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Carlos Bramante

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VÍCTIMAS DE LA INACCIÓN Y LA CORRUPCIÓN

Las irregularidades en la salud "enferman" a las personas

Se multiplican las denuncias por cobro de plus. Se demoran las autorizaciones para estudios y entrega de medicamentos. El personal es insuficiente y está agotado.

La salud debe ser uno los bienes más protegidos por los gobiernos de cualquier ideología política. Nadie puede hacerse el distraído cuando un enfermo carece de la atención indispensable que ponga en peligro su vida.

Aunque la mayoría prestamos poca atención al cuidado de la salud, los gobiernos no pueden agarrarse de ese "desinterés" momentáneo para desfinanciar el sistema sanitario. Si ello ocurre, estaremos en presencia de una dirigencia cortoplacista que busca administrar gobiernos carentes de servicios vitales y solamente dedicados a financiar la felicidad transitoria de sus gobernados para mantenerse en el poder.

En las últimas semanas, pacientes y familiares denunciaron mediáticamente, en la provincia y el país, que fueron víctimas de la mala atención, la confusión en el diagnóstico de su dolencia, las demoras en los pasillos sanitarios y la burocracia de obras sociales y prepagas.

Hoy quiero relatar casos concretos para tomar conciencia de la realidad que vivimos. Historias de carne y hueso que podrían tenernos de protagonistas. En Santo Tomé se denunciaron dos casos de cobro de plus, de entre 20 y 30 mil pesos, por parte de profesionales del hospital público. Son montos de difícil disponibilidad y, más aún, cuando la enfermedad no da margen de tiempo.

En Paso de los Libres, un hombre denunció que fue víctima de la mala atención en una clínica privada. A la preocupación por la falta de mejoría, se sumó el error de un profesional que, sin pedir disculpas, se limitó a explicar que el diagnóstico equivocado fue consecuencia de un "error de tipeo" en la ecografía a la que lo sometió.

La semana pasada escuchábamos en Radio Dos el testimonio de la esposa de un hombre al que le diagnosticaron ELA en la ciudad de Corrientes. La mujer desesperada reclamaba al PAMI por la demora en la compra de medicamentos recetados para retrasar los efectos devastadores de la esclerosis lateral amiotrófica.

   
Desde Córdoba vimos las fotografías de un abuelo de 82 años encadenado en la habitación de una clínica privada. Sus directivos se limitaron a decirle a la familia que la Justicia determinaría los motivos de semejante vejamen.

Sólo son ejemplos disparadores en la opinión pública porque permiten conocer más casos de una realidad que no es aislada. Reflejan a las claras que el sistema de salud universal está en crisis en todo el país.

En todos los casos está en peligro la vida de las personas. No sólo por la comprensible evolución de la enfermedad sino por el irresponsable déficit de atención o las conductas ilegales que persisten ante la ausencia de controles.

También llama la atención la multiplicación de campañas solidarias. Las familias recurren a esa metodología para comprar medicamentos o insumos básicos no cubiertos por las obras sociales ni el Estado. La solidaridad no puede reemplazar la responsabilidad de ninguno de los dos. La primera recibe un porcentaje del sueldo del trabajador y el segundo cobra múltiples impuestos.

Los casos presentados dejan numerosos interrogantes. ¿Hospitales y sanatorios cuentan con la cantidad de profesionales para atender la demanda? ¿El diálogo con ellos permite percibir el exceso laboral al que están sometidos? Trabajan en varios lugares para obtener un ingreso decente y escasea el tiempo para un descanso reparador.

¿El cobro de plus es una práctica oportunista o un sistema arraigado y permitido ante las desactualizadas cápitas que pagan a los prestadores? ¿Por qué demoran las obras sociales para autorizar prácticas sencillas como un análisis de laboratorio o un diagnóstico por imágenes? Los pedidos se someten a auditorias con plazos indefinidos.

Los afectados no comprenden la función de las auditorias. ¿Acaso están conformadas por profesionales que superan en conocimiento a los médicos del paciente o su única función es defender la economía de la entidad que los contrata?

Las soluciones no deben llegar tras el reclamo en los medios de comunicación y, mucho menos, a través de la engorrosa judicialización. Esta última, termina sometiendo a un doble "calvario" a quienes sólo reclaman una atención digna.

El sistema de salud está "enfermo" y debe ser revisado de inmediato. Hay cuestiones coyunturales que deben ser controladas y sancionadas por las autoridades. Y otras que obligan a debatir qué servicio de salud quieren para los argentinos.

Sólo así, los habitantes estaremos advertidos y sabremos el camino a seguir frente la enfermedad. A lo que no pueden someternos es a ser víctimas de la inacción y la corrupción que atenta contra las buenas prácticas sanitarias.