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Enrique Zuleta Puceiro

Autor

El conflicto sobre el Consejo de la Magistratura ante un punto de difícil retorno

El conflicto desatado a partir de la controvertida impugnación de la Corte a las Facultades del Senado para resolver su representación en el Consejo de la Magistratura parece haber desembocado en un punto de muy difícil retorno. Las posiciones son extremas y escalan en un proceso de judicialización de difícil pronostico. De no mediar un cambio en la posición de la Corte que permita a las partes ensayar un camino de cooperación institucional razonable, la crisis bien puede desembocar en un callejón sin salida, que paralice aspectos clave de la gobernanza judicial.  

No es este, por cierto,  un horizonte improbable. De hecho, es lo que ocurre en varios países europeos, incluido el caso de España, modelo inspirador de la aun discutida reforma constitucional de 1994, donde la parálisis del Consejo del Poder Judicial repercute ya en los estratos del propio sistema judicial 

Las posiciones en pugna han alcanzado niveles de desmesura que solo pueden entenderse dentro del clima de politización creciente de las cuestiones judiciales. Mas allá del histrionismo de algunos protagonistas, la propia sustancia del conflicto ha generado un conflicto entre poderes de características inéditas en la experiencia constitucional argentina. 

La Corte ha comenzado a pagar los costos de su error inicial de pretender presidir el Consejo de la Magistratura y de asumir un papel activista reñido con su indispensable función de arbitraje institucional. 

Cabe que  recordar que la presidencia de la Corte fue en su momento una garantía que exigió Menem, reacio a delegar en el Consejo su poder personal . sobre lo que consideraba "su Corte". Acepto esa institución hibrida que le proponían los constituyentes en la medida en que se le aseguraba su control, a través de la presidencia del Consejo en la persona de quien presidia de "su Corte". La decisión de la Corte actual de resucitar aquella primera versión de la gobernanza judicial no solo implica un anacronismo en el constitucionalismo comparado. Ignora tambien algunas diferencias sustanciales en el contexto social en la que jueces y legisladores sufren un desprestigio severo y creciente, frente a una sociedad cada vez más impaciente frente a los problemas de funcionamiento de las instituciones. 

A partir de ese error inicial, la Corte parece decidida a redoblar su iniciativa activista, dentro de conflictos que la exceden. No solo pierde así posibilidades de ejercer su función arbitral. Tambien se ve irremediablemente forzada a posiciones reactivas. Un buen ejemplo fue la decisión de impugnar las facultades indudables del Senado para auto regular la organización de los bloques parlamentarios. Una decisión que sigue llamando la atención de los especialistas, tanto por su contenido como por el temor de su argumentación. 

Tampoco aciertan, desde el Senado el oficialismo ni la oposición. A estas alturas de la crisis institucional resulta inaceptable que las representaciones ante el Consejo sigan recayendo en figuras políticas sin mayor interés en las cuestiones institucionales, movidas únicamente por el propósito de convertir el Consejo en una tribuna electoral. Una próxima reglamentación del Consejo debería encaminarse a la sustitución de parlamentarios en ejercicio por designaciones que recaigan en figuras de reconocido prestigio y ecuanimidad, con capacidad reconocida para construir soluciones de consenso que permitan reconstruir un sistema judicial anacrónico y en estado de descomposición.

LO cierto es que el conflicto ha desbordado ya sus límites iniciales. Lo que en verdad está en disputa es quien tiene la "última palabra". Los jueces alegan– desde una tradición en realidad heredada de los justices norteamericanos – que la última palabra la tienen ellos. No porque sean los mejores, sino porque son los últimos. Los legisladores argumentan a su vez en sentido contrario, desde su cada vez más cuestionable condición de representantes directos de la voluntad popular.   

Es un debate que tiene muy poco de nuevo. Lo nuevo es acaso el contexto social. Unos y otros van a la cabeza de la desconfianza y el rechazo colectivo. Su desprestigio excede el de los dirigentes sindicales y empresarios, hasta no hace mucho chivos expiatorios del descontento colectivo.

Las dificultades que se plantean para una discusión constructiva son naturales. El poder político y las instituciones que lo organizan tienen en casi todo el mundo mala prensa y peor reputación. Ante esta situación, jueces y políticos responden un grado inexplicable de agresividad. Confrontan y enfrentan, inventan y construyen a sus adversarios, controlan la agenda pública, monopolizan la iniciativa, acorralan a sus adversarios, intentan desbordarlos y enfrentarlos. Hacen un uso abusivo de los grandes medios y de las redes sociales  y alimentan, de este modo la usina de prejuicios y expectativas de una sociedad informada y, por ello, cada vez más escéptica, alerta e insatisfecha.  

Por el lado de los poderes judiciales, las reacciones son tan extremas como las de la política. La expansión universal del sistema norteamericano de control judicial de la constitucionalidad de las leyes tiende a situar a las Cortes en el papel de árbitros inapelables de las nuevas formas de conflicto social. Los jueces devienen guardianes de la constitución, por encima incluso de las leyes. Existen sin embargo ciertos límites que imponen un cauto sentido de moderación y self restraint. De otro modo, es difícil incursionar en el terreno hostil de la política sin afrontar los costos de la política. 

El costo de este ingreso abrupto e  intempestivo de la justicia al terreno de la política es muy importante y se expresa en niveles desconocidos de conflictividad entre jueces y magistrados y el resto de los poderes sociales y políticos –incluida por cierto la propia opinión pública y los medios a través de los cuales se expresa-  lo cual se refleja en la declinación de todos los indicadores de confianza y apoyo social. Esta "inflación de lo judicial", desvaloriza y deprecia el papel de los jueces

Parte de los esfuerzos que la sociedad demanda a sus representantes -sean funcionarios, jueves o legisladores – tienen que ver con una exigencia de auto limitación en sus pretensiones. En una democracia de alta densidad como la argentina, nadie puede pretender tener la última pala. Una aceptación prudente de las propias limitaciones implica renunciar a la "última palabra". La verdad es, en democracia, una construcción colectiva, fruto del equilibrio y del sentido de los límites. Nadie puede pretender imponerla desde una supuesta autoridad moral. La verdad es mas bien un cultivo arduo y difícil. Liderar implica reconocer, hacerse cargo de los límites. Las soluciones -sean judiciales o políticas- son siempre fruto de la concertación, el consenso y la capacidad de certificar y garantizar lo que se resuelve.