La violencia en Rosario desnuda la indigencia institucional de las políticas de seguridad 

Los efectos se amplifican por la torpeza de las autoridades para entender un fenómeno de extremada complejidad, que exige no solo competencia técnica sino dosis extraordinarias de sentido común y predisposición de todos los actores en conflicto para compartir un diagnóstico estratégico común, basado en evidencias empíricas incontrastables.

La política vuelve a volcar, desbordada por la polarización y los ajustes pendientes. La política nacional vuelve a enredarse en confusiones lamentables acerca de la naturaleza del fenómeno del narcotráfico, sus causas, manifestaciones centrales y dinamismo previsible. Una mezcla de recetas importadas, sin mayor beneficio de inventario se combina con una resistencia a las evidencias y un espíritu de venganza que sigue envenenando el tratamiento de la cuestión criminal en la sociedad argentina en general y en Santa Fe en particular. 

Una de las grandes asignaturas pendientes es la de la gobernanza de la seguridad. Como muchos otros países federales paralizados en su evolución institucional, Argentina carece de mecanismos institucionales que hagan posible las relaciones intergubernamentales, tanto verticales (Nación-Provincia-Municipio-Barrio) como horizontales (relación entre provincias, entre municipios) y sobre todo un vacío inexplicable en los mecanismos de coordinación multi jurisdiccional.

A diferencia de muchos otros países que han avanzado sobre estas dificultades, Argentina carece de agencias intergubernamentales que permitan la coordinación efectiva de las respuestas a problemas graves en las facultades concurrentes entre la nación y los poderes locales. Una dificultad que se extiende a ampos muy diversos, como, por ejemplo, la coparticipación federal de impuestos, las políticas de educación, de salud, de medio ambiente o de protección y desarrollo social . .

Existe una constante superposición y solapamiento de esfuerzos, que conlleva dilapidación de recursos, dificultad para garantizar la continuidad de esfuerzos más allá de los gobiernos que los inician, capacidad para actuación en simultaneo y, sobre todo , para la indispensable coordinación de organismos, competencias, materias, funciones, informaciones y recursos materiales y humanos. Las catástrofes naturales o los incendios son una demostración palpable de esta laguna catastrófica en la capacidad del país de responder a desafíos que sobrepasan los diseños institucionales recibidos. 

En el caso de la seguridad ciudadana, existen razones institucionales de base. En la Constitución Nacional, las referencia las a la función de seguridad son mínimas (arts. 18, 43, 75 incs. 2 y 16). De hecho, opera el principio del art. 121 de "que las provincias conservan todo el poder no delegado por esa Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación" Desde esta base normativa, la competencia en materia de seguridad correspondería a las provincias.

En este como en mucho otros ámbitos, propios de las nuevas dimensiones y desafíos de la inseguridad colectiva, en particular el narcotráfico, la realidad funciona en sentido exactamente contario. La Nación monopoliza desde hace años esta función, en una línea de trabajosa y siempre conflictiva relación con las provincias. La existencia de una reunión periódica de los ministros – hoy por hoy en un Consejo de Seguridad Interior casi inoperante- apenas atenúa las dificultades que este enorme vacio institucional plantea. 

Ocurre que, en la práctica del federalismo, la seguridad y la lucha contra el crimen y la violencia se han consolidado hace tiempo como una facultad concurrente. La existencia de una Agencia Federal como la AFI, cabeza de un sistema nacional de inteligencia, desarrolla de hecho funciones altamente controvertidas que poco aportan a llenar el vacío de coordinación que existe en el país. Al igual que el Consejo de Seguridad estas agencias poco o nada tienen que ver con la prevención de la inseguridad. Su dinámica esta mas cerca del espionaje o del tipo de políticas que plantean las doctrinas de la seguridad y la defensa nacional. La pretensión protectora y punitiva del Estado solo se dispara ante la existencia de delitos -hechos antijuridicos, típicos, culpables y punibles en el caso concreto-. 

De allí el interés que suscitan iniciativas como la que acaba de plantear Ricardo Lorenzetti para el caso del narcotráfico. Es la perspectiva de un miembro de la Corte Suprema, con una experiencia sobresaliente en este tipo de conflictos, que se suma a un conocimiento de protagonista respecto de todo lo que tiene que ver con su provincia de Santa Fe.

El objetivo sería sentar cuanto antes las bases para la posible creación de una Agencia Federal para la Prevención de la Inseguridad y la Violencia, que opere sobre la base de una Ley-Convenio, a la que adherirán todas o algunas de las provincias y que se centra en el tratamiento de materias hoy desatendidas por los mecanismos establecidos.

Los objetivos de la nueva institucion, serian la gestión y análisis de la información, la recopilación de estadísticas y análisis de datos con utilización de las más modernas tecnologías para la prevención, la formación y capacitación de recursos humanos, la asimilación e implementación de las más modernas tecnologías para la prevención. 

Una agencia basada en la cooperación entre las provincias firmantes del acuerdo permitiría atender al estudio permanente de reformas legislativas y reglamentarias que permitan una mejora continua y adaptación constante de la legislación y las jurisprudencias a las nuevas necesidades sociales. Problemas como el del narcotráfico solo pueden ser abordados desde la perspectiva del análisis estratégico, diseño e investigación de escenarios prospectivos, con una vocación de acción inmediata a través de conclusiones y recomendaciones para el gobierno y el tratamiento de la dimensión interdisciplinaria y multinivel de las políticas de prev

ención.

Por Enrique Zuleta Puceiro

Consultor y analista político.