Adopción prenatal: La Iglesia celebró el fallo y el colectivo de mujeres pidió un protocolo ILE

 
 
 
 
 La jueza de Familia de Menores Marta Legarreta resolvió el pasado 12 de julio que una pareja ejercería la guardia provisoria de un bebé que nació nueve días después. Acto jurídico para el cual contaba con el consentimiento de la joven madre que era violada sistemáticamente por su padrastro. Si bien la adopción no está firme, el fallo generó voces a favor y en contra. En el primer grupo está la Pastoral Familiar Arquidiocesana, Grávida y Justicia y Paz que consideró como una “actuación acertada” lo dictaminado por la magistrada. Y en el segundo, desde el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes repudiaron lo resuelto, pidieron la derogación del decreto de provincia provida y la implementación de un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El caso se hizo público, tal como informó El Litoral en su edición del pasado viernes 26, a partir de una nota en Diario Judicial. La medida, que luego fue comunicada oficialmente por el Poder Judicial de Corrientes, tuvo repercusión nacional e internacional. (Ver recuadro).
Mientras continúa el debate sobre si fue correcta o no la decisión judicial, el bebé permanece bajo la guardia provisoria de una pareja que fue seleccionada en el registro de adoptantes local. Considerando que al cumplirse 45 días del nacimiento, la madre deberá ratificar o rectificar su decisión de dar al bebé en adopción.
Sobre esto, la magistrada en diálogo con Clarín manifestó que -en un primer momento- la joven pidió la interrupción legal de su embarazo. Medida que en su caso está contemplada en la legislación vigente ya que fue víctima de una violación sistemática por parte de su padrastro, por lo que incluso -hace más de dos años- dio a luz a una beba.
Sin embargo, según lo argumentado por Legarreta, fue la misma joven quien solicitó dar en adopción a su bebé ni bien naciera.
En base a lo expresado por la madre, la jueza otorgó la guarda provisoria del niño.  

Inédito y esperanzador
La comisión Pastoral Familiar Arquidiocesana, Grávida y Justicia y Paz definió como “inédito y esperanzador” al fallo de la jueza de Libres. Al mismo tiempo, aseveró que “la vida es un derecho y hay vida humana desde la fecundación”.
“Por eso, celebramos -seguramente junto a numerosos de nuestros conciudadanos correntinos- la acertada actuación de la jueza de familia, Marta Legarreta, por haber resuelto otorgar con carácter cautelar, urgente y condicionado a la ratificación del consentimiento materno, el cuidado provisorio inmediato al nacimiento de un bebé, hijo de una joven que sufrió un abuso sexual por parte del padrastro”, manifestaron en el primer párrafo de un comunicado que difundieron ayer.
Tras lo cual continuaron: “Como lo fundamenta el fallo, se trató de una medida urgente tendiente a evitar los riesgos que acarrearía la permanencia del niño junto a su madre por el plazo que estipula la legislación, en contra de su voluntad, sumado al peligro de un posible abandono o entrega ilícita en guarda de hecho a terceros. Medida que consideramos atinada conforme a los hechos planteados”.
Luego, hicieron hincapié en que “también se garantizó, por un lado, el derecho de la joven madre a ser oída con intervención interdisciplinaria; y, por el otro, la selección de los postulantes inscriptos en el registro de guarda con fines adoptivos. En todo momento, la magistrada respetó la voluntad de la víctima, preservó la privacidad de la niña madre y realizó la denuncia de la violación contra el padrastro”.
Asimismo, destacaron que “todo lo expuesto evidencia que aún ante casos tan dolorosos como el embarazo fruto de una violación, es posible desde la justicia llegar a una solución que armonice el derecho de la madre adolescente a que su opinión sea tenida en cuenta y el derecho del niño por nacer a la protección de su vida, utilizando el sistema que nuestra ley prevé para los casos en que los padres manifiestan su voluntad a renunciar a los derechos y obligaciones en relación con sus hijos”. Y por último, subrayaron “esperamos que el fuero penal actúe con la misma celeridad y eficacia con que actuó el fuero de familia, para llegar a una severa y efectiva sanción penal del abusador. Asimismo, que el Estado administrador brinde el acompañamiento necesario a la víctima para superar las consecuencias psicológicas del abuso y se le brinde asistencia técnica gratuita para obtener la reparación de sus derechos como víctima en el proceso penal”.

Decreto y protocolo
Por su parte, el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes emitió un comunicado repudiando lo resuelto por la magistrada. Y en este contexto, reclamaron que la Provincia establezca un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) porque al no contar con ese instrumento legal -advirtieron- una mujer embarazada como consecuencia de una violación no puede abortar.
Seguidamente, recuerdan que en el 2011, por decreto se declaró a Corrientes como una provincia provida. Y por ello, piden tanto la derogación de esa norma como así también la aplicación de un protocolo ILE.

Fuente: Ellitoral.com.ar