Diputados aprobó la ley para crear 78 cargos en el Ministerio Público
Con una sesión especial, la Cámara de Diputados decidió por unanimidad sumar 34 nuevas fiscalías de Investigación, 23 asesorías de Menores e Incapaces y 21 defensorías de Pobres y Ausentes en las cinco circunscripciones judiciales.

En una sesión especial celebrada ayer, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto girado por el gobernador Gustavo Valdés que habilita la creación progresiva de 78 cargos en el Ministerio Público. Se aprobó que para las cinco circunscripciones judiciales se creen 34 nuevas fiscalías de Investigación, 23 asesorías de Menores e Incapaces y 21 defensorías de Pobres y Ausentes. La ley fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes en la sesión especial.
De acuerdo al texto de la ley, la Primera Circunscripción Judicial tendrá 16 fiscalías nuevas de Investigación, nueve asesorías y seis defensorías. Para la Segunda Circunscripción Judicial, los legisladores aprobaron cuatro fiscalías, cuatro asesorías y tres defensorías. En la Tercera crearán cuatro fiscalías, tres asesorías y similar número de defensorías; para la Cuarta serán cinco fiscalías, tres asesorías y cinco defensorías y, en la Quinta habrá cinco fiscalías, cuatro asesorías e igual cantidad de defensorías.
A la hora de fundamentar la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo explicó que "la necesidad de creación de nuevos cargos de fiscales, defensorías y asesorías obedece al gran crecimiento demográfico de la provincia, según datos del Censo 2022 que ha generado una nueva realidad social caracterizada por relaciones sociales más dinámicas y complejas en ámbitos cada vez más amplios, con un creciente flujo de personas, bienes y servicios"
La diputada Lucía Centurión brindó más detalles en la sesión. "Este expediente viene a reforzar el compromiso, no solo del Poder Ejecutivo provincial, sino también de esta Legislatura cuando allá en 2020, en plena pandemia, se sancionó el Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes".
Explicó que la iniciativa, cumplimentados los pasos parlamentarios, vuelve al Poder Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia en el marco de dar respuesta a la demanda de celeridad en la adecuación del servicio de Justicia cumpliendo con reglas y principios constitucionales y convencionales teniendo en cuenta, especialmente, las "Reglas de Brasilia 2008" que tienen por objeto garantizar las condiciones de acceso efectivo a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
También se fundamenta en la Ley N°6.518 -que aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia- publicada en el Boletín Oficial el 27 de noviembre de 2019 dejando atrás el sistema mixto para pasar al sistema acusatorio adversarial.
"En esa oportunidad, cuando se sancionó este proyecto, el objetivo principal de esta Legislatura y de quienes integramos este acuerdo, fue dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias que nos permitieran tener un sistema judicial adecuado, en el que las partes estén en igualdad de condiciones, donde se garantice el derecho de las partes y, sobre todo, donde haya celeridad los procedimientos", agregó.
"Este proyecto que hoy estamos tratando viene a reforzar ese compromiso con una herramienta que otorga al Ministerio Público Fiscal de mayores usos humanos. Y la puesta en funcionamiento de los funcionarios judiciales se realizará de manera progresiva teniendo en cuenta la necesidad y teniendo en cuenta en estos casos la cantidad presupuestaria que se asigne", detalló la legisladora, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
"La ley viene a reforzar el mandato constitucional de tutela judicial efectiva y el compromiso de esta Legislatura de aprobar todas las normas necesarias que garanticen igualdad entre las partes, celeridad e inmediación", dijo la diputada Centurión en la sesión.
Código
La creación de estos nuevos cargos y oficinas del Ministerio Público es consecuencia de la Ley N°6.518 que reformó el Código Procesal Penal de la Provincia en vigencia plena por el cual se deja atrás el sistema mixto para pasar al sistema acusatorio adversarial en el que las fiscalías de Investigación, las asesorías y defensorías cumplen un rol crucial en las causas penales.