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Carlos Bramante

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Columna de opinión

El narcotráfico no es un trabajo

La columna de hoy se refiere a una mujer absuelta por transportar marihuana. Realizaba esa tarea para abonar una cirugía de alta complejidad. Propongo evitar señales que desordenen  la legalidad laboral. Y reprimir la inacción estatal cuando desampara a los más vulnerables.

Una mujer oriunda de Salta fue detenida en Neuquén al intentar cruzar a Chile con tres kilos de droga. Fue imputada por tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes. Recuperó la libertad tras un juicio abreviado del que participó el fiscal general federal Miguel Ángel Palazzani y la defensa de la mujer

El funcionario retiró la acusación por considerar que se trataba de una persona “socialmente desfavorecida y en situación ‘desesperante’ por la imposibilidad económica de hacer frente a una cirugía de alto riesgo para su hijo”. Además, sostuvo que se trató de un acto de discriminación por tratarse de una mujer.

El análisis que planteo está relacionado a la legalidad del trabajo como recurso económico y no a una cuestión de género. Comprendo los atenuantes y las excepciones de un caso extremo pero no debería dejar en desuso la vieja regla: “el fin no justifica los medios”.

La solución no puede ser una actividad criminal que causa numerosas víctimas. Desde personas “presas” por las adicciones a integrantes de las fuerzas de seguridad que arriesgan sus vidas para protegernos. Sin olvidar los muertos del narcotráfico y las adicciones.

Es una realidad que nos cuesta debatir pero sus consecuencias son cada vez más dañinas. En silencio, baja la edad y aumenta la cantidad de adictos y familias destrozadas por el consumo de estupefacientes.

Antes de “despenalizar” el narcotráfico por necesidad económica debería chequearse que la persona acusada buscó ayuda en organismos oficiales. Todos nos animaríamos a transitar el camino más pedregoso para salvar una vida. No deberíamos hacerlo solo para encontrar un atajo a la burocracia estatal. 

Al ocurrir lo señalado anteriormente, estamos en presencia de un severo llamado de atención para todos los funcionarios que no escuchan a la población. Más aún para aquellos insensibles ante la enfermedad y el reclamo social.

A todos nos constan las dificultades para tramitar la atención adecuada de una obra social o un programa estatal destinado a familias de escasos recursos. Sin olvidar la mezquina predisposición de las oficinas públicas para explicar la metodología de un trámite. 

Es necesario que los narcotraficantes dejen de usar a los sectores más desprotegidos para “inundar” pueblos y ciudades con su mortal veneno. Solo así se podrá prevenir el consumo de estupefacientes.

El Congreso de la Nación debe dictar leyes claras para evitar la alteración de su espíritu. De lo contrario, surgen peligrosos antecedentes luego convertidos en jurisprudencia. La excepcionalidad del caso analizado no puede habilitar actividades laborales nocivas para el conjunto de la sociedad. 

Corrientes tiene antecedentes de personas, de cualquier género, dedicadas al narcomenudeo. Recordemos los numerosos “kioskos” de la droga desarticulados por la Policía de la Provincia. Incluso se detectó la presencia de menores que podrían asimilar como un trabajo legal y transformarlo en futura salida laboral.

El rol de la mujer dentro de una banda de narcotraficantes no debería ser un atenuante. Para ningún género tendría que ser motivo de discusión. No es discriminación ser “mula” en lugar de “gerente” de una banda criminal. Ambos roles son ilegales y deben ser combatidos y condenados

La justicia tiene que accionar contra los organismos estatales y/o funcionarios que desoyen el reclamo de una persona. Debe imponer multas y/o penas severas a los culpables de la desatención que pone en peligro la vida de los integrantes de una comunidad.

El financiamiento de una enfermedad no puede quedar en manos del delito. Menos aún de organizaciones criminales que causan la pérdida de vidas humanas arrojándolas al “mar” de las adicciones.

Son numerosos los ejemplos de países de la región donde el narcotráfico se disfraza de “Papá Noel” para tomar el control de barrios y ciudades. Todos conocemos el resultado: familias sometidas y fuerzas de seguridad anuladas para reprimir su accionar ilícito. 

Estamos a tiempo de prevenir consecuencias irreversibles para toda la comunidad. Es necesario articular medidas de control y organismos competentes. La sociedad no debe recurrir a métodos ilícitos para financiar sus necesidades básicas.

Para cualquier gobierno (nacional, provincial o municipal) la salud pública debe ser una prioridad. El reconocimiento del exministro de esa área nacional, Adolfo Rubinstein, tiene que servir para prevenir los riesgos de transitar en sentido contrario. 

Por incapacidad financiera, el Estado no puede ser “socio” de organizaciones criminales. Estas últimas no deben aprovechar su debilidad para obtener “mano de obra” económica en poblaciones vulnerables.

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Opinión Carlos Bramante
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