La justicia correntina ante una oportunidad inevitable

Desde un principio cabe aclarar que no todos los actores del poder judicial de la provincia se encuentran en un "pie de igualdad" ante la consideración pública. Quiero resaltar la palabra igualdad para avanzar sobre esta columna referida al inicio del juicio oral que sentará, en el banquillo, a los acusados de la tragedia ocurrida en el edificio del Barrio Camba Cúa. Recordemos aquel mediodía trágico del 22 de marzo de 2012 que se llevó la vida de ocho trabajadores de la construcción. Una de las acepciones de la definición de igualdad sostiene que: "se trata del principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones".

Han pasado ocho años para llegar a la instancia mas esperada por los familiares de las victimas y, mientras tanto, sufrieron diferencias que los lleva a sentir que se vulneró su derecho a la igualdad. No fueron pocas las veces que enfrentaron decisiones injustas. Por ello tienen la sensación que la justicia no esta disponible para obreros a los que la arbitrariedad y la codicia económica les arrancaron la vida.

Durante mucho tiempo sintieron que el proceso judicial no estaba avocado a investigar los hechos ocurridos sino a resolver presentaciones de los acusados. No hace falta decir que usaban su legítimo derecho de defensa. Lo que preocupaba a los afectados es que los juzgados o tribunales encargados de resolver lo hacían con tiempos y velocidades diferentes para cada una de las partes litigantes.

En medio del dolor ocasionado por el derrumbe de un edificio, que tendría planos paralelos para su construcción, enfrentaron no solo a quienes serían responsables del hecho sino también a una justicia que perdía el control del fiel de su balanza. Sus actos parecían confundir el valor de las pesas de cada platillo. Por momentos, los familiares, tenían la impresión que  uno de ellos se inclinaba para sumergirlos en el mar de la impunidad.

En muchas oportunidades sintieron que la lucha se multiplicaba porque deberían enfrentar a una justicia para ricos y otra para pobres. Lo señaló varias veces Maria Rosa Urbina madre de uno de los jóvenes que aspiraba a un futuro venturoso junto a la familia que formó y el derrumbe sepultó sus sueños. Cabe recordar al primer abogado de los familiares que se puso al frente de la causa. A menos de dos años de lo sucedido, el fallecido doctor Ernesto "Tito" González, sostenía que existían pruebas suficientes para avanzar con el juicio oral.

Desde ese momento la lucha fue más dura porque debían evitar que el paso del tiempo y las chicanas judiciales dilaten el proceso que podría desembocar en el triste beneficio que tienen los sospechosos de cometer un acto criminal: la absolución por el paso del tiempo. Pareciera un beneficio al que aspiran aquellos que, sabiendo que han cometido un hecho ilícito, buscan el sobreseimiento a través del vencimiento de los plazos judiciales. Lamentablemente se trata de un recurso utilizado no solo por las defensas de los acusados sino por algunos magistrados que se han encargado de dar forma a una de las críticas mas extendida en el tiempo: la morosidad judicial. Seguramente existen razones prácticas y sensatas para explicar semejante resultado negativo del servicio de justicia. También es sabido que se utiliza como un "recurso" para absolver a sospechosos a los que las pruebas no favorecen su inocencia.

El paso del tiempo no sana el dolor provocado por una tragedia como la ocurrida en 2012. Por el contrario, agiganta la bronca contra un sistema que no funciona bajo los preceptos básicos de un servicio de justicia. Allí es donde las familias no deben bajar los brazos ni entregarse a los ofrecimientos de quienes consideran que la vida humana tiene precio de supermercado. Los familiares de los obreros lo han demostrado con su presencia activa en tribunales y calles de la ciudad. El dolor los fortaleció y son ejemplo para quienes se sienten derrotados por las injusticias. Incluso enfrentaron la perversa estrategia utilizada para convertir a las víctimas en victimarios a través del hostigamiento con procesos judiciales paralelos. Tampoco han sido pocas las oportunidades en las que buscaron torcerles el brazo de la humana intención de saber que sucedió en calle San Martín al 600.

Considero innecesario pero aclaro que los empresarios no deben espantarse por los controles. Menos aún sostener que las modificaciones legislativas y las acciones judiciales atacan la seguridad jurídica y desalientan las inversiones. Es necesario que se respeten las obligaciones patronales establecidas en los derechos laborales. No es otra cosa que el respeto a los derechos básicos del hombre que busca trabajar dignamente. Los inversores deben acatar las normas destinadas al trabajo lícito y seguro. No hace falta ser abogado para darse cuenta que la justicia y los organismos de control (oficiales y sindicales) se apartan de esos principios elementales.

Los ocho años que han transcurrido nos han dejado enseñanzas a todos. Familiares, que con mayor o menor presencia pública, no abandonaron el reclamo de justicia. Tampoco se dejaron llevar por el dinero al que algunos están acostumbrados a ofrecer como "calmante" del dolor. Todavía quedan aquellos que, acostumbrados a otros tiempos, no advierten el cambio que experimentó nuestra sociedad y se animan a ofrecer el vil metal como recompensa por el daño causado. Recordemos que durante una audiencia de conciliación recibieron un ofrecimiento monetario pero respondieron que la vida humana no tiene precio. Los culpables del delito penal deben ser condenados de acuerdo al Código Penal y de eso debe encargarse la justicia. Tampoco exime a los culpables de la responsabilidad civil que tendrían y para ello deberán abonar las indemnizaciones que establezcan los tribunales. 

Los acusados pudieron utilizar todas las herramientas del derecho vigente. Algunas convertidas en ardid o chicanas para tratar de evitar una condena. Sospechosos "beneficiados" (entre comillas o no) con libertades condicionales otorgadas durante un Jueves Santo. Privilegio al que todos los justiciables no acceden con facilidad. No en vano el dicho popular dice: "si caes un viernes en la comisaría, no salís hasta el lunes". Además,  sabemos que se trata de un servicio que aparece como gratuito pero en la práctica tiene costos difíciles de absolver para quienes carecen de recursos económicos. El que recorre los pasillos tribunalicios sabe que los mostradores se convierten en barreras a través de las, nada accesibles, tasas judiciales. Situaciones como estas nos hacen pensar que la estatua de la justicia adquiere vida y logra espiar a través de la venda que tapa sus ojos.

Los familiares de las victimas demostraron enorme paciencia para soportar situaciones que solo ayudan a horadar la confianza en la justicia. De todas formas no bajaron los brazos y después de ocho años quieren ver las caras de los responsables de la tragedia y, mas aún, sentirse cobijados por el brazo de la justicia. Esta es la oportunidad para recuperar la imagen desgastada por errores y desaciertos que golpea a uno de los pilares del sistema republicano. Es la ocasión para mostrar igualdad de comportamiento y desmentir  que haya una justicia para pobres y otra para ricos.

No fueron pocas las veces en que los tribunales se comportaron arbitrariamente. Por ello propongo que el juicio oral que se desarrollará durante los próximos tiempos sea una bisagra para recuperar la confianza de la opinión pública. Los actores judiciales tienen la oportunidad de evitar nuevas desilusiones que alimenten la imagen negativa que hoy recae sobre la justicia.

El buen resultado del juicio oral por la muerte de los obreros no enmendará los errores del pasado. Servirá de caso ejemplificador para el cambio que necesita la justicia. Señores jueces son el instrumento para hacer realidad la expresión que cierran los escritos judiciales: SERA JUSTICIA. 

P.D.: si no ocurren "sorpresas" esta columna mantendrá vigencia hasta la culminación del juicio oral.