Esquina: Inició el juicio contra ex policía acusado de proteger un prostíbulo

Tal como se había anticipado desde El Litoral, arrancó ayer el debate contra un policía y dos civiles, quienes nuevamente serán juzgados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes por el delito de trata de personas.
Los imputados habían sido sobreseídos, pero luego de un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación se resolvió que el expediente vuelva a debate con una nueva composición del Tribunal de juzgamiento.
La banda habría trasladado y explotado al menos a ocho víctimas en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo ubicado en la ciudad de Esquina, pero tras haber sido juzgados se resolvió absolverlos. Luego el Ministerio Público apeló el fallo y ahora se volverá a realizar un juicio.
El fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Juan Carlos Gemignani, anuló un fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio por parte de un nuevo Tribunal contra cuatro personas acusadas de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que funcionaba en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.

Funcionario
Entre los acusados se encuentra un policía, afirmaron las fuentes. 
La decisión fue en línea con lo solicitado por el fiscal Carlos Schaefer, quien había apelado la sentencia dictada en agosto de 2015 por la cual el Tribunal Oral Criminal de Corrientes había absuelto a Irma Celina Benítez, Miguel Ángel Obaid, Fabián Leandro Quintana y Andrés Javier Quintana.
Los imputados están acusados de haber captado al menos a ocho víctimas, oriundas de diferentes provincias y países, facilitado el traslado para luego explotarlas sexualmente y quedarse con un 30% del valor de los denominados “pases”, que se habrían realizado en unas cabañas ubicadas cerca del prostíbulo y que serían propiedad de uno de los acusados.
Roles
En otro orden de cosas, el fiscal señaló que se encuentra probado que Benítez era la persona encargada de regentear el prostíbulo, así como quien se ocupaba de recibir a las víctimas y arreglar la custodia policial en el local nocturno. 
Su pareja, Miguel Ángel Obaid, es dueño del complejo Yemanjá, ubicado a ocho cuadras del prostíbulo,  donde las mujeres eran trasladadas si contaban con citas concertadas previamente. 
De esta manera, se habría favorecido económicamente a través de la generación de turismo y pesca que proveía anexando un “servicio de diversiones sexuales” que brindaba en la whiskería. 
Además, proporcionaba el traslado de un lugar a otro.
Por otro lado, contrariamente a lo que analizó el Tribunal, el representante del MPF consideró que Leandro Fabián Quintana cumplía funciones de barman, cajero y encargado del lugar cuando no se encontraban los dueños. 
A su vez, suministraba drogas utilizadas para tratar la disfunción eréctil, controlaba a las víctimas y las intimidaba con un arma de fuego y seleccionaba a los “clientes” que las mujeres debían “atender”.
Finalmente, Andrés Javier Quintana, también habría cumplido un rol clave en la banda, ya que pertenecía a la Policía de Corrientes y se ocupaba de “custodiar” el lugar proveyendo seguridad. De esta manera, “intimidaba a las víctimas por el sólo hecho de revestir el carácter de autoridad con que lo enviste el propio poder estatal”.
“La gravedad de su participación reside en que la autoridad policial, que es la encargada de velar por la seguridad y el bienestar de las personas que conforman la sociedad, debiendo prevenir y reprimir hechos delictivos, se encontraba formando parte del delito, que debería ser reprimido por el mismo”, detalló el fiscal en su dictamen.
Y agregó: “Todas las circunstancias descriptas precedentemente descalifican por completo el argumento utilizado por el Tribunal para absolver de culpa y cargo a los acusados, razón por la que debe decretarse la nulidad absoluta del resolutorio en crisis, y dictarse un fallo conforme a derecho. En definitiva, el fallo impugnado incurre en graves y serias violaciones a las reglas de la sana crítica racional”, concluyó el fiscal en su dictamen.

El hecho

El caso saltó a la luz tras una denuncia por llamada anónima al Ministerio de Seguridad de la Nación, el 3 de mayo de 2013, en la que se daba cuenta de que en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, existía un prostíbulo en el que habría varias chicas que podrían estar siendo explotadas sexualmente. 
El denunciante agregó que el dueño de dicho lugar sería una persona de nombre Miguel Obaid del cual se dieron algunas características para su individualización y ubicación.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal inició la investigación que derivó en un allanamiento que se llevó a cabo ese mismo mes en que se realizó la denuncia. En esa oportunidad, ocho mujeres en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas y tres personas resultaron detenidas: Irma Celina Benítez; Leandro Fabián y Andrés Javier Quintana.

Fuente: Ellitoral.com.ar