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Faltan organismos para combatir el ciberdelito
Aumentan las denuncias por estafas virtuales. Hay víctimas de todas las edades. No importa el conocimiento sobre internet y telefonía. Se necesitan instituciones para combatir y condenar a los autores.
El exponencial aumento de casos demuestra que no alcanza con estar alerta. Hacen falta acciones concretas del Estado para reprimir a bandas organizadas y delincuentes individuales que actúan desde una computadora o un teléfono.
El cibercrimen nos convirtió en potenciales víctimas a todos. En la actualidad son muy pocos los que no utilizan medios electrónicos. Desde el sencillo cajero automático pasando por las tarjetas, las billeteras electrónicas y/o el comercios virtual.
El aumento de casos fue confirmado por la directora general de Usuarios y Consumidores de la Municipalidad de Corrientes. “Las denuncias hacen referencia a diferentes tipos de estafas”, dijo, a Diario Época, la doctora María Estela Ayala.
En una columna anterior plantee el deterioro de la confianza en un sistema moderno y útil. Hoy es necesario ocuparse de las víctimas.
La proliferación de casos demuestra que se convirtió en una categoría similar a la inseguridad tradicional. Y, aunque hay diferencias, todos podemos ser perjudicados.
En la soledad de nuestros aparatos quedamos expuestos a delincuentes invisibles. Con un solo click pueden arrebatarnos años de trabajo y ahorro.
Estamos indefensos porque las “rejas” informáticas son débiles. No existen organismos especializados para combatir a los cibercriminales. Los métodos de defensa van “por escalera” y los delincuentes virtuales “por ascensor”.
La responsabilidad de construir defensas es de todos. De las empresas y comercios. De los bancos y sus cajeros automáticos. De las plataformas de comercio electrónico. De usuarios y consumidores. Pero también de los gobiernos.
La diversidad de victimas demuestra que las medidas preventivas son frágiles. La astucia de los cibercriminales permite saber que, no solo nuestros abuelos, están en peligro. Hay fraudes a profesionales y jóvenes acostumbrados al uso de internet.
La violencia de los delincuentes virtuales no pone en riesgo la vida. Pero pareciera que, a diferencia de sus homónimos callejeros, estamos más desprotegidos.
Las medidas de seguridad, unas pocas, gratuitas y, otras tantas, onerosas son insuficientes. Por ello, el estado debe avanzar rápidamente en mecanismos de protección.
Las luces de alerta están encendidas y las reacciones fueron mínimas. La persecución, el hallazgo y la condena de los delincuentes virtuales se reducen a pocos y vanos ejemplos.
Se necesitan organismos con expertos y los últimos avances tecnológicos. En Corrientes hay diferentes iniciativas que necesitan avanzar en los poderes del Estado Provincial.
En septiembre de 2020 el Diputado provincial Manuel Aguirre presentó un proyecto para la creación de una Fiscalía de Investigación de Delitos Complejos e Informáticos. Por ahora, permanece en comisiones de la Cámara Baja correntina.
“Como mínimo, deben desempeñarse dos fiscales de investigación y un equipo de tres técnicos en sistema informático. El Ministerio Público deberá acondicionar el área con equipamiento de última tecnología”, sostiene el legislador radical.
Para poner en práctica la norma se necesitan recursos económicos. Hacen falta fondos del Superior Tribunal y, si es necesario, el auxilio del Ejecutivo. De lo contrario, quedará reducida a papeles del archivo público.
Desde 2015 funciona en la justicia federal la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Esa experiencia ayudaría a poner en marcha a su homónima provincial y, con un trabajo conjunto, ofrecer mejores resultados a las víctimas.
La Policía de la provincia cuenta con la División Delitos Complejos y también requiere actualización permanente. Solo así podrá optimizar sus efectos y cooperar activamente con la justicia.
La mayoría pensamos que la persecución al cibercrimen es sencilla. De todas formas, los profesionales advierten que se trata de un sistema vulnerable y con dificultades para ser controlado.
El rápido accionar policial y judicial evitará el desgano de las víctimas para denunciar los casos. No hay que dar ventajas a los cibervillanos como sucedió con las otras modalidades delictivas.