El Colegio Público de Abogados analizó el primer año de la nueva comisión directiva
La actual conformación de la Comisión Directiva del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, presidida por la Dra. Lilian Sawoczka, y acompañada por el doctor Luis Llarens en la Secretaría; el Dr. José Cotelo como Tesorero; y los Dres. Pablo Roldán, Mercedes Alsina, Gladis Ávalos, Julio Fernández, Marcelo Pucciariello y Julio Cabral como Vocales, cumplió el día 15 de noviembre un año al frente de la Institución.

Por su parte, en el Tribunal de Disciplina asumieron los Dres. Juan Manuel Bobadilla y Margarita Correa de Payes como titulares y el Dr. Diego Matías Vega como suplente, en un acto realizado el día 17 de diciembre de 2019. Como representantes ante el Consejo de la Magistratura de Corrientes, asumieron funciones el día 18 de diciembre de 2019 los Dres. Fabrizio Sartori y Irenea Itati Arce; mientras que para el Jurado de Enjuiciamiento, hicieron lo propio los doctores, Jorge Rivolta y Marcela Caballero, el día 19 de diciembre de 2019.
EJERCICIO PROFESIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La situación de Emergencia Sanitaria impuesta desde el mes de marzo de este año ha generado numerosos impactos en el ejercicio de una profesión como la Abogacía. Los abogados estábamos acostumbrados a la presencialidad y muchos rituales del ejercicio tradicional de nuestra profesión, que eran la regla, tuvieron que convertirse en la excepción.
El aislamiento obligatorio primero y el posterior distanciamiento social, nos vinieron a plantear que había que resolver y establecer nuevas reglas para nuestro ejercicio profesional, había que repensar el ejercicio de la abogacía, ser creativos, rápidos y adaptarnos a la nueva normalidad. En este sentido, elevamos a distintos órganos relacionados con el ejercicio profesional una serie de reclamos y propuestas a fin de posibilitar la vuelta al trabajo primero y el mejoramiento de sus condiciones, una vez que el mismo fuera restablecido.
Dentro de las acciones que fueron emprendidas, muchas de ellas de manera conjunta con el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes, se encuentran:
- Gestión y obtención una línea de créditos preferencial para los matriculados del Banco de Corrientes SA, a sola firma.
- Solicitud a la AFIP de la suspensión y diferimiento del vencimiento de obligaciones tributaria correspondientes a su ámbito, así como de cualquier curso de intereses punitorios o compensatorios respecto de obligaciones en curso y en relación al universo de los profesionales abogados que ejercen de manera liberal y que se encuentran categorizados como monotributistas o autónomos.
- Remisión de dos notas al Sr. Gobernador, Gustavo Valdés, peticionando exenciones impositivas para los profesionales del derecho y otras medidas paliativas que los ayude a enfrentar la difícil situación económica que atraviesa el sector.
- Se propició, a través de pedidos al STJ, y a fin de reactivar la actividad judicial, que se empleen todos los medios electrónicos de comunicación, que se permita la presentación de escritos y documentales de manera digital y se utilice la herramienta de la videoconferencia para el desarrollo de audiencias y así evitar desplazamientos y reunión física de personas, se resuelvan expedientes judiciales mediante el home office y utilización de firma digital, la mayoría de las cuales fueran receptadas y plasmadas en el actual Marco Regulatorio de Emergencia General aprobado por Acuerdo N° 8 del STJ.
- Se ha solicitado el libramiento en forma electrónica de órdenes de pago judiciales para el supuesto de honorarios profesionales de abogados y de auxiliares de la justicia, como así también el de cuotas alimentarias, pagos en procesos de restricción de la capacidad, créditos laborales y daños y perjuicios.
- En el momento de vigencia del ASPO y durante la vigencia de las restricciones para circular en plena FASE 1, el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes, en fecha 24 de marzo de 2020, dictó una resolución disponiendo que el abogado puede circular libremente y que solo debe presentar su credencial y explicar en qué consiste la tarea profesional que tiene que realizar y hacia dónde se dirige, en caso de ejercicio profesional urgente y excepcional.
- El Directorio del CPAPC resolvió “DIFERIR el pago de la obligación establecida por el Decreto Ley 119/01, en sus arts. 42 y 69, hasta el día 31 de marzo del corriente, o hasta la fecha que establezca la autoridad nacional, en caso de extenderse la medida establecida en el DNU 297/2020 del PEN, debiendo el Tribunal dar curso a la petición sin verificar el pago del aporte". Por igual término se suspendió el pago de matrícula y otros vencimientos de convenios, para no generar endeudamiento de los colegas.
- Se mantuvo comunicación con los jueces y secretarios de turno, durante las sucesivas ferias extraordinarias decretadas, desde el día 17 de marzo del corriente, a fin de que se empleen todos los medios electrónicos de comunicación, que permitan la presentación de escritos en forma digital y así evitar la concurrencia de los matriculados y justiciables a Tribunales.
- Fue solicitada, en conjunto con otros Colegios, la apertura de la Subsecretaría de Trabajo. En la nota enviada al Gobernador, se manifestó que “la falta de prestación de servicios por parte de la Subsecretaria de Trabajo perjudica en forma directa a los trabajadores que se ven privados de contar con dicho organismo para la atención de los reclamos laborales”.
- El Consejo Superior de Colegios de Abogados de Corrientes acompañó una serie de requerimientos que planteó el Colegio Público de la Primera Circunscripción Judicial para que se restablezca el funcionamiento pleno del servicio de justicia en el ámbito de la Capital, cuando ya en el resto de las jurisdicciones se había habilitado que los tribunales entendieran en todas las causas de su competencias legales y reglamentarias. Sobre los tribunales de toda la provincia se solicitó la UNIFICACION DE CRITERIOS de los PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN de los juzgados, para una mayor seguridad jurídica.
- Para destrabar los fondos de cuentas judiciales y permitir que los justiciables y profesionales de la abogacía puedan acceder a los mismos en aquellos casos en que los mismos no cuenten con tarjetas de débito se solicitó al Banco de Corrientes disponga las medidas pertinentes para que se efectivice el pago de los mismos.
- Se elaboró un Protocolo Sanitario para el retorno de las actividades en Estudios jurídicos y Colegios, el cual fuera presentado por el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia al Sr. Gobernador Gustavo Valdés, luego de lo cual se logró la autorización para funcionar. El objetivo era garantizar el equilibrio entre la asistencia profesional y la protección de la salud de los abogados y abogadas, clientes, empleados y empleadas, colegas y público en general, elaborando un listado de buenas prácticas, durante la vigencia de la emergencia sanitaria.
- El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes respondió a un viejo y reiterado reclamo del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, en adhesión al pedido que efectuaron los jueces de Familia de toda la provincia, al autorizar a los Juzgados de Familia a publicar las listas de Notificaciones en el sistema “IurixOn line”.
- Se envió carta documento a Anses por los turnos suspendidos. En la misiva, y en representación de los abogados previsionalistas del foro local, se intimó al organismo a aclarar la situación respecto de los turnos que fueron otorgados para la UDAI Corrientes durante los meses de Febrero y Marzo del corriente año, los cuales fueron reprogramados en varias oportunidades, en la medida en que se fue extendiendo la cuarentena por COVID 19 y que, luego fueron dados de baja.
- Por pedido del Colegio, se volvió a habilitar estacionamiento en la Unidad Penal N° 6 a los abogados patrocinantes. La gestión fue realizada ante la prohibición de ingresar al predio con sus rodados, debiendo dejarlos a la vera de la Ruta Nacional N° 12, sin ningún tipo de resguardo ni seguridad.
- Se solicitó al IPS el pago de honorarios regulados a profesionales. El Colegio, de manera conjunta con su par del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes, Cr. Walter Esquivel, solicitó al interventor de Instituto de Previsión Social que se impulsen los pagos de los honorarios regulados a los abogados y peritos contadores, y se notifique debidamente en todas las causas donde el IPS ha resultado perdidoso.
- Se logró la obtención de turnos especiales para abogados en el Registro Provincial de las Personas. La medida fue resuelta por el organismo provincial, tras una reunión que mantuvo el director del mismo, Pablo Cano, con la presidenta del Colegio, Lilian Sawoczka.
- Se habilitó un Registro de Profesionales del CPAPC para patrocinio ante Comisiones Médicas, en virtud del Convenio Marco suscripto entre la FACA y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, los trabajadores que carezcan de letrado de su confianza para ser patrocinados en el ámbito de las Comisiones Médicas, podrán solicitar el sorteo de un abogado que se haya inscripto previamente en los registros que a tal efecto llevarán los Colegios de Abogados provinciales y departamentales.
- Se reiteró reclamo al Banco de Corrientes, solicitando la intervención del STJ sobre la necesidad de resolver numerosas problemáticas padecidas por los abogados litigantes del foro local en lo relacionado a trámites vinculados a procesos judiciales. Entre los puntos que se solicitó resolver están la consulta electrónica de saldos judiciales, la apertura de cuentas bancarias judiciales, la recepción, cumplimiento y contestación de Oficios Judiciales, el cobro de créditos laborales, depósito en cuentas bancarias judiciales, reanudación del servicio de atención por ventanilla y atención a los profesionales.
- Dicho reclamo tuvo eco en la implementación del servicio de consulta de saldos de cuentas bancarias judiciales a través de la aplicación de Autoconsultas, la que está disponible en la página web para que los abogados puedan consultar los saldos de las cuentas judiciales a las cuales el Poder Judicial les haya habilitado el acceso -a través del sistema Banca Electrónica Judicial -BEJ-.
- Se solicitó rever la exclusión de abogados y escribanos que poseen el título complementario de “Profesor en Ciencias Jurídicas” y “Profesor Universitario” de los padrones de los Institutos de Formación Docente de la Provincia. Mediante una nota presentada a la Directora del Nivel Superior del Ministerio de Educación de la Provincia, se pidió que considere la posibilidad de resolver y comunicar a los IFD el alcance y la validez de los títulos docentes otorgados por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE- para el ejercicio de la docencia en el área de las Ciencias Sociales y afines, como se viene haciendo desde hace muchos periodos lectivos atrás, sin inconveniente alguno en este sentido.
- Se propició la elaboración de un protocolo para solicitar información de manera no presencial en las dependencias policiales. Mediante nota enviada al Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, ante las inquietudes planteadas por abogados, a quienes se ha negado información de manera telefónica en dichas dependencias. El Colegio propicia la elaboración de un protocolo a fin de que se proporcione a los abogados defensores información que se requiera sobre sus defendidos o sobre sumarios que tramitan en las distintas dependencias policiales sin que sea necesario la presencia física de los mismos en dichas dependencias.
- Se solicitó la suspensión de términos procesales para abogados que formen parte del grupo de riesgo o estén afectados por Covid-19. A través de una nota al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, se pidió que se contemple la situación de los colegas pertenecientes a grupos de riesgo y/o se encuentren aislados preventivamente por autoridad sanitaria. Por ello, se solicita que en estos casos se disponga la interrupción de los pasos procesales en curso cuando el/la peticionante sea letrado/a único/a y acredite mediante certificado o constancia emanada de establecimiento asistencial y estar comprendido en el
grupo de riesgo.