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Columna de opinión

Otra perlita más de nuestros jueces y fiscales, pero esta vez mucho más grave

La hago corta. El  06 de enero de 2019, ocurrió un hecho en las cercanías del Jardín Botánico de esta ciudad -del que resultó una persona muerta por un disparo de arma de fuego-, en el que participaron varios individuos, entre ellos un menor de 16 años de edad, que poco tiempo después, en el proceso, fue acusado por la Fiscal No. 4 Sonia Miriam Meza (algo que no debe llamar la atención en esta funcionaria, que ya nos tiene acostumbrados a acusaciones infundadas) desde su cómodo despacho, de ser coautor del delito de homicidio calificado por el concurso de dos o más personas, una figura que está prevista en el art. 80 inc. 6 del Código penal que contempla como pena única la de prisión o reclusión perpetuas. Independientemente de las circunstancias que rodearon al hecho, lo cierto es que -y este es el punto de interés de este comentario- este menor, a la fecha de la comisión del hecho, no había cumplido los 16 años, vale decir, un individuo que, por tener esa edad en el momento en que se comete el hecho delictivo, la ley lo declara “no punible” (art. 1, ley 22.278), esto es, una persona que no puede ser sometida a ninguna especie de pena de las previstas en el Código penal o en leyes complementarias. No obstante, la vigencia de esta disposición legal -y de otras que voy a mencionar enseguida-, la nombrada Fiscal Meza -no pudiendo resistirse a una suerte de fascinación acusatoria- imputó al menor el delito de homicidio, la juez a cargo del caso Norma Agraso (Juez de Instrucción No. 1) ordenó su procesamiento y lo mantuvo privado de su libertad por varios meses, alojándolo en un Centro de Contención Juvenil y a disposición del Juzgado de Menores No. 1. Pasaron casi dos años, el menor siguió procesado, fue acusado nuevamente por la citada Fiscal Meza para que comparezca a juicio oral por el mencionado delito de homicidio (insisto en esto, porque con semejante acusación podría haberle cabido pena de prisión perpetua). Aclaro al lector que la partida de nacimiento del menor aun está en el expediente No. 192.820, agregada a fs.527 (una hoja antes de la que contiene la orden de su detención y su confinamiento en el Centro Juvenil, pero que parece que la juez y la fiscal no la leyeron, se les pasó por alto o no les importó un bledo la situación del menor), de donde surge claramente que nació el 19/01/2003, lo cual demuestra que a la fecha del hecho no tenía aún los 16 años cumplidos, como condición legal para que pueda ser juzgado y sometido a una pena del derecho criminal. El día en que tuvo comienzo la audiencia de debate (juicio oral), por razones que no vienen al caso comentar, me hice cargo de la defensa de este joven procesado (recién en ese momento lo pude conocer personalmente) y, advirtiendo con gran sorpresa e indignación aquella circunstancia (su minoridad al momento del hecho), solicité al tribunal de juicio el sobreseimiento del menor y su inmediata desafectación del proceso. El tribunal acogió favorablemente mi pedido y ordenó el sobreseimiento definitivo del niño. Esta es la historia que les quiero contar, la cual, si no tuviera las gravísimas consecuencias que voy a relatar seguidamente, no sería más que otra de las tantas historias de “individuos acusados y puestos en prisión al margen de la ley” que se ventilan en nuestros tribunales de justicia penal.

Este joven menor de edad fue acusado criminalmente, encerrado en prisión (se denomina eufemísticamente “Centro de Contención Juvenil”, pero es un modo elegante de mantener encerrados a los menores), procesado por el delito de homicidio agravado y llevado a juicio por la Fiscal Meza con la intención de que sea juzgado y penado con la pena de prisión o reclusión perpetuas, en el curso de un proceso en el que, por este motivo que estoy comentando, fueron violadas varias normas, nacionales y convencionales, en perjuicio del menor de edad, sometiéndolo a un proceso penal sin que ninguna autoridad judicial (juez de Instrucción, Ministerio Público Fiscal, Juzgado de Menores, Ministerio Pupilar) adopten alguna resolución en protección de sus derechos.

Los mencionados funcionarios -insisto en esto, por la gravedad institucional que presenta el caso- violaron groseramente la Ley 22.278 -Régimen Penal de Minoridad-, que declara la no punibilidad de los menores de 16 años; la Convención de los Derechos del Niño (art. 75.22 CN, aprobada por la Ley 23.849/90), cuyos arts.  arts. 37 y 40 fijan una serie de garantías en la aplicación de penas o medidas a los menores, estableciendo que “Ningún niño será sometido a … penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se aplicará a un niño (menor de 18 años) … la pena de prisión perpetua”…ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente; los fallos de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se decidió que la prisión o reclusión perpetuas son incompatibles con el art. 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo texto establece que “Nadie puede ser sometido a la detención o encarcelamiento arbitrarios”(casos “Mendoza y otros vs Argentina”, 14/5/2013; “Gelman vs Uruguay”, 24/2/2011), por lo que no podrían estos menores, comprendidos dentro de la causal de exclusión de la punibilidad por razones de edad, de ningún modo, ser sometidos a juicio y castigados con una pena privativa de libertad.

En síntesis, la violación de estas normativas -nacionales y convencionales- y del sistema interamericano de justicia penal, por parte de los funcionarios mencionados (insisto, la juez Agraso, la Fiscal Meza, y los funcionarios del Juzgado de Menores y del Ministerio Pupilar), ha implicado incurrir en responsabilidades civiles, penales y políticas, inclusive, poniendo al Estado ante el riesgo de ser responsabilizado internacionalmente por la violación por parte de estos funcionarios estatales de derechos y garantías judiciales básicas de los menores en situación de conflicto con la ley penal. La violación de los deberes funcionales de estas autoridades podría configurar, entre otros ilícitos penales, los delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario público (art. 248 CP) y privación ilegal de la libertad personal agravada (arts. 142.5 CP), significando, también, incurrir en la causal de “mal desempeño en el cargo”, pudiendo ser removidos por juicio político, según se establece en el art. 195.6 de la Constitución provincial. Esta es la historia, muy triste, lamentable y preocupante para el Estado de Derecho, que vivió este menor ante nuestros tribunales de justicia penal. Seguramente, mis colegas del fuero penal tendrán otras tantas historias de estas carácterísticas para contar…háganlo, denuncien o pongan al descubierto los atropellos de jueces y fiscales, para que respeten y apliquen las leyes. Esperemos que el Fiscal de turno asuma su rol constitucional y analice la posibilidad de comisión de delitos de acción pública por parte de estos funcionarios, así entre todos contribuiremos a defender con más fuerza el Estado Constitucional de Derecho que tanto ha costado conquistar.

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Opinión Dr. Jorge Buompadre
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