Cuarentena y discapacidad: familias y profesionales denuncian recorte presupuestario
Marcela Kriskovich, es la referente nacional de Prestadores de Discapacidad Unidos, un colectivo que integran 490 prestadores, profesionales esenciales de todo el país que denuncian un recorte presupuestario de Nación para todas las áreas que involucran a una “población vulnerable”. Además, los trabajadores de centros de salud, remarcan que existen deudas del 2018 y del 2019 y “abandono” de las obras sociales. Todos los detalles en la nota.
En este sentido, la profesional terapeuta y también madre de un niño con discapacidad que continúa su tratamiento al igual que miles de niños en todo el país con la ayuda y profesionalidad correspondiente, remarcó que “las obras sociales no se hacen cargo del servicio de salud esencial que continuamos brindando mediante video llamada”.
En la misma línea, remarcó el problema que representa del encierro de los chicos con patologías durante la cuarentena obligatoria: “No hay normativa y ha provocado cambios de conductas y daños extremos, los chicos llegaron hasta a autolastimase”.
Fonoaudiólogos, psicólogas, psiquiatras, kinesiólogos, maestras, psicopedagogas, continúan realizando las sesiones y los tratamientos con ejercicios para chicos que lo realizan en su casa con la escalera, pelotas o juguetes. “La discapacidad parece ser un negocio para algunos institutos”, enfatizó la profesional y concluyó afirmando que “a la gente es hipócrita, no reacciona si no le toca y nosotros estamos desesperados y contamos con el apoyo de todos los padres”.
En la misma línea, la decisión del Gobierno Nacional afecta a centros, consultorios y hospitales para personas con discapacidad en todo el país. “Hoy los profesionales y las familias hacemos un esfuerzo doble para contener a los chicos que además de sus patologías también generalmente tienten dificultades cardíacas, respiratorias o motoras”, explicó Kriskovich y agregó que “las deudas de obras sociales nacionales dependen de las súper intendencias provinciales y del Estado que deben pagar los sueldos”.
“Las Superintendencia manda resoluciones ambivalentes que quedan a criterio de cada obra social, hasta antes de ayer tuvimos que mandar las facturas y ayer ratificaron que habrá recortes en las áreas de discapacidad, centros hospitalarios, recortaron todo”, remarcó la referente de Prestadores de Discapacidad Unidos y volvió a reiterar “la angustia y desesperación” que genera la situación: “El recorte es obsceno, ilógico y algunas obras sociales suspendieron la atención y los profesionales jamás cortamos los tratamientos”.
La Ley 24.901, el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y
Rehabilitación integral establece acciones de prevención,
asistencia, promoción y protección destinadas al colectivo; y por la cual el sistema de las obras sociales
queda comprometido a la cobertura
Los profesionales Corrientes, Chaco, Santa Fé, Entre Rios, Buenos Aires y del resto del país, denuncian “violencia simbólica” y reclaman “por lo que corresponde”: “Trabajamos y necesitamos cobrar porque es lo justo y no estamos pidiendo que nos regalen el dinero, en algunas ocasiones no nos pagan hace seis meses y subsistimos en un sistema que dice ser inclusivo y nos discrimina".
Este manoseo no viene de ahora, la deuda no es producto de la pandemia, es del 2019 y del 2018