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La prevaricación de los Jueces, una forma especial de corrupción funcional

En una contienda judicial en trámite ante la justicia ordinaria del fuero civil en nuestra ciudad, en la que se están discutiendo cuestiones referentes a un patrimonio derivado de un juicio sucesorio, una de las partes formuló algunos planteos que, por sus consecuencias recalaron, por vía recursiva, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, sede en la que ocurrieron los hechos que, a la postre, derivaron en una denuncia por prevaricato contra tres de sus miembros, los jueces Rey Vázquez, Panseri y Semhan.

   Los hechos que dieron fundamento a dicha denuncia, brevemente expuestos, son: la parte afectada planteó una recusación sin causa contra el juez Chain, invocando el art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que es la normativa que regula la cuestión. El tribunal, aceptó la recusación y el magistrado controvertido por la parte fue apartado de seguir entendiendo en el juicio. Sin embargo, en otra resolución posterior -seguramente inesperada para la parte quejosa-, el Presidente del tribunal, -juez Rey Vázquez- vuelve sobre sus pasos y revoca, de oficio, la resolución anterior, invocándose, entre otros motivos, que esa clase de recusación no estaba contemplada en el art. 14 del digesto mencionado, lo cual implicaba, ciertamente, no sólo la reposición del juez Chain en la causa sino también un manifiesto apartamiento de la ley. La parte agraviada interpone un recurso de reposición, el que es rechazado por el tribunal. Entonces, la acción siguiente de la parte afectada es la denuncia contra los tres jueces que firmaron la resolución que se consideró perjudicial a sus intereses, por el delito de prevaricato que está previsto en el art. 269 del Código penal. No fue incluido en la denuncia el juez Niz, por cuanto votó en disidencia, apartándose así de sus pares.

   Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es: votar en contra de lo que establece una norma, que una parte del juicio pretende que se aplique al caso ¿implica una acción prevaricante?...para responder esta pregunta, debemos analizar qué dice el mencionado artículo 269 CP y si la conducta que han realizado los jueces encaja, objetiva y subjetivamente, en dicha figura penal.

   Dice el art. 269 CP, en lo que nos interesa: “Será castigado con multa e inhabilitación absoluta perpetua, el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo…”.

   Esta acción que describe la figura no consiste en una mera interpretación acerca de una norma o de los enunciados jurídicos, diferente de la de la parte que la invoca o pretende que se aplique, pues es sabido que una norma puede ser interpretada de diversas maneras y a través de diferentes doctrinas o métodos, según se la analice desde una perspectiva teórica o de otra distinta (salvo que se trate de una flagrante interpretación torcida del derecho). Es verdad que un juez, en su función jurisdiccional, también interpreta, pero también lo es que esa interpretación debe ajustarse al máximo al ordenamiento jurídico. Tampoco se trata de una sentencia o resolución inmotivada o falta de fundamento o con fundamentación aparente, etc., pues en estos casos, se trataría de una resolución nula, no prevaricadora, como tampoco se trataría de un mero error de juicio, subsanable por los medios legales posibles. Lo que el Código penal reprime -y que se exterioriza mediante una resolución- es una conducta que se opone a lo que dice la ley, en forma manifiesta, notoria, patente, que revela una acción orientada a violarla. Veamos un ejemplo: si una norma establece que el día tiene 24 horas, la conducta prevaricadora tendría que manifestarse en una resolución del juez que diga -no que él entienda o piense que el día no tiene 24 horas, o mas o menos, pero que, no obstante ello, resuelva conforme a lo que dice la ley, esto es, que el día tiene 24 horas-, sino que diga que el día “no tiene” 24 horas sino 23 o 25, entonces no la aplica, situación que denotaría una abierta rebelión del juez contra la norma, que es la conducta que se observa, claramente, en los jueces denunciados, vale decir, una conducta ostensiblemente violatoria de lo que establece el art. 14 del CCyC. 

Si este artículo establece que “También podrá ser recusado sin expresión de causa un juez de las Cámaras de Apelaciones y del Superior Tribunal, al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte”, y que “No procede la recusación sin expresión de causa en las diligencias preliminares, cautelares, proceso de ejecución de sentencias, sumarísimo, tercerías, procesos de familia y concursos, quiebras y sociedades” (recordemos que se trata de un juicio sucesorio, que no está previsto entre las restricciones de este artículo) y el juez que debe resolver dice lo contrario, esto es, que dicha norma veda la posibilidad de articular una recusación sin causa, cuando claramente la ley lo permite, sea en forma expresa o implícita, entonces estamos, sin ninguna duda, ante una conducta prevaricadora del juez. No existe ninguna posibilidad hermenéutica que conduzca a una solución distinta. Objetivamente, se observa una patente violación de la ley (quebrantamiento de la norma) y, subjetivamente, se advierte un juez que “sabe lo que hace”, pues al invocar él mismo la norma en cuestión, haciéndole decir lo que claramente no dice, se observa una acción intencional con una finalidad determinada, no cumplir la ley. Y el rol de juez presupone el conocimiento del Derecho, por lo que el quebrantamiento o el desconocimiento arbitrario de la ley, es prevaricato. Aquí no hay error, ni imprudencia ni equívoco involuntario, hay dolo (directo).

En este caso -como si fuera poco- se dan las dos formas que prevé, en su primera modalidad, el art. 269 del Código penal, vale decir, “la ley fue invocada por la parte (para que se aplique al caso) y, tambien, fue invocada por el juez (para no aplicarla)”.

Se dice también en la denuncia que los jueces implicados, se habrían arrogado funciones legislativas. Bueno, esto no debe extrañar a nadie en el foro; es conocido que no es la primera vez que el Superior Tribunal de Justicia, a través de Acordadas, asume  o se apropia de facultades legislativas, modificando normas o procedimientos reglados. Lo ha hecho en los casos de flagrancia, en las transferencias de competencias, en el procedimiento del recurso de casación, y, claramente, en el caso que estamos comentando. Una ilegal costumbre que debe ser desterrada de una buena vez, pues supone, abiertamente, una grave afectación del debido proceso legal y una violación del principio republicano de gobierno.

El prevaricato no sólo es un delito, sino que tambien implica, por un lado, un caso especial de corrupción funcional (la corrupción no sólo es económica, sino tambien moral y ética, un veneno que destruye los valores con los que se identifica una sociedad democrática) y, por otro lado, una voluntad autoritaria de imponer las propias reglas, las propias razones, o los propios modos de pensar. El prevaricato implica un alzamiento en contra del Derecho, una voluntad autocrática -un remedo de absolutismo monárquico- que denota un claro mensaje: “yo soy la ley”. Y el juez no es la ley, es quien debe cumplirla.

 

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Opinión Dr. Jorge Buompadre