Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.radiodos.com.ar/a/70210
Columna de opinión

Responde a la fiscal Meza: veremos quien miente

En la columna de opinión de Radio Dos, de fecha 24/11/20, la Fiscal de instrucción No. 4, Sonia Meza, hizo uso de su derecho a réplica respecto de mi artículo publicado el 20/11/20, en el que revelaba algunas irregularidades cometidas en el Expte. No. 192820/19 (Juzg.Inst. 1) 11878 (TOP 1), caratulado “AQUINO GUSTAVO ADOLFO, AQUINO JONATAN RAMON Y L. GUSTAVO ARIEL P/HOMIC. CALIFICADO”, tramitado por aquel entonces ante el Juzgado de Instrucción No. 1 de esta ciudad. En oportunidad de su réplica, la mencionada funcionaria manifestó: “el abogado Buompadre, abusando de la columna de este medio, ha vertido maliciosamente una versión infundada e inexacta con claro sesgo persecutorio hacia mi persona como ya lo viene haciendo desde los corrillos de los tribunales dejando al desnudo que se trata de un ataque personal…” (cita textual). 

Por las mentiras que allí expresó esta fiscal, me obliga a formular este responde. Pero, antes de ello, quiero dejar bien en claro que no tengo nada personal en su contra, nunca la he perseguido “en los corrillos de los tribunales” (ni fuera de ellos), no pierdo mi tiempo en ocuparme de esta funcionaria, ni siquiera la conozco ni tengo (ni he tenido nunca) trato con ella, que no sea por intervención en algunos casos penales. No me preocupa ni me interesa su persona. Sí me preocupa como ciudadano que haya fiscales como esta funcionaria en el Poder Judicial de Corrientes, circunstancia que me ha movido a publicar aquél artículo denunciando una gravísima irregularidad en una causa penal en la que se violaron claramente los derechos y garantías de un menor de edad que se encontraba  amparado por el régimen de la Ley 22.278 y que la mencionada Fiscal nunca respetó, conducta que sería más que suficiente para que sea enjuiciada por la causal de mal desempeño y sea sometida a juicio político. Que quede claro que -como en esa oportunidad lo manifesté- tampoco la Jueza de Instrucción No. 1, Norma Agraso, respetó los derechos del menor. 

No, estimado lector, Buompadre no mintió, dijo la verdad, contó una historia verdadera, como se podrá apreciar seguidamente. Además, sería una torpeza y una ingenuidad mentir en un caso cuyos datos están todos en un expediente.

   Repárese en lo que diré seguidamente, enumerando y especificando la información para que el lector tenga más claridad en lo que expondré, y así se podrá apreciar con mayor naturalidad y llaneza quien miente. 

En su propio responde (que lo hace como derecho de réplica), la fiscal Meza manifiesta lo siguiente: 

  1.  “…en el mes de febrero de 2019…toma la causa…y dice claramente: HACIÉNDOSEME SABER POR LA POLICÍA NI BIEN ME HICE CARGO DE LA CAUSA QUE SE TRATABA DE UN MENOR DE 16 AÑOS…”. Esta afirmación se contradice con las propias constancias del expediente, puesto que el 12/2/19 (fs. 166), la fiscal Meza pide que el menor sea citado como imputado y solicita su captura, reiterando el pedido el 1/3/19 (fs. 333). La juez ordena la captura del menor el 7/3/19 (fs. 348), y la fiscal Meza se notifica de dicha resolución el 7/3/19. El 19/3/19 (fs. 396), la fiscal Meza pide se declare la rebeldía del menor. Recuerde, amigo lector, que ella misma había dicho que en el mes de febrero la policía le había comentado que se trataba de un menor de edad y, pese a ello, solicitó todas las medidas señaladas, tratando de lograr la detención del menor. Dicho de otro modo: a estas fechas, la fiscal Meza tenía conocimiento de que el niño buscado por la justicia era un menor de edad.
  2.  Sigue diciendo la Fiscal Meza: “… en el mes de mayo de ese mismo año 2019 (es decir, aproximadamente 3 meses después de haber tomado conocimiento -según sus propios dichos- de que el imputado era menor de 16 años) se pone a derecho al menor…recibiéndosele declaración en una audiencia…” (en la que estuvo presente la fiscal). Advierto al lector que esta audiencia se realiza porque el menor se presentó espontáneamente ante la Jueza de Instrucción No.1, Dra. Agraso, el 13/5/19 (fs. 522), expresando su deseo de declarar y designa a su abogado defensor, dándose intervención a la Asesora de Menores No. 1, de lo que se notifica la fiscal Meza ese mismo día (fs. 522 vta.). En esa audiencia de declaración como imputado (fs. 525), EL MENOR EXPRESÓ LA FECHA DE SU NACIMIENTO, OCURRIDO EL 19/1/2003, estando presente la Fiscal Meza y la Asesora de Menores Fanny Romano y su abogado defensor Sosa y en dicha audiencia le comunican al menor la acusación de homicidio calificado ocurrido el 6/1/19. Como se podrá apreciar, a esta fecha de la declaración indagatoria, todos (Fiscal Meza, Juez de Instrucción, Asesora de Menores, abogado defensor) toman conocimiento (si ya no lo sabían con anterioridad) de que el imputado era una persona menor de 16 años, más aún que, en la foja siguiente (fs. 527) obra la partida de nacimiento del mismo.
  3. Sigue diciendo la fiscal Meza: “con posterioridad a la toma de declaración, el juzgado procede a agregar al acta de nacimiento del menor y ese mismo día la juez lo pone a disposición de la Juez de Menores. Que a partir de allí el juzgado de instrucción procesa al mismo (es decir, al menor) junto a los dos defendidos por Buompadre (esto no es verdad, porque yo defendí a un solo imputado Gustavo Adolfo A., no a dos como afirma la fiscal). Agrega la Fiscal -como si su argumento fuera determinante- que ese procesamiento fue apelado por las defensas (lo cual es cierto) y confirmado por la Cámara de Apelaciones (lo cual también es cierto), añadiendo que “…en los agravios nada se dijo sobre esa cuestión (la del menor)…”, es decir, que yo, como defensor de uno de los imputados, ni el otro colega  que defendía al coimputado, ambos apelantes del procesamiento, nada dijimos sobre la situación del menor, como si algo tuviéramos que decir de un imputado que no era nuestro defendido. Agrega la Fiscal que yo tampoco dije nada respecto del abogado que en ese entonces ejercía la defensa de ese menor. Como podrá observar el lector claramente, el menor tenía su abogado defensor, de manera que yo nada tenía que hacer respecto de su situación. No era esa mi función. Yo no defendía al menor en ese entonces ni es mi costumbre criticar la actuación de un abogado defensor. Pero ese no es el problema central en discusión. La fiscal lo que pretende, claramente, es desviar el problema y confundir al lector, tratando por todos los medios de evitar ser responsabilizada por su grave e irregular actuación en el expediente. En resumen, el día en que se realiza la declaración de imputado del menor, el 13/5/19 (fs. 528) -recordemos que en esta audiencia el menor manifiesta su fecha de nacimiento- se lo pone a disposición del Juzgado de Menores No. 1, ordenándose su alojamiento en el Centro de Contención Juvenil, ingresando a dicho Centro el 4/5/20 (fs. 536). El 12/6/19 (fs. 572), el abogado defensor del menor solicita su sobreseimiento, pero no por su minoridad sino por otro motivo. El 25/6/19 (fs. 573/583), la Jueza Agraso ordena el procesamiento del menor, por homicidio agravado (art. 80.6 CP) disponiendo que continúe alojado en el Centro de Contención Juvenil (art. 442 CPP), a disposición del Juzgado Menores No. 1., de lo que la fiscal Meza se notifica el 27/6/19 (fs. 584). A todo esto, el menor continuaba alojado (detenido) en el Centro de Contención, cumpliendo ya más de un mes de detención.
  4. Sigue diciendo la fiscal Meza en su responde: “…mi función en relación al citado menor fue solicitar su indagatoria en el mes de febreroSABIENDO QUE EL MISMO CONTABA CON 16 AÑOS y cuando aún no se agregó su acta de nacimiento…”; he aquí otra mentira de la fiscal, puesto que -como vimos- anteriormente manifestó que “…en el mes de febrero de 2019…toma la causahaciéndoseme saber por la policía NI BIEN ME HICE CARGO DE LA CAUSA QUE SE TRATABA DE UN MENOR DE 16 AÑOS…. Digámoslo de otro modo: la fiscal sabía, a febrero de 2019, que el menor tenía menos de 16 años, pero igualmente pidió su indagatoria, y encima lo dice con un cinismo increíble: “mi función fue solicitar su indagatoria sabiendo que el mismo CONTABA CON 16 AÑOS” (lo cual es una clarísima mentira, pues es ella misma quien afirma que “sabía -al solicitar su indagatoria- que el niño era menor de 16 años”).

    El 7/11/2019 (fs. 851), el Requerimiento de Elevación de la causa a Juicio es solicitado por la fiscal Mónica Inés Espíndola, como fiscal subrogante, y solicita que los imputados, entre ellos el menor, sean juzgados como coautores materiales del delito de homicidio agravado (80.6 CP). Si bien este requerimiento no fue formalizado por la fiscal Meza, ella no dejó de actuar con posterioridad en la causa, puesto que el 16/12/19 (fs. 935), presenta un escrito oponiéndose a un pedido que formulé en favor de mi defendido (Gustavo A.), de cuya resolución negativa se notifica ella misma (la fiscal Meza) el 20/12/19 (fs. 939 vta.).

    El 27/11/19 (fs. 1044 y vta.), se corre vista a la Fiscal Meza de la oposición al Requerimiento de Elevación de la causa a Juicio, formulado por la defensa de uno de los imputados, contestando el 4/12/19 (fs. 1045/1047 y vta.), solicitando el rechazo de la oposición de la defensa. El 20/12/19 (fs. 1054 vta.), la fiscal Meza se notifica de la elevación de la causa a juicio. El 18/12/19 (fs. 1103), la fiscal Meza seguía actuando ante el tribunal de alzada, respondiendo una vista de un planteo de la defensa de un imputado. En síntesis, la fiscal Meza actuó durante todo el trámite del expediente en la etapa de instrucción y NUNCA FORMULO NINGUN PLANTEO RESPECTO DE LA SITUACION DEL MENOR DE EDAD. AL CONTRARIO, SIEMPRE IMPULSÓ LA CAUSA PARA QUE SEA LLEVADA A JUICIO, LO QUE A LA LARGA SUCEDIÓ.

  5. Dice también la fiscal Meza que yo mentí al expresar que “pasaron casi dos años, el menor siguió procesado, fue acusado nuevamente por la Fiscal para que comparezca a juicio oral”, pero no mentí, pues efectivamente todo eso pasó, en todo ese tiempo, y el menor fue acusado para que comparezca a juicio oral (si bien esto lo hizo una fiscal subrogante, la fiscal Meza, como se vio, nunca dejó de actuar hasta que la causa fue elevada a juicio oral), hasta que el 18/5/20 (fs. 1123), el Tribunal Oral Penal No. 1 cita a juicio a los imputados, entre ellos al menor Gustavo Ariel L. Yo tomo la defensa del menor el 28/10/20 (fs. 1287 vta.) ni bien se inicia el juicio oral, solicito su sobreseimiento y el tribunal dispone su sobreseimiento por haber sido menor de 16 años al momento de la comisión del homicidio (fs. 1290/1291).

Hago de nuevo un resumen, para que al lector le quede bien claro quien mintió. Tal vez haya cuestiones que no se entiendan muy bien por el ciudadano común que desconoce los vericuetos de los casos penales, pero lo que quiero demostrar con todo este relato es que la fiscal Meza siempre estuvo actuando durante toda la etapa de investigación hasta que la causa fue remitida a juicio oral. Los datos aquí revelados están todos en el expediente judicial. La fiscal pretende excusarse, alegando hechos y situaciones falsas. Ella sabía, cuando tomó el caso, que el menor no tenia 16 años cumplidos (son sus propias afirmaciones), y si no lo sabía, lo supo poco tiempo después. Entonces, lo que debió hacer es pedir su sobreseimiento, no su indagatoria y luego aceptar pasivamente su procesamiento, sin que le pueda servir de excusa que el abogado defensor del menor no hizo nada al respecto. Ni tampoco yo como defensor de otro imputado tenia obligación de solicitar alguna medida para el citado menor, no era esa mi función, además aquel tenía su propio abogado. Pero la fiscal Meza hizo todo lo contrario, el 12/2/19 (fs. 166), pide que el menor sea citado como imputado y solicita su captura. Reitera este pedido el 1/3/19 (fs. 333). Luego, la juez ordena su captura el 7/3/19 (fs. 348) y la fiscal Meza se notifica de esto el 7/3/19. Y, como si fuera poco, el 19/3/19 (fs. 396), pide se declare la rebeldía del menor.

   Si fuera una funcionaria que respeta la ley, la fiscal Meza se hubiera ocupado de la situación del menor, por cuanto ésa también es parte de su función como “defensora de la legalidad”, según se establece el art. 120 de la Constitución Nacional, cuyo texto claramente dice que “el Ministerio Público …tiene como función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad…” , entonces, debió insistir en el sobreseimiento del menor, no en solicitar su indagatoria, ni su captura, ni su rebeldía, ni aceptar su procesamiento, ni fomentar la elevación de la causa a juicio, puesto que al mes de febrero de 2019 (o poco tiempo después) “sabía -según sus propios dichos- de que se trataba de un menor de 16 años”.

   Entonces, amigo lector, ¿quedó claro quien mintió? Vuelvo a insistir: no tengo nada personal con esta fiscal, ni me interesa su persona ni nada que tenga que ver con su vida personal. Como a ella, seguramente, tampoco le interesará la mía. Ni la persigo ni tengo “sed de venganza” (¿de qué?), nada, sólo me preocupa como funcionaria, pues considero que una fiscal que actúe como lo hizo en este caso que puse en conocimiento del lector, pone en serio peligro no sólo los valores seguridad y confianza en el sistema de justicia penal sino los derechos y garantías de los ciudadanos en un Estado Constitucional de Derecho. Adviértase que en poco tiempo más, entrará en vigencia en la capital el nuevo Código procesal penal, en el cual el rol del Ministerio Público es central, por lo que tengo mis dudas de que esta funcionaria cumpla con ese rol que exige el nuevo modelo de enjuiciamiento penal. Si ahora no respeta la ley, no quiero ni pensar cómo será después. Creo que su enjuiciamiento político es la mejor solución para el sistema de justicia penal en nuestra provincia.  

Notas Relacionadas