Patricia Bullrich denunció al Gobierno por intervenir su fundación
El ministro de Justicia, Martín Soria, ordenó la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) por 180 días hábiles.
La titular del PRO -de licencia para hacer campaña electoral- Patricia Bullrich denunció esta semana al ministro de Justicia, Martín Soria, después de que entrara en vigencia la intervención de su fundación por un plazo de 180 días hábiles.
El ministerio de Justicia encabezó la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo por presuntas irregularidades económicas, pero la titular del PRO acusó al Gobierno de usar el caso para "correr la atención de su gestión desastrosa".
La fundación presidida por Patricia Bullrich está sospechada de ser parte del presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial, y el juez Lijo ordenó su intervención tras reparar en las "irregularidades contables" que ya habían sido detectadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.
"La entidad ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campaña política", sostuvo el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, en su resolución.
Tras acusar de persecución política al ministro de Economía, Sergio Massa, la titular del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio dirigió sus esfuerzos a pelear la causa ante el poder Judicial.
Así, esta semana la abogada de Patricia Bullrich, Silvina Martínez, afirmó que "lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista".
La fundación presidida por Patricia Bullrich está sospechada de ser parte del presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial, y el juez Lijo ordenó su intervención tras reparar en las "irregularidades contables" que ya habían sido detectadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.
"La entidad ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campaña política", sostuvo el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, en su resolución.
Tras acusar de persecución política al ministro de Economía, Sergio Massa, la titular del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio dirigió sus esfuerzos a pelear la causa ante el poder Judicial.
Así, esta semana la abogada de Patricia Bullrich, Silvina Martínez, afirmó que "lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista".