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Carlos Bramante

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Columna de opinión

Obras sociales y prepagas: ¿solución o problema?

La columna de hoy recorre los laberintos que atraviesan los afiliados. Dificultades para autorizar un estudio de rutina hasta demoras que comprometen vidas. Incluyendo la exclusión sin aviso de profesionales. LA DOS reflejó en los últimos días la lucha de Dylan y el pedido desesperado de la madre de Nerea. El primero aguarda instrumental quirúrgico. La segunda una adhesión a la ley nacional de fibrosis quística. Si no se activan los controles gubernamentales, el resultado puede ser igual o peor al de la pandemia.

Después de un año pandémico las obras sociales y las prepagas fueron beneficiadas con la ausencia de pacientes en los centros sanitarios. Pese a ello, es permanente la queja de los beneficiarios en todo el país. Corrientes no es la excepción. Además, se trata de una problemática que, antes del Covid-19, tenía la misma ausencia de controles que existe en la actualidad por parte de los diferentes Estados (nacional y provinciales) y sus organismos encargados de hacerlo

A los inconvenientes habituales se sumaron engorrosas modalidades de reintegro que demandan un plazo prolongado de espera y gestiones que incluyen la presentación de un sinfín de documentaciones para llegar al objetivo final: la devolución del dinero. También hay que recordar que la solicitud de un recibo oficial se convierte en el primer nivel de dificultad para un paciente. Son pocos los centros de estudios y profesionales particulares que tienen incorporado el hábito de entregar sin que sea solicitado.

El párrafo anterior completa un combo que buscaría el cansancio de los beneficiarios. Incluso se “olvidan” el descuento mensual de un porcentaje de sus salarios para evita el “dolor de cabeza” que provocan los recorridos por oficinas o en el “mejor de los casos” las insensibles computadoras de los centros de atención telefónica.

Peor aún es la situación de quienes confían el cuidado de su salud a una empresa denominada: prepaga. Lo hacen a cambio de una elevada cuota mensual que al momento de requerir la atención médica no siempre obtienen de la mejor manera. Las sorpresas están a la orden del día. Desde el pago de co-seguros a profesionales que dejan de ser prestadores para una cartilla que fue ofrecida al momento de la suscripción pero modificada sin aviso al beneficiarios. 

Los afiliados denuncian permanentemente las restricciones para conseguir una autorización y las demoras para recibir los elementos necesarios para cualquier tratamiento. Los motivos o  peor aún, las excusas son tantas como obra sociales y prepagas están habilitadas en la Argentina. 

Quienes las administran, incluso los encargados de los organismos de control, no comprenden la importancia de la salud y, menos aún, la urgencia de la enfermedad. Tampoco olvido que muchos somos reticentes a los controles periódicos y llegamos al consultorio sobre la hora. Quizás sea el mea culpa que debemos hacernos cuando priorizamos otros aspectos de la vida sin darnos cuenta que ella depende de la salud. 

Dejando de lado la autocrítica, la incorporación de conocimientos en las últimas décadas permitió cambiar la conducta de las personas. Hoy en día son muchos más los decididos a controlarse periódicamente pero terminan desganados por los obstáculos señalados. Además, soy consciente que no se trata de los únicos y que solo sirven de ejemplos para abreviar las líneas o páginas de este escrito. 

Obviando el comportamiento humano, no quedan dudas que hacen falta servicios de salud e intermediarios (obras sociales y prepagas) dispuestos a responder con agilidad la demanda de los afiliados. Si ello no ocurre, los organismos de control deben perfeccionarse y agudizar sus estrategias para responder con rapidez y claridad ante el reclamo de los afiliados.

En argentina nos acostumbramos a “desperdiciar” la ayuda de los organismos de control. La mayoría considera que son igual o más burocráticos que las oficinas de las que se aguardan soluciones. El descreimiento en las defensorías provoca la escases de quejas por parte de los usuarios o afiliados a determinados servicios. En realidad, sucede lo mismo que con la inseguridad: no se realizan las denuncian. No es el mejor camino pero pareciera más sencillo encontrar un “atajo” aunque el éxito del trámite no este asegurado.

Las empresas de salud, las obras sociales  y las oficinas de control deben ser conscientes que tienen en sus manos la responsabilidad de cuidad la vida humana. Es necesario que lo hagan bajo una de las premisas básicas de la medicina: mejor prevenir que curar. Es cierto que no es su responsabilidad primaria porque primero depende de la persona y su entorno. Sí deben saber que cuando el paciente reclama atención es necesario evitar el paso del tiempo que solo contribuye al deterioro de la salud y se vuelve más onerosa su recuperación. 

¿Porque no se aplica esa sencilla ecuación de la medicina? Acaso no arrojaría mejores resultados sanitarios y también económicos. Existirá algún capítulo que no conocemos y por ello sacamos erróneas conclusiones al suponer que las obras sociales y prepagas prefieren el macabro resultado de restringir prestaciones antes que abonar costosos tratamientos. De no ser así, estamos en presencia de una racionalidad economicista que atenta contra la muy declamada, y poco practicada, empatía que deberían tener estos organismos acostumbrados a planillas de cálculo antes que a una nómina de personas. 

Las estadísticas profesionales y de organizaciones que nuclean a centros de salud subrayan que las obras sociales y prepagas, durante los meses de confinamiento y mayor temor en la población al coronavirus, siguieron cobrando la totalidad de sus cuotas mientras proveían solo un 25% de las prestaciones habituales. Y también hay que recordar que en el marco de la emergencia recibieron subsidios del estado que fueron abonados en diferentes modalidades.

Además, no olvidemos que parte de la burocracia actual es el resultado de los abusos que realizamos en el pasado. En algún momento se usaron las obras sociales para familiares o amigos sin cobertura. Esta situación provocó su desfinanciamiento ya que la cantidad de afiliados que pagaban no era suficiente para cubrir los gastos “extras”. Por eso, comenzaron a maximizar los controles con auditorias y otras modalidades de control que dieron lugar a tediosos laberintos. Esta realidad del pasado no puede ser la excusa del presente. Los actuales sistemas informáticos permiten ofrecer control y rapidez en la atención de los afiliados. 

Algunos relevamientos y estadísticas realizadas por médicos y colegios o asociaciones de profesionales indican la preocupación  del sector por la desatención de las enfermedades que más muertes provocan en la Argentina. Corrientes no es una isla y menos una república aparte para desaprovechar esa información que puede ser vital a la hora de salvar vidas. 

Una de las quejas recurrente es el cambio en las cartillas de profesionales. Una realidad presente desde hace mucho tiempo. Los afiliados recurren a los medios de comunicación o a las redes sociales. En tanto, los médicos reprimen la denuncia por temor a represalias como la exclusión de otras empresas y/o organizaciones de salud que se aprovechan de la extensa fila de mano de obra desocupada. Esta realidad es la que muchas veces provoca la precarización en la atención de pacientes. 

A los cambios frecuentes en las cartillas hay que sumar la escasez de profesionales habilitados para determinadas patologías. Buena parte de las obras sociales y prepagas cuentan con pocos especialistas y esta situación lleva a una demora prolongada en la obtención de turnos. En el mejor escenario, la espera es de algunas semanas pero también son frecuentes los casos de personas que aguardan más de un mes para ser atendidos.  

Alguna vez hablamos en esta columna del juramento hipocrático de los médicos. De todas formas, parece necesario recordarles a los funcionarios, empresarios o gerentes de la salud, poco acostumbrados al changuito del supermercado, que los profesionales necesitan la actualización de los valores que cobran por las prestaciones realizadas. Y a ello, se agrega la decisión unilateral de postergar los pagos por varios meses. 

“las prepagas siguen cobrando las mismas cuotas y su erogación es solo un 25% de lo que era en la normalidad. Dilatar 120 días los pagos es poner en la bicicleta financiera todo: la ayuda del estado, la plata de los médicos y el pago de los afiliados”,  dijo a un medio porteño Alejandra Hernández.

La licenciada en Administración de Empresas también sostiene que esas empresas son “vendedoras de planes, mientras que los que invierten en las estructuras, los que brindan salud y los que corren los riesgos son los médicos y todo el sector privado o semi-privado de la salud”.

Desde el inicio de la cuarentena comenzó a gestarse un problema sanitario del cual aún no sabemos el resultado pero puede ser igual o peor al de pandemia: la desatención de las enfermedades que más muertes causan.

El doctor Roberto Chuit sostiene que es consecuencia de varios factores. Entre otros, “el miedo de los pacientes a concurrir a los centros de salud, pero también las dificultades para hacer el trámite que le permita asistir al médico” dice el referente de la Academia Nacional de Medicina.

”Hubo una confusión social”, aclaró el profesional, quien vaticinó que “el sistema sanitario va a estar sumamente exigido debido a la desatención de enfermedades cruciales como las coronarias, las oncológicas o la diabetes”.

Las sociedades científicas de la Argentina advirtieron el año pasado  sobre los riesgos en la interrupción de consultas, la realización de estudios de diagnóstico y seguimiento clínico de las enfermedades, de las intervenciones terapéuticas y la disminución de las tasas de vacunación, además de la suspensión de tratamientos por la irrupción del coronavirus.

Luego de acostumbrarnos a vivir en la nueva normalidad, comenzamos a perder el miedo y decidimos concurrir al médico pero tropezamos con una pared llamada: obra social o prepaga. En los párrafos siguientes encontramos algunas estadísticas relevantes de sociedades profesionales que nos ayudarán a despejar el panorama y no bajar los brazos para que se respeten nuestros derechos.

A fines del 2020 se observó “una reducción superior al 60% en la consulta espontánea de enfermedades agudas y crónicas. En tanto, existe una fuerte caída en prácticas médicas. Por ejemplo, las endoscopias digestivas se redujeron en un 80% y las cirugías generales en un 73%”, advirtió el doctor Edgardo Smecuol, presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE).  

También se produjo una disminución en la atención cardiológica mayor al 50%, incluidas las internaciones por emergencias y los procedimientos cardiovasculares. “esta situación podría causar en el país entre 6.000 y 9.000 muertes adicionales y prevenibles por afecciones cardiovasculares”, alertó el doctor José L. Navarro Estrada, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). 

En las áreas de Endocrinología y Diabetes “estamos observando una tasa de abandono del tratamiento cercana al 35%. Además, existe un riesgo aumentado en las enfermedades metabólicas y cardiovasculares relacionado con el cambio en los hábitos alimentarios, el aumento de peso y la reducción de la actividad física, que se estima en un 25 a 35%”, enfatizó la doctora Graciela Fuente, presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes.

Oncología es uno de los sectores que presenta mayor preocupación porque “la mortalidad por cáncer va a aumentar como consecuencia de la demora en acceder al diagnóstico y al tratamiento. Además, las sesiones programadas de quimioterapia y radioterapia se redujeron a un tercio. La pandemia tiene un efecto disruptivo sobre la detección temprana del cáncer, de hecho se observa una caída del 70 al 80 % en mamografías y colonoscopias, entre otros procedimientos”, indicó el doctor José María Lastiri, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Bajo el criterio economicista con el cual parecieran administrarse las obras sociales y prepagas cabe preguntarnos, ¿cuál fue el destino que tuvieron los fondos “ahorrados” durante los meses de confinamiento? Es cierto que existen otros factores determinantes en un país que depende de las importaciones y padece la inflación. Se trata de una realidad crónica anterior a la pandemia y conocida por todos los argentinos. 

La salud, la educación e incluso la seguridad privada es la inversión que realizan muchas familias para construir un futuro mejor. Es necesario que se activen los controles del estado para evitar que ese sacrificio termine en manos de la corrupción que no es exclusiva del sector público sino también del privado y sindical. Recordemos que la mayoría de las obras sociales de los trabajadores privados (monotributistas o en relación de dependencia) son administradas por sindicatos con escaso control sobre la calidad de sus coberturas.

Es cierto que primero depende de las personas dispuestas a realizar la consulta médica pero contribuye a esa predisposición la eficacia, sencillez y rapidez de las obras sociales y prepagas. ¿Se podrá evitar una tragedia aún peor que la del coronavirus o la post pandemia nos espera con una sorpresa más desagradable: muertes causadas por enfermedades no controladas a tiempo?

Ojala tengamos vida para conocer las estadísticas definitivas y los resultados sean contrarios a las hipótesis actuales. El resultado de este ruego dependerá de gobiernos comprometido con la salud y la transparencia de su gestión. También invito a los legisladores (nacionales y provinciales) a trabajar sobre ellas para promover las reformas que necesita un sistema, a todas luces, deficiente. Todos deben contribuir para que las obras sociales y prepagas sean la solución y no el problema de sus beneficiarios

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Opinión Carlos Bramante
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