Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.radiodos.com.ar/a/91763
Carlos Bramante

autor

Columna de opinión

Una condena para cambiar conductas peligrosas

Se trata de las tareas comunitarias en lugar de la prisión en suspenso. El antecedente es un fallo de la jueza Gabriela Aromí. Desalentaría comportamientos que afectan a la sociedad. Su aplicación debe priorizarse ante las sanciones económicas.

En la columna de hoy me refiero a un fallo del Juzgado Correccional N° 1 de la ciudad de Corrientes. Una persona fue condenada a 6 meses de prisión en suspenso por incumplir las medidas sanitarias contra el Covid-19.

La magistrada estableció que la condicionalidad de la pena estaba sujeta al cumplimiento de servicios comunitarios gratuitos en una Fundación durante el mismo periodo y 12 horas mensuales.

El condenado infringió la normativa vigente durante una madrugada de abril del 2020 cuando transitaba por un lugar distante a su domicilio y sin documentación.

Celebro la medida y propongo que se aplique con mayor frecuencia frente a hechos que merecen una amonestación judicial. El presente ejemplo no debe ser anecdótico sino modelo de conducta empática en el resto de la sociedad.

En la actualidad, las condenas en suspenso y/o monetarias no previenen la proliferación de transgresores que terminan quebrantando el tejido social.

Esta condena no puede estar relacionada a circunstancias coyunturales como la pandemia. Debe trasladarse a otras realidades que comprometen la vida de las personas. Desde infracciones de tránsito a casos de violencia familiar o de género.

La pena necesitan ser visibilizadas; tanto, la medida judicial y, si es posible, su autor. Entiendo que se trata de una propuesta polémica que mínimamente requiere la conformidad del condenado. Su difusión pública podría otorgarle un beneficio surgido de la creatividad de los legisladores. 

De esa forma, el resto de la sociedad comprenderá que hay una justicia en acción y que la alteración de las leyes tiene consecuencias. Un ejemplo que aún recordamos es el de Carmen Barbieri. La actriz fue condenada a tareas comunitarias para evitar un juicio laboral.

Las tareas comunitarias no deben ser una mera alternativa al pago de multas o aportes económicos. De esa forma, perdería su doble función aleccionadora, para el culpable y el resto de la sociedad.

El cumplimiento de esta pena supone una “incomodidad” para la rutina de la persona. Mientras tanto, el pago de una suma de dinero puede ser sencillo e incluso “invitar” a una nueva infracción.

En los últimos tiempos observamos que las multas se convirtieron en un “impuesto” a los transgresores. El régimen de infracciones está perdiendo su esencia transformadora de conductas erráticas para reducirse a una “entidad” recaudadora del Estado.

Quizás sea exagerado, pero no irreal, pensar que hay personas “alentadas”  y decididas a violentar las normas porque tienen dinero para abonar una multa. Quienes lo hacen, no se dan cuenta que se trata de un razonamiento temerario que pone en riesgo su vida y la de sus semejantes.

Solo imaginemos las consecuencias de violar la luz roja de un semáforo o exceder la velocidad permitida para un vehículo. El autor de cualquiera de estos delitos quizás realizó una simple ecuación económica. Priorizó el resultado de llegar a horario para cerrar un negocio cuya ganancia le alcanza para abonar la infracción cometida.

Lo mismo sucede en el comercio donde las reiteradas sanciones económicas se convirtieron en un costo más del producto. Mínimamente, las multas estarían incorporadas a las pérdidas o, peor aún, al precio de venta.

Los empresarios parecen no percatarse que se trata de una conducta riesgosa. Un producto vencido es un peligro para la salud y un aparato que no funciona daña la economía familiar.

Las tareas comunitarias también pueden ser utilizadas en casos de violencia familiar o de género. Solo tengamos presente que la restricción de acercamiento a las víctimas se volvió insuficiente. Es necesario aplicar al violento medidas recordatorias que le hagan desistir de nuevos ataques.

Por ello, aliento la continuidad y aumento de condenas con tareas comunitarias antes que las sanciones pecuniarias. Tampoco las excluyo como agravante de la pena de acuerdo a la infracción cometida. Sí afirmo que no debe ser una opción sino una decisión del magistrado para lograr el arrepentimiento del condenado.

La justicia necesita mejorar su función aleccionadora para transmitir a la comunidad que, el incumplimiento de la ley, no está bien. Desoír una decisión judicial, o contradecir las normas vigentes tiene consecuencias incómodas para su autor.

Los fallos que impongan tareas comunitarias no solo serán un castigo sino la oportunidad para reflexionar una inconducta. Además, tendrán un fin social multiplicador en aquellos lugares que escasean “las manos” destinadas a asistir a los más necesitados.

Temas en esta nota

Opinión Carlos Bramante
Notas Relacionadas