Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.radiodos.com.ar/a/72413
Columna de opinión

Papá Noel y la Argentina de la impunidad. El “caso Moyano”

Dr. Jorge Buompadre

Todos los medios de comunicación del país han publicado en estos últimos días, la información de que la jueza, Brenda Leticia Madrid  titular del Juzgado de Garantías No.1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús -Bs.As.- (una suerte de “Papá Noel” judicial, por el regalito de Navidad entregado a un imputado desde su trineo celestial) a cargo de una causa que involucra al dirigente sindical PABLO MOYANO, por un presunto fraude (y otras yerbas delictivas) al Club de fútbol Independiente, resolvió -el 21 de diciembre de 2020, hace pocos días, de aquí el mote de “Papá Noel”, por la cercanía del 24-  dictar su sobreseimiento respecto de la acusación que lo tiene como “jefe” de una asociación ilícita, por entender que no se ha podido demostrar -con las pruebas aportadas por la fiscalía, entre ellas el testimonio de un arrepentido- que Moyano era miembro o jefe de una organización criminal, pese a que todos los demás sujetos que lo secundan en la dirigencia del Club están procesados, circunstancia que plantea una situación que debe ser aclarada al lector (muchas veces no “sabedor” de las cuestiones jurídicas): no existe una asociación ilícita que no tenga un jefe o un organizador, que dirija e imponga las reglas de funcionamiento de la banda criminal; de lo contrario, estaríamos frente a un rejuntado ocasional de delincuentes que se congregaron para cometer un delito. Una asociación ilícita sin un jefe o un organizador no es una asociación ilícita en los términos del art. 210 del Código penal (de hecho, el Código prevé mayor pena para los jefes y organizadores que para los miembros que no tienen esa calidad). Puede ser cualquier cosa, pero no una asociación organizada para funcionar como tal, y, además, todos sus miembros “deben saber” que forman parte de ella, y el jefe debe saber que “es el jefe”, el que manda, el capo-mafia. Ahora bien, una cosa es que el supuesto acusado como “Jefe” (en este caso Pablo Moyano) “no sepa nada de lo que sucede a su alrededor”, o se “haga el sota o el distraído” por las fechorías que cometen sus “conocidos” o “compañeros dirigentes” (difícil de creer, por supuesto), y otra cosa muy distinta es que “no haya pruebas suficientes” para acusarlo, pues en este caso (que es la situación que seguramente se habrá de discutir en el tribunal de apelaciones, si la causa llega a sus manos, algo que la política o los amigos habrán de hacer de todo -hasta cambiar jueces honestos por jueces amigos y corruptos- para evitarlo) se deberá priorizar el principio “in dubio pro reo” (“en la duda, a favor del reo”, sea Moyano, Juan Pérez, el Papa Francisco o Doña Rosa). Pero, claro, si decimos -como dijo la Jueza Brenda Leticia Madrid- que el testimonio del arrepentido “fulano de tal” nada aporta como prueba, entonces estamos fritos, pues se vacía de contenido un testimonio que está legitimado y justificado por la Ley 27.304, conocida precisamente como Ley del Arrepentido. En todo caso, habría que declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Si un “arrepentido” nada aporta como prueba al proceso, entonces no es ni un arrepentido ni un testigo, ni nada, sigue siendo un imputado. Ahora bien, si se lo considera un arrepentido, entonces hay que creer y considerar sus dichos y en los datos que ha suministrado al proceso, pues, de otro modo, no sería un imputado arrepentido. Parece un juego de palabras, pero es así. Si un imputado brinda su testimonio como arrepentido es porque fue aceptado como tal, y si fue aceptado como tal es porque los datos que aporta “son prueba incriminatoria” contra el acusado que fuere, sea Moyano, Juan Pérez, el Papa Francisco o Doña Rosa. Entonces, amigo lector, si la jueza en el caso que estoy analizando muy a vuelo de pájaro, dijo que “el arrepentido” nada aportó como prueba, equivocó su análisis conclusivo sobre esta herramienta procesal, puesto -insisto en esto- si hubo un arrepentido es porque se consideró prueba suficiente lo que aportó al proceso, y como esa prueba debe ser incriminatoria, entonces, el sobreseimiento dictado a favor de Pablo Moyano es nulo por violación del debido proceso legal y la jueza debería ser apartada de la causa. 

MORALEJA: estas situaciones se presentan en el quehacer cotidiano de los tribunales de justicia porque, o los jueces amigos de la política no se apartan de entender en las causas que involucran, precisamente, a los políticos o a personajes vinculados a la política (cuando son sus amigos o militantes, por supuesto), o los fiscales o abogados defensores no los recusan, precisamente, por ser “parciales, amigos o militantes” de la política.  Lo ideal sería, de una vez por todas, para que la Argentina deje de ser el país de la impunidad, que la política -la mala política- deje de contaminar a la justicia y respete al Poder Judicial como un poder independiente. Sólo así no aparecerán, sorpresivamente, en los avatares de la justicia, los “Papás Noel” judiciales. Recordemos al gran jurista italiano Francisco Carrara, cuando decía “cuando la política entra por la puerta, la justicia escapa por la ventana”. Claro, amigo lector, se refería a la política “sporca”. 

Temas en esta nota

Opinión Dr. Jorge Buompadre