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Carlos Bramante

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Hay víctimas y familiares que merecen saber que ocurrió 

Las audiencias realizadas no definen los motivos que causaron la muerte de ocho obreros. Solo resolverá el ofrecimiento económico de los acusados. Una etapa que divide a los familiares. No importan las razones. La conclusión del juicio es un derecho de quienes rechazan la propuesta. 

Maria Rosa Urbina, madre de una de las víctimas. Crédito: Mariano Vallejos / Radio Dos

El juicio oral propiamente dicho no ha comenzado. Solo se trata de una etapa previa contemplada en la legislación vigente. Fue solicitada por los supuestos responsables de la tragedia del barrio Cambá Cuá. Los procesados insisten con un ofrecimiento económico resarcitorio del posible daño provocado en 2012. 

En el párrafo anterior radica la diferencia entre las partes. El paso del tiempo pudo haber convencido a algunos familiares que una reparación económica cerraría una etapa dolorosa en sus vidas. Su comportamiento nadie puede discutir. Les asiste el derecho de elegir la manera adecuada para hacer justicia. 

No se trata de analizar conductas de ninguna de las partes. Todo lo contrario, contemplar y entender, a cada una de ellas, para encontrar la respuesta adecuada a su solicitud. Siempre recordando a los afectados directa e indirectamente con la tragedia.

Por eso, algunas familias solicitan la realización del Debate Oral inmediatamente después de las audiencias que concluirían el 29 de octubre. El mismo derecho que tienen los posibles responsables del derrumbe y los que estarían dispuestos a recibir una compensación económica.

Los que reclaman la culminación del juicio quieren saber con certeza que ocurrió aquel mediodía del 22 de marzo en San Martín 652 de la ciudad de Corrientes. Sin olvidar, que también la administración de justicia es garante de una etapa posterior donde podrán reclamar el resarcimiento monetario correspondiente. 

El pedido es razonable y las mezquindades de ninguna de las partes pueden afectar el requerimiento. Conocer los motivos de la tragedia es un derecho garantizado y natural. Es un expediente que contempla víctimas fatales recordadas en sus miles de fojas. 

Para esas familias, es la manera de cerrar el enorme círculo que se “construyó” en torno a una causa que lleva casi 10 años en los estrados de Corrientes. No es demasiado reclamar que se evite un “círculo vicioso” que solo aumentaría las sospechas existentes para convertirlas en eternas y/o impunes. 

Si bien la propuesta de los constructores está habilitada por la ley, llama la atención que no quieran conocer las razones de la tragedia. De llegar a darse, también será una oportunidad para demostrar su inocencia. 

A todas las partes beneficia la culminación del juicio. Aportará claridad sobre las causas reales que provocaron el derrumbe. Solo cabe recordar que ya sirvió, al municipio de Capital, para reformar el Código de Edificación. 

Solo analizando ese avance legal, podríamos deducir que se obtendrían conclusiones más relevantes. Servirían para despejar las dudas que sobrevuelan la seguridad e higiene en la construcción de viviendas. 

No descarto ingenuidad en el párrafo anterior y admito que sería el error de un lego. De todas formas, no dejo pasar por alto que el resultado del juicio servirá de ayuda para autoridades, legisladores y empresarios. Incluso a profesionales e investigadores que podrán volcarlo como ejemplo a las materias universitarias.  

También ayudará a la tranquilidad de los trabajadores que temen por su vida cada vez que advierten supuestas irregularidades en sus fuentes de trabajo. Y además, servirá de concienciación sobre el correcto uso de las medidas de seguridad. 

Servirá de tranquilidad para las familias que realizan una inversión con el objetivo del sueño de la vivienda propia. Y también para aquellos que alquilan las numerosas propiedades horizontales construidas en los últimos tiempos en la provincia de Corrientes.

Quizás sea el aliento que necesitan los referentes sindicales de la UOCRA-Corrientes. Precisan un ámbito trasparente para desenvolver su tarea gremial. Son los primeros representantes de los trabajadores y las dudas, sobre la efectividad de su accionar, surgen cada vez que hay nuevas víctimas. 

Es un juicio emblemático que merece una conclusión para determinar las causas y responsables. Solo así aportará claridad al futuro de la construcción en Corrientes. Y se transmitirá  tranquilad y confianza en un importante sector movilizador de la economía provincial.

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