Nueva audiencia para buscar una solución a la crisis en el transporte
La federación empresaria señaló que "si no se toman medidas urgentes", la situación podría derivar en la paralización definitiva del servicio, "con la consecuente pérdida de empleos y capital nacional, además de afectar la vida cotidiana de millones de ciudadanos".
Toda la expectativa está puesta en una nueva audiencia entre funcionarios del Gobierno nacional, gremialistas y empresarios. Es que tras un día de cese en el servicio de transporte urbano en todo el interior del país, por una medida de fuerza de la Unión Tranviario Automotor (UTA), en el encuentro se puede resolver el conflicto. O no. Ayer, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) fue contundente en un comunicado en el que expresó que "la negociación paritaria en curso se encuentra severamente condicionada por la insuficiencia de recursos que permitan a esta representación empresaria asumir compromisos salariales sustentables en el tiempo". Luego de apuntar sobre las causas que originaron "una larga crisis", advirtió que en caso de que no se adopten medidas urgentes, causará su paralización definitiva (la del servicio), con la consecuente pérdida de empleos y capital nacional, además de afectar la vida cotidiana de millones de ciudadanos".
En otra parte del comunicado, la FATAP expresó que "las empresas del interior del país, más de 400, han subsistido en desmedro de su capital, esmerilándolo al solo efecto de garantizar la continuidad de los servicios y las fuentes de trabajo, lo que las colocó en una situación que debe ser revertida de modo inmediato, so pena de generar la quiebra de todo el sistema".
En el texto, la FATAP primero recordó que "permanecen aún sin norma que los distribuya, $10.500 millones adicionales comprometidos por el Estado nacional, en el marco de la negociación paritaria del mes de febrero del corriente, y que adeuda al día de hoy $13.500 millones provenientes del Fondo Compensador al Transporte".
Y luego señaló que "los poderes concedentes locales incumplen los contratos de concesión, fijando tarifas sobre criterios meramente políticos, sin respetar las normas técnicas en ellos dispuestas, lo que genera un precio del servicio completamente desactualizado que no remunera siquiera mínimamente la prestación, en tiempos de inflación descontrolada y costos de financiamiento exorbitantes".
Por otra parte, el Gobierno de Chaco se comprometió con los sindicalistas locales y la medida se levantó en la vecina provincia. Algo parecido ocurrió con el Gobierno nacional y los representantes gremiales para el freno de la huelga en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Tras sucesivos reclamos al Gobierno nacional sin una respuesta concreta y teniendo en cuenta que las comisiones dadas por las empresas petroleras no han sido contractualmente adecuadas frente a la creciente disminución de la rentabilidad del sector, las cámaras y federaciones que integran la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) decidieron declarar el estado de emergencia en todo el país.
"Estamos con la soga al cuello, la inflación y el retraso en los precios de los combustibles hace insostenible mantener las estaciones abiertas. Necesitamos una solución", reclamaron.
"Desde la pandemia que venimos registrando pérdida de rentabilidad en el sector con la caída de ventas y el congelamiento de precios. Luego, el cuadro fue mejorando paulatinamente, pero hoy nos encontramos en un contexto crítico producto de la inflación y el retraso en los precios en los surtidores", aseguraron.
En este marco, consideraron que el programa Precios Justos plantea un sendero de incrementos regulados, pero no alivia la situación de los estacioneros, ya que no se equipara al índice de precios generales y no alcanza a cubrir los aumentos de sueldos acordados. "Las variables macroeconómicas y energéticas condicionan hasta el hartazgo nuestra actividad", denunciaron.
Según números de la organización, los ingresos de las estaciones de servicio por venta de los combustibles -promedio el 10% del precio del surtidor- se encontraron congelados durante el período mayo 2021 a enero 2022 y luego contenidos por el sendero de precios en el período diciembre 2022 a mayo 2023.
"Si proyectamos a agosto de este año, el descalce entre los ingresos contenidos y los egresos actualizados llevará a que la mitad de las estaciones de todo el país no alcancen el punto de equilibrio hoy ubicado en 330.000 litros por mes", alertaron desde la Confederación que nuclea a los estacioneros.