Corrientes: inquilinos rechazaron el proyecto de desalojos exprés

La Asociación de Inquilinos de Corrientes expresó su rechazo al proyecto de ley denominado de "Inviolabilidad de la propiedad privada", que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y podría avanzar en la Cámara de Diputados.

A través de una carta dirigida a cada uno de los diputados nacionales que representan a Corrientes, la organización planteó sus cuestionamientos a la iniciativa y sostuvo que el capítulo referido a los desalojos representa un retroceso para los derechos de los inquilinos.

Desde la asociación señalaron que el proyecto pretende reforzar una garantía que, según entienden, ya se encuentra contemplada dentro del orden constitucional argentino. En ese sentido, cuestionaron que se busque modificar el sistema actual a partir de un problema que, a su criterio, no se encuentra respaldado por evidencia suficiente.

La misiva llegó a los cuatro legisladores por Corrientes: Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), Diógenes Ignacio González (UCR/Vamos Corrientes), María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza), y Raúl Hadad (Unión por la Patria). Uno de los principales argumentos planteados por la organización apunta a la supuesta existencia de una problemática generalizada de usurpaciones por parte de inquilinos.

"No hay absolutamente ningún estudio que ratifique que estamos frente a una oleada de inquilinos usurpadores", sostiene la carta enviada a los legisladores.

Como contracara, la Asociación de Inquilinos de Corrientes puso el foco en las dificultades económicas que atraviesan quienes alquilan. Según un estudio nacional citado en el documento, el 73% de los hogares inquilinos están endeudados; mientras que dentro de ese grupo un 37% contrajo deudas específicamente para poder pagar el alquiler.

La entidad sostiene que, ante la dificultad para llegar a fin de mes, muchos inquilinos deben reducir gastos vinculados con alimentación, medicamentos, servicios y vestimenta para sostener el pago de la vivienda.

Otro de los puntos centrales del planteo está relacionado con la situación de quienes deben abandonar sus viviendas por no poder afrontar los aumentos de los alquileres.

La asociación cita el mismo estudio para señalar que uno de cada cuatro inquilinos consultados manifestó haber sufrido un "desalojo económico" en los últimos meses. Se trata de situaciones en las cuales las personas terminan dejando la vivienda por no poder afrontar el costo del alquiler.

A esto se suma una problemática particular en Corrientes: inquilinos que

deben abandonar viviendas debido al deterioro de los inmuebles y a la falta de respuesta ante sus reclamos.

Para la entidad, los contratos cortos, los llamados "autodesalojos" y los desalojos forzados generan mudanzas constantes que afectan la economía familiar y también alimentan un circuito de intermediación alrededor del mercado de alquileres.

Frente al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, la Asociación de Inquilinos de Corrientes pidió a los representantes nacionales que voten negativamente la iniciativa.

Además, propusieron que los legisladores se reúnan con organizaciones de la sociedad civil, académicos y profesionales para discutir alternativas que permitan mejorar las condiciones habitacionales y proteger a los sectores más vulnerables.

Los cambios que propone el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

El proyecto aprobado en el Senado de la Nación a principios de agosto modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo.

Las acciones respecto de inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitarse mediante el juicio sumarísimo, que contempla plazos procesales más breves.

Una vez trabado el conflicto de intereses, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble cuando la demanda se dirija contra tenedores precarios, intrusos u otros ocupantes cuyo deber de restitución resulte exigible, siempre que considere verosímil el derecho invocado.

El proyecto contempla, además, reglas específicas respecto de la caución que deberá prestar quien solicita esa restitución y establece salvaguardas cuando existan terceros u ocupantes de buena fe.

También prevé mecanismos de protección cuando en el inmueble residan niños, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos deberá darse intervención previa a los organismos locales de protección y al Ministerio Público correspondiente antes de concretar el lanzamiento.

El juez podrá conceder un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin que ello implique suspender el trámite del proceso.

La reforma también amplía el uso de las notificaciones electrónicas, las facultades del oficial notificador y las medidas que pueden incorporarse al mandamiento de lanzamiento, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, allanamiento, apertura de cerraduras y habilitación de días y horas inhábiles.

En los desalojos derivados de la falta de pago o del vencimiento contractual también podrá solicitarse la desocupación anticipada bajo caución.

Fuente: diarioepoca.com.ar