Coronavirus: solicitan atender caso por caso la situación de presos de grupos de riesgo

En este sentido, la misma consigna textualmente: 

“NOS PRESENTAMOS SOLICITAMOS URGENTE INTERVENCION CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS

EXCMO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Ramón C. Leguizamon, Mat. Prof. 276  Cuit 20057362926 con domicilio electrónico  [email protected] Presidente del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Eduardo Isetta Mat. Prof. 2417 cuit 27167622596 domicilio electrónico [email protected] constituyendo domicilio en calle 25 de Mayo 717 de esta ciudad a V.Sa. nos presentamos y respetuosamente decimos:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 066/20, en relación con la pandemia del Covid-19, urgió a los Estados a enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias. En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia, manifestando su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos.

Conforme con lo establecido en sus Principios sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades.

Los Estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Así, están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia, instando a los Estados a adoptar planes de contingencia para prevenir la propagación del virus en los centros de detención y para garantizar la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad.

Asimismo hace hacemos nuestro el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del último 25 de marzo por el cual exhortó a los Estados a proceder con la debida urgencia para reducir el número de personas privadas de libertad y a examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al Covid-19, en particular a las personas que tienen más edad y aquellas aquejadas por enfermedades.

En tal sentido recomienda, entre otras cosas:

Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19.

Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del Covid-19 dala la rapidez Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.

Así mismo la Cámara Nacional de Casación y otros Tribunales del País ordenó que se analice la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, ordenando “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”, lo que pidió al resto de la Justicia.

La decisión fue tomada “en atención a la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Así se apoyaron en uno de los argumentos de ese organismo e instaron a sus pares a “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19”.

A su vez la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, considerando que el momento exige de todos que estemos a la altura de las graves circunstancias y asumamos plenamente nuestra responsabilidad humana, profesional y académica, sugiere, entre otras cosas, que:

Se destaca que en esta emergencia los males previos —como como superpoblación, insuficiente alimentación y atención médica— se agravan ante el riesgo inminente de infección.

En las prisiones se encuentra un alto porcentaje de personas que no están condenadas.

Se aconseja se proceda a una despoblación penal racional, privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca de la liberación definitiva o condicional y a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual.

Se tengan presente los llamamientos que a este respecto han formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Su Santidad el Papa Francisco. 

Poniendo de resalto la gravedad de esta emergencia que, de no adoptarse medidas urgentes, derivaría en una mortandad masiva de presos y personal, configuradora de un crimen de lesa humanidad.  

Ante el escenario concreto de un caso de coronavirus positivo en personal penitenciario de la unidad penal n 1, una de las unidades más superpobladas y deficitarias en materia de infraestructura sanitaria no podemos menos que manifestar nuestra profunda preocupación, considerando además que no se ha determinado aún el nexo epidemiológico que llevó al contagio a este personal penitenciario. Las personas privadas de libertad están encerradas y sin recibir visitas del exterior, pero se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad ante la pandemia de COVID-19, atento al hacinamiento y las malas condiciones higiénico-sanitarias que se viven en la cárcel, lo que constituye un riesgo sanitario no solo para quienes estamos presos sino para el personal de custodia, de salud y civiles que concurren diariamente a los penales. Esto debido a la velocidad de contagio y alta transmisibilidad, lo que determina que un foco de contagio puede ser una tragedia humanitaria 

Si bien el contexto de hacinamiento coloca en riesgo a toda la población, especialmente hay grupos de riesgo y de alta vulnerabilidad, por lo que aconsejamos que se proceda a avanzar con el relevamiento de esta población de riesgo (adultos mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas y /o con niños menores de 5 años) 

Habiendo realizado el Servicio Penitenciario un censo de los casos de mayor riesgo y en condiciones de obtener beneficios como libertad asistida, condicionales, plazo razonable, y demás medidas para descomprimir la superpoblación en la unidades penales de esta ha dado inicio a más de 50 solicitudes de las que al día de la fecha no han sido resueltas por el Juzgado de Instrucción en turno habiéndose presentado las mismas al inicio de la feria judicial. Consideramos oportuno, para ese grupo de riesgo,   el  análisis, caso por caso, pero de manera urgente, de las personas que están en condiciones de libertades anticipadas, privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca del agotamiento de su pena o de la libertad condicional, priorizando a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual.

Recomendamos: 

Continuar con las medidas de testeos preventivos a los grupos de riesgo y/o a quienes estuvieron cercanos al personal penitenciario positivo de covid-19 

Continuar con la adecuada provisión de elementos de higiene (jabón, lavandina, detergente), ambientes aireados, buena alimentación, y abrigo, y de ser posible, menos horas de encierro en ambientes cerrados, para garantizar el distanciamiento social.

Propiciamos establecer  canales de dialogo entre las distintas autoridades competentes (Comité de Crisis, Superior Tribunal de Justicia, Ministerio de Seguridad , Servicio Penitenciario) y también con  los familiares y la población penal, para evitar situaciones de violencia  generadas por angustia y desinformación

PROVEER DE CONFORMIDAD SERA JUSTICIA"