Chavarría: el STJ anuló la sesión paralela y fijó límites a las mayorías
El máximo tribunal declaró nulo lo actuado por tres concejales tras la ruptura del 15 de diciembre de 2025. Señaló que no alcanzaban los votos para decisiones clave y cuestionó la falta de deliberación en el proceso.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes puso fin al prolongado conflicto institucional en Chavarría al dictar la Sentencia N°01/2026, en la que declaró la "nulidad de todo lo actuado" por el Concejo en la sesión del 15 de diciembre de 2025 a partir del retiro de la presidente del cuerpo y dos ediles. La resolución zanja la disputa política que mantenía paralizado al legislativo y fija un criterio claro sobre mayorías y procedimientos.
El fallo es categórico: los actos posteriores a la ruptura "carecen de validez" por incumplir requisitos esenciales de "quorum, deliberación y votación". En otras palabras, el STJ no solo revisó la legalidad formal de aquella sesión, sino también la calidad institucional de las decisiones adoptadas.
En su argumentación, el Tribunal puso el foco en la regla de las mayorías agravadas. "Para un cuerpo de cinco miembros, los dos tercios equivalen a cuatro votos", precisa la sentencia, en referencia al artículo 135 de la Carta Orgánica Municipal. Bajo ese parámetro, los tres concejales que continuaron la sesión no estaban habilitados para designar autoridades ni para incorporar temas "sobre tablas". La conclusión es directa: "Las decisiones adoptadas no alcanzaron las mayorías exigidas y, por tanto, resultan inválidas".
El STJ también cuestionó el modo en que se desarrolló la sesión paralela. Según el texto judicial, no existió un "intercambio dialéctico" que permitiera evaluar la idoneidad de los funcionarios designados ni garantizar mecanismos de control. "La deliberación es un requisito sustancial del funcionamiento de los cuerpos colegiados", subraya el fallo, que advierte sobre los riesgos de convertir una mayoría circunstancial en una herramienta discrecional.
El origen del conflicto se remonta a la última sesión del año pasado. En aquella jornada, un grupo de concejales impulsó el tratamiento de la situación del Secretario de Actas y la designación de un reemplazante, un punto que no figuraba en el orden del día. Ante esa situación, la viceintendente y presidente del cuerpo, Rocío Pompeya Valenzuela, decidió levantar la sesión.
Tras su retiro, tres ediles continuaron deliberando bajo la conducción de la vicepresidencia. En ese marco, avanzaron con la designación de una nueva secretaria administrativa, tomaron juramento y abordaron cuestiones sensibles como la tarifaria 2026 y modificaciones presupuestarias. Para la oposición, la sesión tenía validez: "Como vicepresidente tomé el lugar de la presidencia y continuamos con la sesión", sostuvo en su momento una de las concejales involucradas.
Ese quiebre institucional derivó en una escalada judicial. La viceintendente acudió al STJ con un planteo por "conflicto de poderes", mientras que los ediles opositores impulsaron denuncias penales por presunto abuso de autoridad. En paralelo, el Concejo quedó virtualmente paralizado.
El impacto no fue menor. El intendente Roberto Dieringer advirtió que la falta de acuerdos dejó al municipio con "un presupuesto del año pasado y la tarifaria congelada frente a la inflación". En ese contexto, el fallo judicial adquiere una dimensión que trasciende lo técnico.
Fuente: diarioepoca.com.ar