Caso Ricotti: diponen prisión preventiva por 180 días para imputado por femicidio
La Jueza de Garantías, doctora Graciela Ferreyra, dispuso la prisión preventiva por 180 días para Daniel Acevedo, imputado por la muerte de su pareja, Alba Ricotti. Su detención continuará en el establecimiento penitenciario Unidad Penal N° 6 "Gral. San Martín".

La medida rige desde la noche del 30 de enero y el imputado, Cesar Daniel Acevedo, cumplirá la misma en el establecimiento penitenciario Unidad Penal N° 6 "Gral. San Martín" de San Cayetano. La doctora Ferreyra indicó que deberá ser alojado en un lugar acorde a su edad y hecho investigado, garantizándose su integridad psicofísica, y sin que ello implique agravar sus condiciones de alojamiento.
La magistrada recomendó también que se le brinde atención a las curaciones y tratamientos que deberá continuar en el Hospital Escuela de ésta ciudad.
Acevedo fue imputado por la Fiscal de Investigaciones Concretas doctora Lucrecia Troia Quirch del delito de Femicidio (Art. 80 inc. 11 del C.P.). El hecho tuvo lugar el 26 de enero de 2023, en el barrio Serantes, cuando el imputado habría rociado con alcohol a su pareja, Alba Ricotti y luego la prendió fuego, ocasionándole lesiones de carácter grave, con quemaduras del 80% de su cuerpo.
La resolución fue tomada por la jueza en una audiencia de medida de coerción, en el marco del nuevo Código Procesal Penal que rige en la ciudad de Corrientes desde el 8 de noviembre de 2022. La misma fue solicitada por la Fiscalía y tiene por objeto limitar la libertad de una persona para evitar el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Por su parte, la Defensora Oficial Penal sustituta, doctora Mercedes Obregón, pidió el arresto domiciliario, una medida menos gravosa, con los controles de seguridad que la magistrada dispusiera.
La doctora Ferreyra escuchó a la hermana de la víctima, Teresita Ricotti, quien se pronunció en contra de la solicitud de la Defensora.
La jueza pasó a un cuarto intermedio para resolver y fundamentó su postura al señalar que existían datos objetivos que le permitían presumir seriamente la existencia de riesgos procesales. Esos riesgos eran el inminente peligro fuga dada la naturaleza, circunstancias y gravedad del hecho que se investiga y la expectativa de pena que acarrea (prisión o reclusión perpetua), descartándose la posibilidad de ejecución condicional, máxime al informarse de la existencia de una condena anterior por tentativa de homicidio que habría cumplido en el año 2018 con una pena impuesta de 6 años.
También evaluó el peligro de obstaculización de la investigación, dado que la hija de ambos era testigo presencial del hecho, y dada su estrecha vinculación parental, podría influir en el testimonio de la misma.