Con aportes de distintos sectores, Ruíz Aragón presentó un proyecto superador a la Ley de Semillas
La propuesta garantiza el derecho a implementar estrategias y modos de obtención, manipulación, innovación e investigación para lograr la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, incluye varios puntos relacionados con la intervención ciudadana, como la creación del Consejo Nacional Participativo para la Protección de las Semillas Nativas y Criollas.
En el marco de la discusión promovida por el Ejecutivo Nacional para la modificación de la Ley de Semillas, el diputado Nacional por Corrientes, José “Pitín” Ruíz Aragón presentó un proyecto que contempla las propuestas y aportes del sector campesino, de pequeños y medianos productores y distintos espacios académicos y de investigación. El mismo deberá ser tratado en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación y lleva la firma del presidente del bloque Agustín Rossi, y del legislador Máximo Kirchner, otros diputados y diputadas del bloque del Frente para la Victoria y del Peronismo para la Victoria.
La iniciativa elaborada por el diputado correntino tiene por objetivo garantizar el derecho de todas las personas que habitan el territorio argentino a definir e implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción, investigación, innovación, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas, para el logro de la seguridad y soberanía alimentarias, la soberanía sanitaria, la soberanía tecnológica y el desarrollo agroalimentario sustentable del país.
Asimismo, declara de interés público y libre de todo derecho de propiedad intelectual, las semillas nativas y criollas, las semillas elaboradas, generadas y/o mejoradas con recursos públicos, así como los conocimientos tradicionales asociadas a ellas. En ese sentido, incluye en este rango las actividades de obtención, producción, investigación, innovación, abastecimiento, certificación, protección, conservación, distribución, intercambio y comercialización de estas semillas.
El proyecto plantea responsabilidades específicas al Estado Nacional como el derecho a la alimentación soberana, sana y nutritiva; a obtener información pública relacionada con las semillas, generadas por cualquier organismo público, privado o mixto. La información debe ser clara, sencilla, oportuna, veraz, comprensible, con perspectiva de género y suficiente, incluyendo las características biológicas del cultivar ofertado, datos de su adaptación a las diferentes zonas agroecológicas del país y los factores de calidad intrínsecos de la semilla.
Los artículos fueron planteados de acuerdo al Convenio sobre la Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas y organismos internacionales que respaldan el uso y protección de las semillas como bienes del Estado. “También se tuvieron en cuenta los aportes de las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, cátedras universitarias y otros legisladores/as, asesores/as que componen la mesa de Soberanía Alimentaria.”, especificó Ruíz Aragón.
Sobre el proyecto, el correntino dijo que todos los articulados buscan preservar el interés público de las semillas, su uso y experimentación posterior, evitando dejar en manos del mercado la potestad para su manipulación. También detalló que se plantea la creación del Consejo Nacional Participativo para la Protección y Promoción de las Semillas Nativas y Criollas, y las semillas elaboradas y mejoradas con recursos públicos. El mismo será el órgano rector de la política de protección y fomento a la producción nacional de semillas nativas y criollas estará integrado por representantes del Estado nacional y de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, representativas de cada una de las regiones del país.
Para aclarar, en el artículo sexto, la iniciativa especifica que toda persona que produzca utilizando semillas tiene derecho al uso propio gratuito de las mismas de su cosecha, sin restricción de ningún tipo y sin perjuicio de lo que establezca la normativa de propiedad intelectual existente o que se adopte en el futuro. Asimismo, deja en claro que el titular del derecho de una variedad protegida no podrá requerir pago alguno a quien reserve y utilice semilla para su uso propio.
Para finalizar, Ruíz Aragón dijo que el proyecto plantea que las semillas y sus partes no podrán ser objeto de patentes, derechos de obtentor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. “La independencia económica, la soberanía política y la justicia social empiezan cuando somos nosotros y no las corporaciones internacionales quienes decidimos qué producimos y qué comemos”, puntualizó.