Un motín en la cárcel más grande de Paraguay deja siete muertos, tres de ellos por decapitación
La toma del penal de Tacumbú, en Asunción, evidencia el control del crimen organizado sobre las prisiones
Una protesta de cientos de reclusos armados con cuchillos comenzó con el secuestro de 19 guardias y terminó con una masacre y la intermediación de la ministra de Justicia de Paraguay. Tacumbú, la mayor cárcel del país, vivió casi 24 horas de caos por un amotinamiento. Cientos de internos del penal que alberga a unas 4.100 personas –el doble de las que debería– tomaron por la tarde del martes uno de los pabellones del penal donde había ocho guardias. La entrada de las fuerzas antidisturbios retomó el control de la cárcel y confirmó los estragos del suceso: al menos siete muertos, tres de ellos por decapitación.
“No es un enfrentamiento entre clanes”, afirmó este miércoles la ministra, Cecilia Pérez, en una entrevista radial, después de que algunos medios locales atribuyeran el motín a un enfrentamiento entre internos de la mafia paraguaya Clan Rotela y miembros del grupo brasileño Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más grande de Sudamérica, que controla parte del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Según el Gobierno paraguayo, el motín comenzó por el traslado de un interno que forma parte del PCC y que distribuía droga dentro del penal.
Mientras el levantamiento se producía en el interior de Tacumbú, en la puerta principal las familias de cientos de internos se agolpaban pidiendo información, mientras filas de antidisturbios se formaban para entrar con cascos, escudos, porras y armas de fuego.
La tensión se elevaba dentro y fuera de la cárcel cercana al centro de la capital paraguaya. Salía humo y los captores amenazaban por televisión con asesinar a los guardias. Según los rehenes, eran unas 1.000 personas amotinadas manteniendo a 19 guardias secuestrados. La mitad de los que trabajaban en ese turno.
Afuera, los antidisturbios cargaban contra las familias desesperadas, en su mayoría mujeres, hasta que a las puertas de hierro rojo de la cárcel llegó la ministra de Justicia. Desde ahí lideró la negociación que terminó con la liberación de los rehenes y la entrada de la policía.
“Estaban todos armados con cuchillos y nos llevaron a una celda (…), nos encerraron con más de 50 personas custodiando. Nosotros no vimos cuando ocurrieron los asesinatos”, contó a la prensa local uno de los rehenes tras su liberación. El funcionario dijo que los captores no les hicieron daño, pero los amenazaron de muerte durante el secuestro.
El Ministerio Público revisó el penal y confirmó la muerte, hasta ahora, de siete personas recluidas, aunque no precisaron ni dónde ni cómo murieron, excepto por tres de ellas que fueron decapitadas, un método que suelen usar las mafias para enviar mensajes a sus adversarios como ha ocurrido en el pasado.