Funcionarios de Macri en Yacyretá gastaron 40 mil dólares para una auditoría que ya se hizo
Se trata de una consultora externa acusada de corrupción en la década del 90. El caso fue investigado decenas de veces
Un nuevo escánadalo de magnitudes considerables salpica a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El organismo argentino-paraguayo que administra la hidroeléctrica acarrea una extensa lista de conflictos no resueltos que se actualizan como oportunidades de negocios ante la renovación de autoridades. "Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá", dijo Carlos Menem en abril de 1990, pocos meses después de asumir como presidente.
Lo concreto es que los actuales funcionarios argentinos contraron un servicio de consultoría externa por USD 40.000 para llevar a cabo una auditoría sobre una de las varias deudas que tiene la hidroeléctrica, tal como consta en los documentos a los que LPO accedió en exclusiva. Lo escandaloso es que no es la primera vez que se contrata a una consultora para la misma auditoría.
Tal como consta en el texto enviado por el Estudio Jurídico Díaz Bobillo se le hace llegar a las autoridades de la empresa "la propuesta de honorarios por los servicios solicitados". Para seguir el tema Bobillo puso a Juan Manuel Carassale, que no por casualidad fue el segundo de Juan José Aranguren, cuando fue ministro de Energía.
Bobillo es además abogado de Central Puerto la generadora de Nicolás "Nicky" Caputo, el hermano del alma de Macri.
El actual titular de la EBY del lado argentino es Alfonso Peña, estrechamente vinculado a Mauricio Macri. Peña fue compañero del expresidente en el Cardenal Newman y trabajó en Mirgor, la primera empresa de Nicolás Caputo. Además, el director de la EBY estuvo al frente de Decavial, firma que se asoció a Caputo SA para la compra del terreno del Hospital Ferroviario por la suma de USD 6 millones en 2008. Tras la adquisición, el gobierno porteño, entonces en manos de Macri, modificó la zonificación del predio, lo que permitió que estas dos empresas vendiesen el terreno en USD 23 millones.
FUENTE: LA POLÍTICA ONLINE