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La echaron por utilizar 36 certificados médicos truchos para no ir a trabajar

Una administrativa del PAMI presentó 36 certificados médicos en un plazo de 13 meses, por lo que, al revisar el caso, en el organismo nacional comprobaron que los permisos eran truchos y que hizo toda esa movida para no ir a trabajar. El PAMI, además, denunció a la empleada por fraude y ocasionar un perjuicio económico de más de $200 mil. 

La echaron por utilizar 36 certificados médicos truchos para no ir a trabajar

Por eso, la obra social de los jubilados decidió despedir con justa causa a la mujer y, además, denunciarla en la Justicia Federal por el uso de un documento falso, fraude y ocasionar un perjuicio a la entidad de 218.672,72 pesos. De ser encontrada culpable, la exempleada puede ser condenada de dos a seis años de prisión.

Quien está en la mira es D. M. M. y su caso es similar al que ocurrió con una empleada administrativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que también utilizó un certificado médico apócrifo para ausentarse de su trabajo. En este caso, la mujer usó el documento para viajar a Chile y su caso también llegó a la Justicia por defraudación a la administración pública.

La denuncia contra Martínez la hizo el titular del PAMI nacional, Sergio Cassinotti, ante la Fiscalía Federal. En su escrito, el director apuntó que en el organismo se detectaron "graves hechos ilícitos" enmarcados en la defraudación contra la entidad. Según el sumario que se llevó adelante, la mujer utilizó 36 certificados médicos truchos con los que "pretendió engañar al instituto". 

Las fuentes apuntaron que M. se desempeñaba como empleada administrativa en el edificio de calle Córdoba y Mendoza, en diagonal a la sede central, y que los documentos en cuestión se utilizaron entre enero de 2016 y febrero de 2017. La mujer presentó certificados todos los meses, en algunos una vez y en otros hasta cinco veces en un mismo período de 30 días. 

Delitos

PAMI apuntó contra la mujer por dos delitos graves: defraudación en perjuicio de la administración pública y uso de documento público adulterado o falso. Si la mujer no falsificó los documentos, pero los usó, puede ser considerado como que fue ella la que los confeccionó. La pena máxima alcanza los seis años de prisión.

Diario de Cuyo