Ciberbullying en Corrientes: para el Juez "las escuelas deben tener un protocolo de uso de las redes sociales"
El juez Hugo Alejandro Sánchez Martínez, quien resolvió adoptar una medida cautelar para proteger a una adolescente de 17 años que denunció ser víctima de acoso escolar, brindó una entrevista exclusiva a Radio Dos. "Las escuelas deben poner pautas de uso de las redes", expresó el magistrado y advirtió: "actuamos para evitar un mal mayor"
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de Paso de la Patria resolvió adoptar una medida cautelar para proteger a una adolescente de 17 años que denunció ser víctima de acoso escolar por parte de un grupo de compañeros del colegio al que asiste.
La decisión fue tomada por el juez Hugo Alejandro Sánchez Martínez, quien fundamentó la medida en diálogo exclusivo con Radio Dos.
"Hay que poner pautas de uso de las redes, y las escuelas deben tener una especie de protocolo, al menos deben trabajar en eso. La idea es tener un proceso de crecimiento y respeto al otro. Nuestros chicos deben ser controlados en la utilización de las redes sociales", expresó el juez Sánchez Martínez.
"Esa convivencia de no agredir al otro es la pauta esencial. Hay que eliminar el maltrato", sostuvo
El Juez subrayó: "hemos actuado de oficio porque nos habilita el Código de Familia. Estamos resguardando no solo a la persona agredida sino también a quienes no entienden como manejar las redes sociales. Y acá había una falta de respeto y hostigamiento permanente"
Sánchez Martínez resaltó que "lamentablemente se repitieron varios hechos en esta institución en particular"
"Los chicos deben entender que no puede volver a pasar y la institución debe hacer un protocolo de uso de las redes sociales. Tenemos antecedentes de que ésto pude derivar en cosas mas graves", recalcó el Juez
La resolución judicial fue comunicada a los directivos del colegio para que tomen las medidas necesarias. También se notificó a los adolescentes involucrados, sus tutores y responsables, y se les indicó que el incumplimiento de esta orden puede constituir un delito penal.
El juzgado dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas en caso de que la situación lo requiera o se presenten nuevos elementos.