Condenaron a un correntino por transportar 1,9 toneladas de marihuana

El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Noemí Berros, Roberto López Arango y Mariela Rojas, resolvió condenar a Jorge Darío Fernández Orué, de 38 años, oriundo de Paraguay, a la pena de siete años y seis meses de prisión y multa de 1.050.000 pesos por el delito de Transporte de estupefacientes; y a Juan Antonio Nicolás Lugo, de 40 años, oriundo de Corriente, Argentina, a la pena de tres años y seis meses de prisión y multa de 1.875.000 como autor del delito de facilitación de elementos para el transporte de estupefacientes.

Al primero se le imputó su rol como "puntero/campana" del transporte de la importante carga de estupefacientes, en tanto que al Lugo se le endilgó que "concretamente, haberle facilitado a Gastón Leonel Siandra los contactos para la adquisición de las mandarinas que ocultarían el cargamento tóxico y la documentación para su traslado".

La causa se inició contra Diego Luis Espíndola y Fernández Orué, por la supuesta "co autoría del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Concretamente a Espíndola se le achacó haber participado en su rol de acompañante de Gastón Leonel Siandra, en su viaje al norte para proveerse del material estupefaciente y en su desplazamiento desde Misiones hacia el sur con el cargamento tóxico, habiendo descendido del camión en la localidad de Chajarí, Entre Ríos". A Fernández Orué se le endilgó haber participado en ese mismo transporte, en la modalidad de "puntero/campana".

Por su parte, a Lugo se le atribuyó haber facilitado los elementos para el transporte de estupefacientes, concretamente, haberle facilitado a "Siandra los contactos para la adquisición de las mandarinas que ocultarían el cargamento tóxico y la documentación para su traslado, de modo que éste –junto a Espíndola y Fernández Orué- pudiere transportar el material estupefaciente hallado e incautado en su poder, aquél que transportaron desde la provincia de Misiones hasta la provincia de Entre Ríos –en que fue desbaratado el delito en curso-, que tenía por destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)".

La investigación se inició con el procedimiento en el que se detuvo a Siandra, y con posterioridad, a Espíndola, Fernández Orué y Lugo, que se realizó el 25 de marzo de 2023, durante un rutinario control vehicular realizado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sobre la Ruta Nacional Nº 14, sobre el kilómetro 240, en Puerto Yeruá, Departamento Concordia. Ese día, "luego de evitar su posible fuga dadas las maniobras evasivas que intentó realizar el conductor ante la solicitud de detención, la prevención detuvo la marcha de un camión marca Magirus Deutz, modelo 200 D19 FLC, y semirremolque Hermann, modelo S.BV.1E.55, que circulaba de norte a sur (desde la provincia de Misiones con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)…".

Aquel día se identificó a Siandra, que conducía el pesado rodado y tras controlar la documentación a su nombre, "se realizó el pasaje del can Zeus detector de narcóticos, quien reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes, marcando el sector de la boquilla de descarga, en la parte baja del acoplado y tractor, con lo cual, la prevención procedió a un control exhaustivo".

Así, los preventores "lograron hallar ocultos debajo de los bines de mandarinas y contra el piso del tractor y el acoplado, un total de 94 grandes bultos envueltos en bolsas negras, conteniendo cada bulto alrededor de 20 paquetes o ladrillos compactos con sustancia vegetal, en un total de 1.895 ladrillos. Practicado el test antinarcóticos sobre el material arrojó resultado positivo para la especie cannabis sativa (marihuana), con un peso total in situ de 1.857,804 kilogramos".

En las últimas palabras de los procesados, antes de cerrar el debate en la audiencia del 31 de marzo de 2025, Lugo expresó que era inocente de lo que se lo acusaba, que él nunca supo lo que Siandra hacía; en tanto que Fernández Orué dijo: "Soy inocente, no soy ‘Churry’. No tengo nada que ver. Los audios dicen la verdad".

 No obstante aquellas manifestaciones, el Tribunal entendió que "dada la autosuficiencia motivacional que debe reunir toda sentencia y conforme el cuadro probatorio arriba descripto, cabe señalar que se ha probado sobradamente, sin fisuras ni contradicciones y con el grado de certeza que es menester en este estadio conclusivo del proceso, que el 25 de marzo de 2023, en horas de la mañana, el camión Magirus Deutz, con semirremolque Hermann, conducido por el ya condenado Gastón Leonel Siandra y que circulaba por la RN 14, en dirección norte-sur, desde la provincia de Misiones y con destino a la ciudad de Buenos Aires, fue detenido en el puesto de control del Escuadrón 4 de GNA, ubicado en el kilómetro 240 de la RN 14, en su intersección con la RN 18, Puerto Yeruá, Departamento Concordia de esta provincia, por personal de dicha fuerza de seguridad nacional, en el marco de un operativo público de prevención y control rutinario vehicular".

 El Tribunal consideró que "pese a que el camión venía cargado de cítricos -30 bines de mandarinas, 9.600 kilogramos, su conductor no se detuvo en el puesto fitosanitario ubicado unos 200 metros al norte del puesto caminero de GNA en el que enseguida fue interceptado". El acta de pesaje de la droga dio cuenta que la marihuana incautada tenía un peso neto total de 1.857,804 kilogramos y que la pericia química practicada en sede judicial por GNA "corroboró que el peso total del material estupefaciente transportado y secuestrado ascendía a esas casi 1,9 toneladas, confirmando que se trataba de cannabis sativa (marihuana), con una concentración promedio de THC entre 1,28% y 7,35%".

Los magistrados consideraron que "sin ingresar en elementos atinentes a la tipicidad, baste señalar que el cuadro probatorio reunido acredita que Lugo, residente de Chajarí –al igual que Siandra- se dedica a la intermediación y compraventa de cítricos y hortalizas y que, efectivamente, le facilitó a Siandra, para el transporte, los elementos que el MPF refiriera al momento de acusarlo".

El Tribunal entendió que aquel "caudal probatorio -de fuente pericial y con sostén en informes técnicos consistentes y científicamente fundados- derivado del análisis de los celulares secuestrados, de los informes proporcionados por las prestatarias y del análisis de geolocalización por las antenas en que impactaron las llamadas, chats y datos móviles de las líneas, como del análisis del IMEI terminado en ‘560’ (cuya intervención se ordenó judicialmente) en el que traficaba -para la fecha del hecho- la línea finalizada en ‘430’ perteneciente a ‘Churry’ que ofició de ‘puntero’ permitió demostrar -más allá de toda duda razonable- que el usuario de esa línea era Fernández Orué, extremo éste que la defensa intentó controvertir con la contra hipótesis alternativa arriba expuesta y que más abajo se examinará confrontando dicha versión defensista con la prueba reunida que, según veremos, la desmiente".

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