Son 1.532 mujeres con causas penales por aborto en Argentina

Las y los senadores de la Argentina tienen en sus manos una oportunidad: terminar con la clandestinidad y legalizar un derecho como política pública. Este 29 de diciembre, tratarán el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado por el gobierno, que además contempla otro conocido como el Plan de los Mil Días, para acompañar a los cuerpos gestantes en su embarazo deseado.

Hasta hoy, en el país, el aborto está reglamentado para preservar la salud de las personas con capacidad de gestar. Desde 1921, se establece el derecho al aborto legal en el país si es producto de una violación y en caso de riesgo de la persona gestante. Sin embargo, pocos son los casos en los que se decide respetar la autonomía de la persona que decide no continuar con su embarazo.

Mientras que muchos sostienen que "no hay presas por abortar", un informe actualizado y presentado hoy por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reporta que un total de 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.

Este informe, fue remitido al Senado, que está a horas de emitir su veredicto tras la media sanción de la Cámara de Diputados, para que sus integrantes "cuenten con información rigurosa" sobre la situación, destacaron voceras de la ONG a Télam.

"Le hicimos llegar el documento a las y los senadores, a quienes invitamos a cuidar la vida y la salud de las mujeres de sus provincias y que este informe sea tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión", sostuvieron en diálogo con el medio. El documento fue elaborado sobre la base de datos oficiales relevados desde 2012 hasta la actualidad.

De acuerdo al documento, las mujeres criminalizadas "son pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias". "Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos", señalaron desde el CELS.

 "La mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso. La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud", añadió la vocera del CELS y denunció que en los hospitales "la estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales".

Fuente: Filo News