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Desprocesamiento

La AFIP benefició a Lázaro Báez y no lo acusará en un caso de evasión con facturas truchas

El organismo no apelará el procesamiento del presunto testaferro de los Kirchner; tomó ayer una decisión similar con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

En un giro de 180 grados con respecto a su posición de hace unos meses, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió no apelar el desprocesamiento en Bahía Blanca del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, quien logró así quitarse de encima la acusación que afrontaba en esa ciudad como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal destinada a evadir cientos de millones de pesos.

La AFIP concluyó ahora que Báez utilizó facturas truchas generadas por usinas localizadas en Bahía Blanca –lo que también dio por probado la Cámara Federal con asiento en esa ciudad-, pero que no lideró, ni coordinó la operatoria ilícita que le permitió evadir fortunas con Austral Construcciones.

La nueva postura de la AFIP en Bahía Blanca que benefició a Báez y a su hijo Martín se sumó así al retiro de la acusación que el organismo levantó ayer contra los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, y el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, en los tribunales de Comodoro Py.

La AFIP fundó su decisión de no apelar el desprocesamiento de Báez como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal tras considerar que el presunto testaferro de los Kirchner ya afronta otras investigaciones en el fuero Penal Económico, con sede en Buenos Aires, por la utilización de esas facturas truchas del sur bonaerense.

“Si sostuviéramos ambas acusaciones, estaríamos ante una doble persecución penal”, argumentaron desde la AFIP ante la consulta de LA NACION, argumento que compartió la Fiscalía Federal General de Bahía Blanca.

La posición de la AFIP, como también de la Fiscalía sorprendió, sin embargo, en los tribunales bahienses. Entre otros motivos, porque sus abogados, al igual que los de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia Fiscalía habían solicitado a la Cámara que confirmara todos los procesamientos. Es decir, una postura opuesta a la actual en unos pocos meses.

De este modo, Lázaro y Martín Báez quedaron en los tribunales bahienses sólo como usuarios de facturas apócrifas, en tanto que los empresarios Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti, más José, Denis y Franco Ferreyra, además del contador Rogelio Chanquía quedaron dentro de la supuesta asociación ilícita fiscal.

Según plantearon los camaristas federales Pablo Candisano Mera y Leandro Picado, “en la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación”.

En la misma senda, la Cámara Federal también modificó la resolución del juez federal de primera instancia, Walter López da Silva, y benefició al dueño de la financiera Crediba, Néstor Manuel Piñeiro, quien estaba procesado como una figura clave en la presunta operatoria ilícita que se desarrolló durante años en Bahía Blanca.

A diferencia de la postura que adoptó con los Báez, en tanto, la AFIP sí apeló la decisión de la Cámara Federal sobre otros acusados, resolución que también fue recurrida por las defensas, por lo que la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, deberá revisar todas las situaciones procesales, con la excepción de los Báez.

Fuente: La Nación

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