Reclamo salarial de judiciales destapó inesperada disputa dialéctica entre poderes
La falta de financiamiento del 10% de aumento abrió la discusión sobre la eventual dependencia funcional de uno de los pilares del sistema republicano.
Ayer se cumplió una nueva jornada de protesta de trabajadores judiciales con marcha frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en reclamo de algo más que los diez puntos porcentuales de aumento de sueldo: el respeto por la autarquía financiera y la ratificación, por parte de los integrantes del Superior Tribunal, de su independencia respecto del Poder Ejecutivo.
El dato llamativo es que empleados a través del Sindicato de Trabajadores Judiciales, y magistrados a través del colegio que los representa hacen el mismo reclamo y ponen a los miembros del STJ, un cuestionamiento con pocos precedentes.
Los magistrados hicieron conocer su reclamo en dos comunicados, el segundo incluso publicaron a modo de solicitada en los medios gráficos de la capital y allí rechazan declaraciones del Gobernador que objetaba sus pedidos.
Un grupo de empleados de todas las categorías del escalafón se volcaron a las calles donde funcionan las principales oficinas de tribunales con el reclamo unificado de implementación del aumento en los términos de la acordada firmada por los cinco integrantes del STJ el 9 de setiembre.
Con esa decisión formal, el STJ comprometía abonar ese incremento con los haberes del presente mes, pero se encontró con la traba de que no se cuentan con los fondos necesarios para efectivizarlo y hay dificultades para que el Poder Ejecutivo gire los refuerzos de partida para cubrir esas erogaciones. No es la primera vez que Poder Judicial afronta problemas para llegar a fin de año con el presupuesto que se le aprueba en el Poder Legislativo, y ese es el principal reclamo de los trabajadores y magistrados.
A través de sus redes sociales, el SITRAJ dio a conocer un documento titulado "De Poder del Estado a Ministerio", en el que exponen que el año pasado el Superior Tribunal de Justicia diseñó un presupuesto de $9.000 millones y el Ejecutivo giró a la Legislatura un cálculo de $7.300 millones.
Cabe aclarar que por imperio de la Ley de Autarquía, la Justicia debería tener el 6,77% del total del gasto público correntino y que la poda aprobada es de 1.300 millones de pesos, lo que genera la necesidad de pedir al Poder Ejecutivo los refuerzos de partida para llegar a fin de año.
Fuente: Diario època