Detuvieron a un sujeto que fue condenado por violento

Mariano Casado fue condenado en Paso de los Libres a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por los delitos de "lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples, coacciones y daños simples, en concurso real", cuya víctima fuera su expareja (C.C). En febrero último golpeó brutalmente a quien entonces era su pareja, por celos. Ordenaron su inmediata detención que se efectivizó. Fue trasladado a la comisaría Segunda de la ciudad libreña.

 Para la defensa a cargo de Juan Manuel Cubilla Podestá se trató de una "lamentable decisión" del Juez Marcelo Fleitas, de hacer efectivo un arresto innecesario cuando estuvo siempre a derecho, "cumpliendo además todas las peticiones de las autoridades. Esta decisión va a ser recurrida", confirmó a época.

En primera instancia, el magistrado resolvió la culpabilidad de Casado y expuso los motivos de dicha decisión, entre los que destacó "que el hecho no ha sido controvertido. El relato de C.C. fue claro y coherente, en coincidencia con lo declarado por el padre", subrayó que "se aplicó la perspectiva de género" y que "las lesiones recibidas por la víctima se tienen como acreditadas".

 
El padre de la denunciante, Gabriel C., declaró en su oportunidad que "la agresión fue salvaje hacia mi hija, digna de un psicópata, yo lo defino como un tarado mental. Le apretó la yugular… la molió a palos, literalmente".

El juez sostuvo además que "no halló en la conducta de Casado, elementos que indiquen que se vio afectada su conciencia", como lo planteó la defensa.

Los fundamentos del fallo, ampliados se darán a conocer el próximo 20 de diciembre.

La defensa
Cubilla Podestá objetó las imputaciones contra su defendido a las que calificó de "una acusación artificial y maliciosamente construida", además señaló que "existió una total incongruencia entre los hechos descriptos y las imputaciones formuladas".

El letrado se basó en el informe pericial del Poder Judicial, en el cual señaló que "el imputado tuvo los frenos inhibitorios anulados o reducidos, producto de la ingesta de alcohol". "Estaba en un estado de angustia y ansiedad, producto del consumo de estupefacientes, y eso provocó una pérdida de control, una influencia sobre los hechos lamentables", agregó. Y pidió la absolución de su defendido.

Casado rompió el silencio y antes de conocer el fallo pidió disculpas por el daño que causó. "Antes era una persona feliz, ahora no lo soy. Quiero decir que lo que ocurrió no fue premeditado, no quise hacer daño, pido perdón a C.C (expareja), a su familia y también a mi familia", señaló.

Conocida la determinación del Tribunal, se ordenó su inmediata detención que se efectivizó, por lo que fue trasladado a las dependencias de la comisaría Segunda.

    
La agresión

El hecho sucedió el 20 de febrero último. Casado esa madrugada estaba con unos amigos en el sambódromo municipal, lugar donde se desarrolló la última noche del carnaval libreño. Su expareja también asistió junto a un grupo de amigas al mismo evento pero en otro lugar del predio.

Intentó insistentemente comunicarse con la joven para volver juntos, pero ella no respondió a los mensajes.

Tras desconfiar de su expareja, según las propias palabras de Casado: "Invadido por una sensación de desconfianza" y "sospechando de un acto de infidelidad de su parte" revisó su celular. Tras eso, comenzó la brutal golpiza.

Cambios positivos "en menor" tras pena en suspenso
Silvina Racigh, juez de Familia, Niñez y Adolescencia N°1 de Goya, consideró "radicalmente positivos" los cambios en el modo de pensar y actuar de un joven al que le impuso la pena de tres años de prisión en suspenso y cumple además reglas de conducta. Se cumple el objetivo de resocializar y reinsertarlo a la sociedad, sostuvo.

Lograr el balance entre la imposición de una pena y su proporcionalidad en jóvenes en conflicto con la ley penal es una de las tareas de los magistrados del fuero de Familia, Niñez y Adolescencia.

La juez Silvina Racigh intervino en una causa en la que un joven fue hallado penalmente responsable por el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya de homicidio calificado en concurso premeditado de 2 o más personas en grado de tentativa.

La disyuntiva, indicó, estaba en encontrar el punto justo entre los extremos: absolver al joven luego de la realización de hechos punibles graves con consecuencias irreversibles físicas y psíquicas en la víctima o condenarlo con penas altas con un mínimo de cinco años de prisión.

Sin embargo, esa última opción era claramente opuesta al mandato constitucional de propender a su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la sociedad.

Entendió que no imponer una pena conllevaba el "peor de los mensajes a los jóvenes", el de no prever las consecuencias de sus actos, no responder luego de haber provocado daños irreversibles en franca vulneración de los derechos de otras personas.

"En una sociedad existen normas de conducta obligatorias, la infracción a esas reglas, amenaza su orden y seguridad, en este caso es indispensable la aplicación de medidas que sirvan de ejemplo y desalienten hechos delictivos como este, y a su vez tampoco desatiende la reinserción social lograda por el joven".

La pena de tres años de prisión de ejecución condicional fue acompañada entonces por reglas de conducta, esto es normas que el condenado debe cumplir y acreditar ante el Juzgado. Junto a un equipo Interdisciplinario observó los cambios vivenciados como "altamente positivos". Citó entre ellos: terminó la secundaria, consiguió un trabajo estable, conformó una familia, tiene dos hijos, de los vecinos se obtienen sobre él los mejores comentarios.

Por lo tanto, consideró que si la ley autorizaba a absolver a un adolescente aún encontrándolo previamente culpable, con mayor razón podría aplicarse una pena por debajo del mínimo legal establecido en el artículo 4 de la Ley 22.078, pues "quien puede lo más, puede lo menos".

Evaluó que el castigo establecido estaba acorde a la premisa del lapso "más breve posible", al mismo tiempo que el hecho no quedara impune.