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Columna de opinión

MOTOCHORROS: ¿linchamiento o banquillo?

La columna de hoy propone una elección de vida. Instituciones que nos defiendan de la inseguridad o “justicia por manos propias”. Cito varios ejemplos recientes: el hombre que baleó al ladrón en el barrio San Antonio. Vecinos que atraparon a motochorros en el acceso al Esperanza. La madre del San Gerónimo defendida por hijos de seis y ocho años. En septiembre de 2020 un delincuente abatido cerca de Santa Anta y un hombre linchado por vecinos tras intentar abusar de una menor de edad en las 1.000 Viviendas.

Los hechos parecieran llevarnos a una peligrosa encrucijada con resultado más peligroso que la inseguridad que padecemos. Nos encontramos ante una porción importante de la población que comienza, por lo menos, a pensar entre elegir la justicia por mano propia o la que pagamos con nuestros impuestos. Tampoco hacen falta demasiados ejemplos  para sostener que, no pocos, han puesto en práctica la primera opción. No dejo de resaltar que la segunda alternativa es la que corresponde a una república organizada y la que elegimos  para vivir en democracia. 

Los ejemplos de linchamiento tienen víctimas en ambos lados de la “trinchera”. Hay delincuentes muertos y personas honestas sorprendidas por el hampa. En una sociedad, los individuos no deberíamos encontrarnos frente a la incertidumbre que plantea el título de esta columna. Si ello ocurre algo está fallando y hay que revisar urgente. No se puede seguir demorando porque las consecuencias aumentarán el volumen de la tragedia.

Desde hace algunas décadas debatimos en la Argentina si es más conveniente la aplicación de una “justicia garantista” o una “justicia de mano dura”. Ninguna dio resultados óptimos y solo sirvió para politizar un servicio esencial que sirve para mantener el orden social. No hay dudas que se necesitan jueces con mirada humana en sus fallos judiciales para alcanzar el sano objetivo de la resocialización de los condenados. 

En la Argentina (de las grietas) se han abierto tantas bibliotecas como partidos políticos. Esto llevó a que los magistrados abusen de su libre interpretación sin advertir el peligro que representa un exconvicto “premiado” con salidas transitorias o conmutación de penas. Tampoco quedan dudas que no solo el juez resuelve si un condenado está en condiciones de acceder a un  beneficio. Existe un sistema integrado por varios eslabones que deben colaborar eficazmente. También es cierto que la responsabilidad de cambiar el destino de las familias vulnerables no corresponde a la justicia.  Son los otros poderes del estado los que deben aplicar las medidas para dar oportunidades a quienes las necesiten. 

Merecen un capítulo aparte las oportunidades desperdiciadas por integrantes de la comunidad que eligen el camino más fácil y alejado de un trabajo digno. Con todas las letras: se llama delincuencia. En alguna oportunidad me referí a la naturalización familiar de actividades ilícitas como salida laboral. Tampoco debemos caer en las falsas estigmatizaciones y dejarnos llevar por quienes no tienen la voluntad de una vida dedicada al esfuerzo y sacrificio para conseguir su bienestar. El delincuente que desaprovechó oportunidades no merece un trato cuasi privilegiado como interpreta buena parte de la sociedad.

Tampoco estoy a favor de los castigos ejemplificadores o la tortura del reo. La gran mayoría de los argentinos y correntinos reclamamos el cumplimiento efectivo de la condena y que la reincidencia sea un agravante. Las detenciones deben servir para modificar la conducta de las personas. No tienen que parecer “un premio” entrando y saliendo por “la puerta giratoria” de una comisaría. Esta situación provoca malestar y alienta la sed de venganza en la población.

En corrientes hubo varios casos de justicia por mano propia. A los hechos ocurridos hace pocos días agrego los sucedidos en septiembre pasado. En el primero, un delincuente con frondoso prontuario fue asesinado al ingresar a un domicilio ubicado sobre ruta 43 en cercanías de Santa Anta. El segundo, tuvo como protagonista a un hombre que habría abusado de una menor de edad y fue linchado por vecinos de las 1.000 Viviendas. 

Ante un hecho de linchamiento sabemos que ambas partes (víctima y victimario) están al margen de la ley. Por eso podemos confundir con “justicia por mano propia” otros episodios ocurridos a principios de año.

Alguna vez advertimos el abuso del uniforme policial en hechos ocurridos durante un enfrentamiento vecinal o por cuestiones de tránsito. Entonces, cabe preguntarnos ¿por qué dos efectivos retirados (uno de la policía provincial y otro de prefectura) dispararon durante una discusión en la vía pública? Entendiendo que se trata de un pensamiento polémico que no busca atenuar la pena de los acusados, también habría que verificar ¿qué los llevó a reaccionar de esa forma?

Los ejemplos anteriores sirven para analizar si hubo gestos de la otra parte que provocaron una reacción desmedida teniendo en cuenta que un motociclista falleció y un joven permanece internado hace dos meses. Nada justifica a los autores de los disparos pero sirve para advertirnos que esa confusión podría generarse con un delincuente sometido a linchamiento. Aunque nos asista la razón, no tenemos autoridad para someter a juicio callejero a ninguna persona

La legislación vigente autoriza la legítima defensa solo en determinadas ocasiones. No sirve para eximir de condena al autor de una conducta penalmente sancionable sino para atenuarla. Si interpretáramos las leyes de acuerdo al criterio y al interés personal pondríamos en peligro la existencia de la raza humana

Propongo que nuestros representantes analicen en profundidad los hechos para determinar sus consecuencias y legislar las condenas más adecuadas a los hechos protagonizados. Solo de esa forma  lograremos modificar conductas y recuperar la armonía social. No caben dudas que esta última es la que hoy se encuentra amenazada y nos empuja a buscarla por el camino más rápido: “justicia por mano propia”.  

Los ciudadanos de bien no queremos pensar que para el Poder Judicial y el resto de los poderes del estado es más fácil dejar sin condena a un delincuente y que los ciudadanos  arriesguen sus vidas para defenderse. Si ello ocurre,  la señal que se transmite es confusa y peligrosa. 

Hace mucho tiempo advertimos que sería perjudicial poner en práctica la “ley de la selva”. Si miramos los hechos ocurridos no estamos lejos de aquel escenario y, peor aún, estamos en el camino equivocado para evitar que la inseguridad siga causando víctimas.  

La pandemia dejará consecuencias  difíciles de remediar sin un marco normativo adecuado. Da la impresión que hasta aquí el Congreso de la Nación y las legislatura provinciales solo se ocuparon de dividir la biblioteca jurídica tantas veces pudieron hacerlo

La situación anterior fue aprovechada por muchos jueces para encontrar el camino que los acerque al gobierno de turno sin importar las consecuencias de sus fallos. Estas señales no generan confianza en la sociedad y por ello se recurre a la frase: “tenemos que hacer algo”. 

Otra señal negativa son los policías involucrados en hechos delictivos. Paradójicamente los que deben cuidarnos son los que “contribuyen” a la inseguridad. Aquí también hay que señalar los casos que exhiben la impunidad que “gozan” los delincuentes. Un ejemplo se da cuando los malvivientes disparan a efectivos policiales. Así lo demuestra el hecho ocurrido en el barrio apipe el 27 de marzo último.  

Cuesta imaginar que estemos mejor cuando un legislador de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Jarsún, considera “una buena noticia” el uso de la “justicia por mano propia”. Todos comprendemos que nuestros representantes salen de la sociedad pero si no se ubican un escalón por encima, y no para buscar privilegios personales, sino para aportar inteligencia a la solución del problema tendremos dificultades para modificar el destino que nos agobia.

Párrafos anteriores demuestran que los grandes ausentes en esta problemática son los legisladores. Tanto nacionales como provinciales. Cada uno con la responsabilidad y las atribuciones que le otorga la normativa vigente. 

Por ello sostengo que hay representantes del pueblo que solo piensan en su futuro personal y se colocan del lado más fácil para conseguir votos que le asegure su continuidad laboral. Una encuesta realizada entre jóvenes sostiene que “alguien tiene que hacer algo”. Por el camino del sistema representativo pareciera que algunos integrantes no están preparados.  

El relato de las victimas advierte la falta de respuestas ante los hechos de inseguridad. Solo hace falta interiorizarnos sobre el testimonio de la madre del barrio San Gerónimo a la que ayudaron a defenderse sus hijos de ocho y seis años. Cuando se recurre a diversos lugares e incluso se deja de lado la puerta legal para reclamar es porque algo funciona mal. Si un vecino pide auxilio a otro que es funcionario público o solicita ayuda a un custodio domiciliario, hay una falla evidente.

Alguna vez nos pusimos a pensar que sucedería en nuestro país si tomamos el ejemplo de Estados Unidos. En aquella nación es habitual la portación o tenencia de un arma en la mayoría de los hogares, ¿en Argentina estamos preparados para tener un arma? ¿O terminaremos con más tragedias similares a los tiroteos en establecimientos escolares o centros comerciales que se llevan numerosas vidas inocentes en el país del norte?

 ¿Qué sucedería con el arma de una casa familiar encontrada por un integrante con dificultades para resolverlas? Aunque a veces romantizamos con las bondades del primer mundo es evidente que tienen dificultades y los que no encuentran alternativas para superarlas por la vía del raciocinio utilizan la violencia. ¿Imaginamos la magnitud que podría alcanzar un efecto dominó en nuestro país?

 “La justicia por mano propia” se llevó a cabo durante siglos en el mundo pero fue en Estados Unidos donde ganó un gran impulso hacia 1800 con los "comités de vigilancia". Supuestamente luchaban contra la delincuencia juvenil, pero en realidad perseguían a las minorías. Estos comités atribuían cualquier tipo de delito a su minoría de elección y alentaban linchamientos públicos y otras formas de castigo para asustarlas. ¿Qué ocurriría en la Argentina donde el crisol de razas es solo una utopía? 

También hay que advertir que en la actualidad la delincuencia no registra diferencias de género. Algunos sorprendidos, otros no tanto, observarán que en los hechos intervienen hombres y mujeres. A veces con diferencia de roles pero todos participando de una banda delictiva. Solo cabe mencionar el hecho que tuvo como protagonista al ex combatiente en el conurbano bonaerense. Los atacantes fueron una mujer de 28 años y un hombre de 21. 

Evitar el “abuso” de la legitima defensa como argumento de “justicia por mano propia” no es una decisión  de las personas que se defienden de los delincuentes. Es consecuencia del accionar preciso y exitoso de los tribunales y las políticas de seguridad. Todos estamos llamados a un debate que no admite demoras. Más aún nuestros representantes

 

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Opinión Carlos Bramante
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