Rechazan "por discriminatoria" la negativa de IOSCor en caso de fertilización asistida
El IOSCor rechazó el pedido de una pareja para un tratamiento de fertilización asistida. Los argumentos fueron que "el tratamiento es muy caro" y "la afiliada poseía un hijo biológico engendrado con una pareja anterior". Para la Justicia, esa postura "no sólo son contrarios a las normas jurídicas vigentes y discriminatorios, sino hasta injuriosos"
La obra social objetó el pedido: argumentó que el derecho de formar una familia ya se había cristalizado al señalar que "la afiliada poseía un hijo biológico engendrado con una pareja anterior".
Además de cuestionar los altos costos que el tratamiento implicaba para las arcas institucionales, reprochó la pretensión de una concepción con procedimientos "sumamente cuestionados en sus aspectos bioéticos y jurídicos".
Incluso sostuvo que la pareja protegía sus derechos sin tener consideración por los del aún no nacido.
Discriminación en el ámbito de la salud
La doctora Martha Helia Altabe, integrante de la Cámara de Apelaciones con Competencia Administrativa y Electoral, desestimó el planteo de la obra social. Aseguró que los argumentos utilizados por el IOSCor para negar el acceso al tratamiento de fertilización asistida "ponían de manifiesto un patrón socio-cultural y estereotipos de género que eran no sólo contrarios a las normas jurídicas vigentes y discriminatorios, sino hasta injuriosos para quienes recurrían a esos procedimientos".
La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros Tratados y Convenciones con rango constitucional, incluso la Constitución de la Provincia de Corrientes, protegen la salud integral de la mujer y la familia en todos los aspectos, incluida la reproducción.
En particular, el caso analizado abordaba el derecho a la procreación, es decir que se protegía la maternidad y la posibilidad de constituir una familia.
Argentina, como Estado parte, tiene la obligación de adoptar todas las medidas de acción positiva, tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito médico, y asegurar el acceso inclusive a las que se refieren a la planificación familiar. En el caso lo ha hecho a través de la Ley Nacional 26.862 y sus Decretos reglamentarios,
La respuesta que recibió una pareja afiliada al solicitar un tratamiento de fertilización de alta complejidad a una obra social fue que debía conformarse con el hijo biológico que ésta tenía con una pareja anterior. Además le indicaron que sólo podía acceder a tres tratamientos anuales de fertilización asistida de alta complejidad. Su derecho a formar una familia se había realizado con ese hijo, sostuvieron.
La Cámara de Apelaciones con Competencia Administrativa y Electoral consideró que además de antijurídica y discriminatoria, la contestación violentaba el derecho de la mujer a procrear y el de la pareja el derecho a la planificación familiar sin interferencia estatal o de terceros dejados de lado por la Obra Social demandada.
La jueza agregó que las expresiones vertidas por la entidad se inmiscuían en la vida privada de las personas y pretendían manipular una decisión personal. Llegaron al extremo, indicó, de manifestar que debían conformarse con el hijo biológico de la afiliada, cuando existía un derecho personalísimo en disputa con reconocimiento legal, convencional y constitucional.
Según el criterio exhibido por la obra social sólo sería aceptada entonces la concepción de naturaleza biológica o adoptiva, y se descartarían las técnicas de reproducción asistida previstas en la legislación argentina.
Por otra parte, la Ley de Fertilización asistida posicionó al Estado como garante del acceso integral a los tratamientos médico- asistenciales de reproducción asistida, para todas las personas mayores de edad, sin distinción ni discriminación alguna. Inmiscuirse, a fin de tratar de fundar sus agravios, en la vida íntima/privada de las personas era violentar derechos reconocidos en la Constitución Nacional.
En la sentencia N° 321/23 la doctora Altabe –cuyo voto fue acompañado por la doctora María Herminia Puig- aseguró que a esa vulneración de los derechos procreacionales de la pareja constituía una forma de violencia contra las mujeres.