodología de costos vigentes.
La forma en que fuera tratado el pliego de licitación, da cuenta de un proceso plagado de irregularidades, inconsistencias y violaciones a las normas vigentes.
En tal sentido, la manifiesta ilegalidad del proceso se demuestra en el conocimiento del proyecto final proyecto final aprobado, cuando se venía reclamando desde el sector empresario el cumplimiento de la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal (Art. 110) y de la Ley de Compre Chaqueño, que establecen la prioridad de las empresas locales frente a una empresa foránea, al eliminarse la diferencia de puntuación a favor de las prestadoras actuales y asegurarse prácticamente el mismo nivel de puntación a una empresa de afuera, lo cual fuera introducido a último momento cuando se aprobara en el recinto del concejo deliberante cuando se contaba con los votos suficientes a tal fin, plasmándose de esta forma el despojo a las empresas locales.
Por otra parte, desde la entidad empresaria se viene requiriendo la fijación de las tarifas y compensaciones adecuadas a los costos desde la actividad, en los términos de la Metodología de fijación de valor del boleto vigente en la Municipalidad de Resistencia, en un sin número de oportunidades, sin respuestas de parte del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.
Los reiterados reclamos, en cuanto a los mayores costos de la actividad, sin respuestas alguna, se ha agravado en los últimos tiempos, cuando se discutieran las tarifas los primeros días del mes de abril en audiencia pública conjunta entre el Gobierno Municipal y Provincial, a la fecha solamente la provincia ha cumplido con la fijación de las nuevas tarifas, mientras que desde el Municipio se ha negado sistemáticamente de readecuar los valores que surgieron de la audiencia pública, sin motivos o justificación alguna, que no fuere generar un desequilibrio financiero a las empresas urbanos, fuertemente afectadas en su ecuación económica que ponen en riesgo su continuidad y cumplimiento de obligaciones elementales como los salarios de los trabajadores.
En consecuencia, resulta claro que desde la Municipalidad de Resistencia se ha desfinanciado al sistema de transporte de pasajeros local y, por otro lado, se han establecido las condiciones en el nuevo pliego de licitación para la mejor participación de empresas de afuera, sin importar la trayectoria, entre 20 y 70 años, con que cuentan las empresas locales, que debieron asumir mejores o peores condiciones de prestación, como en los últimos dos años de pandemia, sin reconocimiento alguno y por encima de las normas vigentes, dando lugar a una evidente exclusión del proceso a las prestadoras del medio.