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Carlos Bramante

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Columna de opinión

Reincidencia: la "llave" de la “puerta giratoria”

Hoy me refiero a la inseguridad (real o sensación). Hay delincuentes que simulan un frondoso prontuario. En la realidad no ocurre al no haber condena firme. Hacen falta reformas para que la reincidencia se aplique con celeridad. Los ejemplos son numerosos. Basados en estadísticas policiales o en la reiteración del alias de los detenidos. “Cascotito” y “Pablito” no forman una dupla cómica. Son actores de una problemática que atemoriza a la sociedad. Destaco la propuesta del ministro de Seguridad de la provincia al sostener que  “requiere la atención de todos los poderes".

El título quedaría rápidamente sin efecto ante el simple análisis de un estudiante de abogacía. La definición más sintética sobre reincidencia sirve para sacar de eje a esta reflexión sobre la inseguridad que padecemos hace tiempo. Pero esta columna no se refiere a interpretaciones jurídicas ni a respuestas judiciales. Es el resultado del análisis que realiza la sociedad en general al quedar boquiabierta al enterarse que existen delincuentes que entran y salen permanentemente de los lugares de detención.

No quedan dudas que el significado de reincidencia es diferente para el sistema jurídico y para la mayoría de los habitantes de la provincia y el país. Estos últimos, consideran que la reincidencia debería ser un agravante cada vez que un delincuentes vuelve a cometer un delito igual o similar al primero protagonizado. Incluso podemos encontrar similitud con la definición jurídica porque en Corrientes hay ejemplos de malvivientes que protagonizan hechos parecidos en un corto plazo de tiempo. En las últimas semanas nos sorprendimos, o no tanto, con aquellos que volvieron, o intentaron volver a delinquir, en cuestión de días

Para las normas y la justicia la reincidencia necesita una condena previa y no debe mediar un tiempo prolongado entre ella y el nuevo hecho protagonizado. En cambio, quienes sufren la inseguridad reclaman una implementación rápida.

La población en general entiende que la reincidencia se produce inmediatamente después de cometerse un segundo delito. Y desde ese momento debería considerare un agravante para quien lo comete. A diferencia de la normativa actual que exige una condena firme. Para que ello ocurra puede transcurrir un largo periodo de tiempo y, mientras tanto, el delincuente sigue en acción. 

Es cierto que el párrafo anterior es temerario frente al sistema jurídico. Podría ser peligroso para el derecho de inocencia que goza cualquier persona hasta que se demuestre lo contrario. Pero allí nace la inquietud, preocupación, e incluso, el accionar ciudadano. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir hasta la primera condena? El plazo actual parece excesivo y, más aún, conociendo las dificultades del poder judicial para cumplirlo. 

Indudablemente son muchas las respuestas al interrogante anterior. Desde la recurrente morosidad judicial a la necesidad de reformas legislativas. Pasando por los presupuestos escasos y la nula independencia económica del Poder judicial. Por ello es interesante la definición del Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, al señalar “que algunos delincuentes entren y salgan en libertad requiere la atención de todos los poderes".

La frase del funcionario es el grito silencioso que se escucha hace décadas. Hasta ahora no dio resultado y pareciera que los malvivientes se multiplican aumentando el peligro para el resto de la sociedad. Cada día que pasa es más difícil comprender porque no se logra el objetivo propuesto.

No quedan dudas que el análisis del doctor López Desimoni es altamente acertado y coincidente con una abrumadora mayoría de la población afligida por la inseguridad. El paso del tiempo solo contribuye a aumentar las dudas sobre la falta de medidas para reprimir el accionar de los  “Cascotitos” que provocan zancadillas a los habitantes de cualquier comunidad

Quizás los motivos surgen cuando nos encontramos con la responsabilidad y atribuciones que le compete a cada gobierno: nacional y provincial. En principio, estamos en presencia de un trío de poderes republicanos, multiplicado por dos, que deberían asegurar resultados positivos en cualquier sistema virtuoso. Más aún si sumamos la cantidad de individualidades que forman el conjunto de funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales destinados a resolver los problemas de la gente. 

El resultado de la operación matemática nos daría una interesante suma de actores que podrían incorporar conocimientos y multiplicar respuestas para resolver la inseguridad. Lamentablemente ello no ocurre y pareciera que la abundancia de protagonistas provoca la atomización de respuestas que deja como resultado el peligroso presente

La multiplicidad de opiniones de funcionarios y legisladores, o peor aún, la ausencia de ideas, para solucionar la inseguridad es la que terminan padeciendo los habitantes del país. Parecieran atrapados en “lagunas” ideológicas y teóricas que solo  “ahogan” el consenso necesario.

 Por lo anterior, algunos sostienen que la inacción gubernamental (entiéndase los tres poderes nacionales y provinciales) termina siendo cómplice, por acción u omisión, de los delincuentes. Cuesta creer que debates relacionados a los problemas de la gente se vuelvan tan enigmático como el orden del huevo y la gallina.

La falta de discusión formal sobre la reincidencia, o más importante aún; la inseguridad, provoca numerosos consecuencias. Intento ayudar desde este espacio enumerando algunas de ellas. A las ya conocidas, incluyendo la pérdida de vidas inocentes, encontramos otras. 

La “impunidad” que sienten los delincuentes beneficiados con entradas y salidas sin consecuencias a los centros de detención. “Impunidad” que lleva incluso a los familiares a intentar protegerlos cuando la policía quiere detenerlos. También, observamos en nuestra comunidad, que los efectivos son atacados para impedir la detención del acusado. Esta situación provoca el desgano de las fuerzas de seguridad. Sienten minimizada su labor profesional llegando al extremo de padecer la burla por parte de los delincuentes.  

Otra de las consecuencias es que las comisarías y cárceles se convierten en “centros de capacitación terciaria y/o universitaria” para sus ocupantes. Cada detención, por mínima cantidad de tiempo que sea, sirve al malviviente para perfeccionar sus técnicas delictivas. Incluso se observa la formación de bandas que actúan desde adentro y afuera de las cárceles. Así, no se cumple con la resocialización del condenado o, por lo menos, el arrepentimiento de quien es sometido a una detención. Muy por el contrario, pareciera exacerbar las ansias delictivas. 

Y no dejemos de señalar la solución más arriesgada y peligrosa que plantean, no pocos, miembros de la sociedad como solución a tanta inseguridad: la “justicia por mano propias” o linchamiento. 

Definitivamente es tiempo de trabajar en las reformas necesarias. Normativas, tribunalicias, carcelarias, organismos de control y todo los que sea necesarios para minimizar los efectos de la inseguridad. No es tiempo para desparramar responsabilidades y, menos aún, para sacar los pies del plato

Todos pueden aportar a la solución proponiendo: proyectos de reforma legislativas, comprometiéndose a debatir en los poderes legislativos y/o ampliando los presupuesto destinados a la justicia. Esta última necesita celeridad para resolver los casos mediante la incorporación de jueces y tribunales. Sin dejar de reclamar el compromiso de los magistrados para aportar al bien común.

La mejora del sistema judicial servirá de respaldo al accionar policial. Los efectivos padecen el menosprecio de un delincuente (sin condena) que encuentra la “llave” de la popular “puerta giratoria”. Lo hace desde el momento en que comienza a entrar y salir de comisarias mediante órdenes judiciales amparadas en leyes vigentes. También sabemos que si un magistrado no dispone una liberación podría ser enjuiciado por mal desempeño de sus funciones. 

De la situación anterior se desprende otra referencia popular sobre el ejercicio profesional de un abogado. Se dice de aquellos que defienden y logran excarcelaciones para sus defendidos que son: abogados “saca-presos”. Y en realidad se trata de una interpretación errónea causada por el cansancio social que produce la inseguridad. El profesional del Derecho ejerce lícitamente su tarea y se limita a utilizar las herramientas del sistema legal vigente.

Funcionarios, legisladores, políticos en general (con lenguaje inclusivo o sin él) es tiempo de responder la demanda de los habitantes que elegimos vivir en libertad. No queremos vivir en “prisiones domiciliarias” a la que nos somete el miedo a la inseguridad. Menos aún queremos ser víctimas de malvivientes que se llevan nuestras pertenencias logradas con años de sacrificio. Sin dejar de pensar en las personas que perdieron la vida en manos de criminales. 

Es hora de hacer desaparecer la “llave” de la “puerta giratoria” y poner en funcionamiento un sistema sencillo que respete los derechos de todos pero, más importante aún, sirva de protección para quienes respetan el camino de la legalidad. 

P.D.: SEÑORES REPRESENTANTES QUEREMOS MENOS DISCURSOS Y MAS SOLUCIONES PARA VIVIR EN PAZ

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Opinión Carlos Bramante
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