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Carlos Bramante

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Columna de opinión

Violencia intrafamiliar: la tragedia que golpea a la sociedad

La columna de hoy, carente de enfoque profesional, busca visibilizar un drama para el desarrollo individual y social. Una problemática anterior a la pandemia con casos extremos que encienden enormes luces de alerta. Entre ellos, el ocurrido en Santo Tomé con un padre que habría violado y embarazado a su hija de once años. Sería la culminación de una penosa sucesión de hechos violentos. Los organismos y profesionales encargados siguen lejos de los hogares que necesitan ayuda.

Tengo la impresión que necesitamos partir de casos extremos como el ocurrido la semana pasada en el interior provincial. Solo así podremos darnos cuenta que otras manifestaciones violentas, incluso confundidas con un juego, son “germinadoras” de tragedias que se denuncian cuando las secuelas pueden ser permanentes.

Si consideramos que se trata de casos aislados y no advertimos que son la conclusión de un proceso violento seguiremos escondiendo bajo la alfombra una realidad que altera y restringe el desarrollo social. Lo dicen los profesionales, lo exhibe la realidad y, más contundente aún, lo dicta el sentido común. 

Antes detengámonos en una definición sencilla de la problemática que me animo a plantear como integrante de la sociedad y reconociendo que necesita un profundo abordaje profesional. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. 

Antes detengámonos en una definición sencilla de la problemática que me animo a plantear como integrante de la sociedad y reconociendo que necesita un profundo abordaje profesional. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo

Ahora bien, volvamos sobre esta realidad que muchas veces termina “silenciada” por otras cuestiones coyunturales. De esa forma, solo evitamos centrar la atención en muchos más hogares de los que imaginamos y de los que informan las estadísticas que esporádicamente se publican en la provincia y el país.

 Una de ellas fue elaborada por los juzgados de Paz de Corrientes al principio de la pandemia. En esa oportunidad se informaba sobre una dificultad que considero el punto de partida de los obstáculos para denunciar casos de violencia familiar. El trabajo publicado en junio del año pasado informaba que más del 80 por ciento de los hechos fueron denunciados en un radio menor a los dos kilómetros de distancia entre el juzgado y el domicilio de la víctima. No se requiere un trabajo de investigación profundo para determinar cómo se multiplican las dificultades en aquellos lugares más alejados de las sedes judiciales o policiales.

Generalmente cuando se analiza la violencia sobre las personas en los medios de comunicación, o se reclama en movilizaciones sociales, los menores no son considerados. Si un miembro del hogar, un familiar externo o un vecino no realizan la denuncia estamos en presencia de una víctima sin posibilidades de defenderse. En la mayoría de los casos, depende del coraje de un tercero y del hallazgo de las herramientas para hacerlo.

Los motivos que evitan denunciar los hechos son abundantes. Desde los temores a ser otra víctima hasta las consecuencias económicas para uno o más integrantes de la familia. En realidad, hace mucho tiempo los profesionales describen las razones pero la teoría no encuentra su práctica adecuada para producir el cambio necesario. Para ello, solo hace falta recordar otro dato de aquella estadística publicada por la  Inspectoría de Justicia de Paz, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes: en el inicio de la cuarentena hubo una denuncia de violencia familiar cada 30 horas

Todos sabemos que la continuidad de las medidas de confinamiento y el deterioro económico que causa la pandemia habrían agravado la problemática. De todas formas, es necesario señalar que la realidad sanitaria que vivimos no es la desencadenante. La violencia intrafamiliar ocurre hace mucho tiempo y distintas razones la ocultan, disimulan o, peor aún, la naturalizan

Entre esos motivos se encuentra la ausencia de actores encargados de indagar sobre él o los autores de un hecho de violencia que provoca consecuencias físicas,  más aún cuando la víctima es un menor de edad. Aquí estamos en presencia de casos que no solo necesitan atención médica sino también de profesionales y autoridades competentes que reciban la denuncia de lo sucedido. Y muchas veces, antes de la formalización legal, hace falta promover la confianza de la víctima para cortar el “manto de silencio” tejido perversamente por el victimario

No quedan dudas que la magnitud y gravedad de la violencia intrafamiliar es aún mayor a la denunciada. Los mecanismos oficiales para su detección siguen siendo insuficientes. Se necesitan profesionales en terreno y no en oficinas alejadas de los hechos.

La familia sometida a violencia permanente es un semillero de más violencia. Los menores naturalizan ese modo de vivir y los especialistas sostienen que se trata de una acción que imitarán en el futuro. La única diferencia es que los actores serán victimas del pasado convertidos en victimarios del presente. 

Es necesario recordar que permanece en nuestra formación, incluso aceptada y difundida actualmente en las redes sociales, la idea de que la educación de los más pequeños necesita de alguna forma de violencia para permitir que el “árbol” (niño/a) crezca derecho. 

Entiendo que puede ser polémica mi opinión pero observo con preocupación que la violencia intrafamiliar no es una cuestión de machismo o feminismo, patriarcado o matriarcado. La “varita de pichana” está en manos de todos los géneros: padre, madre e incluso hermanos/as mayores. 

Aún más polémico es señalar que los planes sociales deben ser invertidos en sus legítimos destinatarios. De esa forma se podrá prevenir el stress económico que sufren muchas víctimas y provoca reclamos que culminan en hechos de violencia. 

Quizás alguna razón les asista a los que se sientan aludidos con la afirmación del párrafo anterior por entender que se trata de una invasión a su libertad económica. De todas formas, no es menos importante recordar que ese dinero es de todos los argentinos y tiene que ser volcado a un destino concreto. 

No son pocos los ejemplos de beneficiarios que evaden el destino específico de su plan social. Es cierto que en muchas familias, o madres al frente del hogar, es el único sostén económico. Pero también se observa que no se destina exclusivamente a las niñas/ños sino que se utiliza en compras superfluas para otros integrantes de la familia postergando, o peor aún, frustrando el futuro venturoso de los chicos. 

No hay dudas que las estadísticas desmienten a quienes, con alguna intencionalidad, sostienen que las mujeres se embarazan para cobrar un plan social. De todas formas, es conveniente avanzar en la orientación y seguimiento del destino específico de los planes sociales. Y mucho más importantes aún es la generación de empleo y la recuperación de la cultura del trabajo en los responsables del hogar. 

Considero que el mundo consumista en el que vivimos y el sentido de pertenencia que nos otorgan determinados artículo o prendas de vestir nos modifican el norte de la inversión familiar. Nos desvía hacia “necesidades” que pueden aguardar un mejor momento económico de la familia para adquirirlo. Para que no ocurra, se necesitan profesionales que orienten a las familias sobre la planificación adecuada del uso de los ingresos. 

Con la observación anterior espero no ser víctima de la sensiblería que inunda nuestros pensamientos y rápidamente nos llevan a sostener que está en peligro la libertad. Debemos advertir que el uso inadecuado de los recursos económicos también nos condena al fracaso social y genera violencia. Así es como nos quedamos mirando sociedades exitosas,  a las que conocemos a través de la globalización informativa, pero hacemos poco para imitar sus prácticas. Nos quedamos en la queja permanente y nada productiva. 

Los casos extremos como el ocurrido en Santo Tomé representan el desenlace trágico de una historia de violencia que comenzó mucho antes y es producto de los temores que reprimen la denuncia a tiempo. Es bueno recordar que desde la Red de Infancia Robada el doctor Hermindo González sostiene hace varios años que la violencia intrafamiliar representan el 80 por ciento del total de casos ocurridos.

Hace falta llegar a los lugares más alejados, menos urbanizados y más vulnerables. Lamentablemente el hecho de la semana pasada nos demuestra que las “familias” formadas en torno a un padre que abusa de su hija y la deja embarazada no son comentarios o chismes pueblerinos. Es una realidad que en pleno siglo XXI golpea a nuestra sociedad y en la que debemos involucrarnos todos para que no siga sucediendo. 

En los últimos años se cambió la denominación de violación por abuso con el argumento de evitar la revictimización de la persona sometida. Considero apropiada la interpretación pero creo que no contribuye a generar conciencia social sobre la gravedad del hecho. Esa modificación supone en la opinión pública que estamos en presencia de un atenuante

La justicia debe buscar estrategias para proteger la intimidad de la víctima. También tiene que asegurar la difusión de los motivos de la pena para que su autor sienta el peso de la condena social y se convierta en condena ejemplificadora. Comparto que el sistema jurídico necesita distintas definiciones para que los magistrados tengan las herramientas necesarias a la hora de juzgar al acusado. Lo que no debemos tener miedo es a señalar socialmente, al condenado por un abuso, como violador. 

El autor de tan abominable hecho debe entender la gravedad del acto protagonizado más allá de su arrepentimiento. Sabemos que la ciencia aún no se expidió contundentemente sobre la reinserción social exitosa de los violadores. Todavía duda entre su recuperación definitiva y una patología incurable que lo lleve a ser reincidente.

 

P.D.: La violencia es obstáculo para el sano crecimiento de la familia y desarrollo armónico de la sociedad.

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Opinión Carlos Bramante
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