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Víctimas por partida doble: del delito y del sistema de "Injusticia Penal"

Estimado lector, Ud. sabe -y si no sabe, ahora se lo estoy contando- que mis opiniones, salvo las que he hecho rodar en mis libros de poesía, se basan en hechos reales, hechos que se suceden todos los días ante nuestros tribunales de “injusticia penal” y que ponen la piel de gallina a todos los que correteamos por sus pasillos cotidianamente en búsqueda de una mejor y correcta administración de justicia para todos los que padecen los avatares del proceso penal; pero, como también quiero advertir, tampoco comento todos los casos de este tipo, desde luego, para evitar no sólo enredarme en una enciclopedia de varios volúmenes, sino también para no cansar al lector con historias que todos conocen. Pero, esta que les contaré ahora, es una muestra más de las “perlitas” de nuestros jueces penales. 

   En una causa X, una mujer formuló una denuncia ante el juez, por haber sido víctima de un delito que afectó gravemente sus derechos y su persona. Como Uds. saben, el ciudadano víctima de un delito, en circunstancias como estas puede hacer dos cosas: o hacerle lo mismo al victimario, en una suerte de venganza (como se hacía en la antigüedad, ojo por ojo diente por diente y el problema quedaba solucionado) o formular la denuncia ante las autoridades, para que estas recompongan el conflicto (por supuesto, se aconseja esta segunda opción, que es más legal que la otra). Bueno, esta señora, eligió esta opción, presentó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción No. 2 de esta capital, a cargo de la Dra. María Agostina Falcione, Secretaría del Dr. Germán Benjamín Creiman, o sea, hace exactamente un mes y un día a la fecha de este comentario. Como nadie del juzgado se molestó en llamar a la señora víctima del delito para informarle algo de su expediente, ella -preocupada por la demora y no saber nada de su caso- en fecha  26/08/20, o sea, casi un mes después de formulada la denuncia, solicitó -vía mail al correo institucional, como ahora debe hacerse, por la infame pandemia que nos envuelve-, se le corra vista de las actuaciones para promover querella criminal, respondiéndole el juzgado, en la misma fecha y por la misma vía, que previamente se debía abonar las tasas correspondientes al IOSAP y al Colegio de Abogados, una obligación que compete a los abogados y que, más allá de lo discutible de esta obligación, está bien que, mientras tanto, se cumpla, pero nunca puede ser un obstáculo para impartir justicia a un justiciable.   

   Hasta aquí, la historia que les quiero contar, que sigue un poco más, porque la ya desalentada señora volvió a solicitar la vista de las actuaciones, bajo apercibimiento de hacer la denuncia pertinente ante quienes corresponda. Hasta la fecha de este comentario, no recibió ninguna respuesta, o sea, que la señora sigue sin poder examinar las actuaciones (¡increíblemente, su propio caso!) e intentar buscar una solución al conflicto penal que la agobia. 

   Pero, seguramente se preguntarán Uds. ¿qué tiene esta historia de raro?, pues nada de raro, pero sí de ilegal. Veamos.

   Sucede que los jueces no cumplen con la ley, algo que todos los ciudadanos aspiramos en nuestra tarea cotidiana ante los tribunales de justicia. No pretendemos que sean buenas personas (que, seguramente, lo son), que crean en Dios, que no fumen o se droguen, que no se lleven bien con sus parejas, que se lastimen jugando al padel, que usen barbijo y no vayan a fiestas electrónicas, etc.; tampoco anhelamos que vayan a Resistencia y se contagien; no, no, sólo pretendemos que cumplan con la ley. Nada más que eso.

   Ahora, ¿se incumplió la ley en este caso que les estoy contando?...SI, SE INCUMPLIO LA LEY 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que en su art. 5 establece en favor de la víctima de un delito (recuerden a la decepcionada señora de esta historia), entre otros derechos, los de RECIBIR UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO, A SER INFORMADA DE SUS DERECHOS (cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento), A INTERVENIR COMO QUERELLANTE, A EXAMINAR DOCUMENTOS Y ACTUACIONES, etc. Pues, nada de esto se realizó en el Juzgado, absolutamente nada, lo cual permite inferir claramente, que no se ha cumplido con la ley, así de simple.

    Pero, la historia no termina aquí. Tampoco se cumplió con la LEY 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que en sus artículos 16.1 y 39 establecen la GRATUIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y EXENCION DE CARGAS (sellados, tasas, etc.). Y nadie podría negar que un delito contra una mujer implica, en la gran mayoría de los casos, una conducta de violencia contra la mujer, más aún si afecta se vida familiar, íntima, sexual, económica, etc., como es el caso que contiene la historia que les estoy contando de esta mujer que, en vez de recurrir a la venganza privada (no digo matar al victimario, opción no disponible para nadie en un Estado Constitucional de Derecho, salvo que sea en legítima defensa) acudió a un tribunal judicial en demanda de justicia.

     Esto es todo. Una historia breve pero paradigmática -que, seguramente, les habrá sucedido a muchos de Uds. en su diario trajinar por los corrillos judiciales-, pues pone al descubierto las inequidades de nuestro sistema de justicia penal (por ser liviano con la crítica), y también permite inferir dos situaciones: o desconocen la legislación vigente en el país (que es muy probable) o no les importa un carajo su aplicación, ni la situación de las víctimas en el proceso penal, por supuesto (discúlpeseme la expresión no muy académica que utilizo, pero es reveladora del cansancio que producen situaciones como estas que suceden con frecuencia en los casos judiciales). Y, esto, en buen romance es, simplemente, “incumplimiento de la ley”. Léase el artículo 248 del Código penal y se convendrá conmigo en lo que estoy diciendo. ¿O algún colega me puede decir que alguna vez un juez se preocupó de informar a la víctima del delito sus derechos, como lo establece la ley?.

    Termino con lo mismo de siempre. Estimados colegas, quéjense, hagan las críticas que hay que hacer para corregir estas arbitrariedades de los jueces. Y muchas veces también de algunos pocos secretarios, pues hay de los muy buenos también. Recurran a los organismos de control (seguramente estarán pensando, como yo, en el Colegio de Abogados). 

    En algunas ocasiones el juicio político es la solución (para algunos es una medida que requiere urgencia), pero agotemos las instancias previas. Los jueces también se equivocan (igual que nosotros), pero la equivocación no puede convertirse en costumbre, en arbitrariedad ni en un desapego de la ley. Solamente habrá un verdadero cambio, si entre todos empujamos el carro de la justicia, si entre todos hacemos que los jueces respeten y cumplan con los mandatos normativos. De lo contrario, el carro se quedará atascado en el pantano de la ignorancia, el oscurantismo y el desprecio recurrente por la ley.

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Opinión Dr. Jorge Buompadre