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Una perlitas de nuestros jueces y fiscales. Un modelo de fallo judicial para exportar

   ¡Atención abogados que litigan en el fuero penal!, una inmejorable y auspiciosa decisión de la señora Jueza de Instrucción No. 3 Dra. María Josefa González Cabañas, para exportar al mundo entero como material de consulta y estudio en los cursos de posgrado sobre la especialidad. Créase a no, esta es la historia.

   En una causa en la que se investiga la denuncia de un robo, la policía -como surge de las actuaciones- introdujo en el escrito de  denuncia que formuló la víctima, mediante una maniobra de distracción, una afirmación (falsa, pues no fue dicha por el denunciante, consistente en lo siguiente: en su relato dice “…a “fulano” -aquí menciona al imputado-…lo reconocí por la voz…”) frase que, agregada subrepticiamente por la policia, involucró en una actividad criminal a un ciudadano que era ajeno al hecho, que no había participado en él. Como habrá de suponer el apreciado lector, con este solitario y dudoso elemento, sin ningún otro fundamento ni el más mínimo interés en indagar e incorporar mayor material probatorio que corroborase tales afirmaciones, la señora Jueza ordenó la detención del mencionado ciudadano, allanando su casa habitación, sin secuestrar absolutamente ningun elemento relacionado con el robo. Estando este sujeto privado de su libertad (por varios días, exactamente 18 días, en un calabozo de una Comisaría local), tuvo un ataque de asma -provocado, al parecer, por el stress del encierro-, que lo condujo directamente al hospital y, en donde, por dicha causa quedó internado en estado de coma. Mientras tanto, en el juzgado el proceso continuaba normalmente. Es así que, convocado el denunciante a  prestar declaración testimonial, en su testimonio aclaró manifestaciones existentes en su denuncia, rectificando aquella expresión que introdujera maliciosamente la policía y que involucraba a la persona que estaba privada de su libertad por orden de la jueza, dejando bien en claro que él no había realizado esas manifestaciones, con lo cual quedó comprobada la inocencia del acusado respecto del delito que se le imputaba, que no era, ciertamente, una infracción menor (robo agravado cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego, art. 167.2 Código penal, con pena de 3 a 10 años de prisión). Claro que, a esa altura del proceso (preso 18 días y 18 noches, remedando la canción de Sabina), el imputado estaba ya en estado de coma internado en el hospital, situación que le fue comunicada oficialmente a la señora Jueza antes del referido testimonio del denunciante. Estos son, en breve síntesis, los pormenores del caso.

   Bien…ahora viene la perlita de la señora jueza, impulsada por el fiscal Robineau, quien también tiene lo suyo, como veremos.

   Destaco, primeramente, que el fiscal también estuvo presente en la audiencia en la que el denunciante hizo todas esas aclaraciones desvinculando del robo al ciudadano que estaba privado de su libertad; por ello, despues de la audiencia testimonial, el fiscal presentó un escrito solicitando la libertad del ciudadano imputado (¡por fin una del fiscal Robineu!, alegando a favor de un imputado…con franqueza, no conozco otros casos con actitudes similares de este representante de la vindicta pública), alegando, textualmente “…teniendo en consideración la declaración testimonial del denunciante, oportunidad en la cual se rectifica parcialmente del contenido de su denuncia, concretamente respecto de  la participación del imputado …en el hecho anoticiado, siendo esta la única prueba que permite vincular al antes mencionado con la presente causa, este Ministerio Publico Fiscal en pos de asegurar la correcta aplicación de la ley, solicita a S.Sa. ordene la inmediata libertad del imputado…, sin que ello implique modificar la situación legal del encartado.” Vamos por parte.

Se puede leer claramente en esta pieza jurídica del fiscal que, pese a entender que aquella supuesta manifestación del denunciante, era “la única prueba que vinculaba al imputado en la causa” -agregando un poco de color y brillo a su flamante pedido, y  gritando a los cuatro vientos, lanza el fiscal una verdadera poesía jurídica que haría explotar bibliotecas: “en pos de asegurar la correcta aplicación de la ley”-, concluyendo con una apoteótica frase jurídico penal: “sin que ello implique modificar la situación legal del encartado”, con lo cual (aquí aparece de nuevo el verdadero Robineau) contradice claramente lo antes afirmado. 

   Me explico: por un lado, afirma el fiscal que “la única prueba” (incriminatoria) que vinculaba al imputado con el robo, ha desaparecido por los propios dichos del denunciante (por lo tanto, lo que debió solicitar era el sobreseimiento del acusado, invocando el art. 336.1 CPP: “el hecho investigado no fue cometido por el imputado”, y no, simplemente, su libertad, pero, al parecer, su instinto inquisidor se lo impidió), pero, por otro lado, concluye que la situación legal del imputado sigue siendo la misma que antes, o sea, pese a no participar en el hecho, continúa vinculado al robo, sin que exista -por los propios dichos del fiscal-  ninguna prueba de su participación. En conclusión: el imputado, en estado de coma en el hospital, desvinculado  del robo, sigue “pegado” (ligado) al proceso y, obviamente, al delito, es decir, sigue acusado por ese mismo robo del que fue, insisto, desvinculado por el propio fiscal. Algo difícil de aceptar, pero así es el “target” del promotor fiscal que dice “aplicar correctamente la ley”.

   Por supuesto, la historia sigue, no termina aquí. Ahora viene la otra perlita.

A renglón seguido del pedido del fiscal (aplicador correcto de la ley) de liberar al ciudadano privado de su libertad, la señora jueza González Cabañas lanza al mundo real y digital su espada defensora de los derechos humanos, símbolo de la justicia: ¿qué hace?, pues, no se sorprenda estimado lector… la jueza resuelve ordenar la libertad del acusado (recuérdese que estaba en estado de coma en el hospital, vale decir -como nos enseña la ciencia- en un “estado profundo de inconsciencia, incapaz de moverse o responder a su entorno”), POR INEXISTENCIA DE RIESGO PROCESAL, esto es, por entender que el imputado (en estado de coma), no presenta signos de fuga o de poner obstáculos a la investigación (esto no lo dice en forma expresa, pero surge de la interpretación auténtica que  la doctrina, la jurisprudencia y la letra de los códigos procesales hacen de la expresión técnica “riesgo procesal”). Dicho de otro modo, en vez de ordenar el sobreseimiento del ciudadano injustamente acusado y  puesto en prisión por ella misma, resuelve liberarlo, pero sin desvincularlo de la causa…!porque se puede fugar u oponer obstáculos al proceso!. Un desatino total y una injusticia que desborda toda capacidad de imaginación posible. Un verdadero artificio judicial y una flagrante violación de la ley.

    Es verdad que se puede responder a todo esto: pues ¡APELE SEÑOR!, vaya a derramar sus lágrimas a la Cámara de Apelaciones, pero también lo es que no debemos los abogados dejar pasar estas situaciones claramente violatorias de la ley, como si todo estuviera bien y nada pasara. No es suficiente que nos quejemos en el bar, en el club o en las tertulias con amigos; hagamos públicos nuestros disgustos y críticas al sistema. Nadie se quejará por nosotros.

¡Estimado colegas que litigan todos los días en el fuero penal!...atención con estos artilugios procesales. No callen, denuncien las conductas que implican violaciones de la ley y también aquellas que no la aplican. Este caso, estimado amigo lector, no es un caso inventado, es real (aunque parezca de ficción) y surge del expediente No. 228710, caratulado “….s/denuncia p/robo calificado en poblado y en banda -Capital-“ (González Cabañas, juez de Instrucción No. 3; Robineau, fiscal). 

COLEGAS, insisto, ¡No callen!, no sigamos con actitudes pasivas frente a este tipo de casos…sólo así evitaremos las violaciones de la ley y la incorrecta y muchas veces arbitraria actividad judicial. Sólo así podremos pretender y  contribuir, como auxiliares de la justicia, a lograr un mejor sistema de justicia penal en nuestra provincia.

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Opinión Dr. Jorge Buompadre